El abogado ruso, afincado en Altea, Alexey Shirokov ha sido procesado junto a los empresarios también rusos Maxim Khamikov, Nikolay Mityurev, Denys Katana y Mikhail Zhizhin, por “blanquear dinero procedente del crimen organizado ex soviético“. La titular de instrucción del juzgado número 1 de Benidorm les acusa de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho. Y denomina al primer encausado como “lobista del PP de Altea”, ya que actuaba en connivencia con dirigentes de este partido en la provincia.
Según el auto de enjuiciamiento los investigados “llegaron a infiltrarse en las instituciones tejiendo relaciones de amistad con miembros de la vida política y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para a cambio de regalos o contraprestaciones económicas, obtener ventajas para sus clientes a quienes les cobraban una comisión”.
El juzgado refiere que “empresarios rusos vinculados con el crimen organizado exsoviético” transferían fondos “de procedencia injustificada” desde sociedades ubicadas fuera de España. Estos eran invertidos en los sectores inmobiliario y del ocio en la provincia y en las Islas Baleares.
Entre la red de contactos tejidos el auto señala a “personas de la administración, de la Guardia Civil y Policía Local de Altea, para conseguir favores en beneficio de otras personas de su confianza o relacionados y cargos políticos a cambio de recibir beneficios en sus relaciones comerciales”.
Entre estos favores informan la aceleración de trámites para la obtención del permiso de residencia o la cédula de habitabilidad para clientes a cambio de regalos. Pero también “consiguió que la policía acelerase los trámites para la renovación de DNI de Jesús Ballester, candidato del PP a la alcaldía” de Altea.
Esta causa forma parte de la investigación Testudo a 40 personas sobre la trama de blanqueo de capitales de la mafia rusa iniciada por Grupo de Blanqueo de Capitales de la brigada provincial de la Policía Nacional, y por error de la magistrada se archivó el caso para 18 de ellos que fueron llamados a declarar fuera del plazo de instrucción en septiembre de 2022.
