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jueves, 28 marzo 2024

La pobreza severa ha crecido un 35% en los hogares de la Comunitat tras la pandemia

Cáritas Comunitat Valenciana alerta de los graves efectos de la pandemia en la población.

Cáritas Comunitat Valenciana ha alertado esta mañana de los graves efectos de la crisis resultado de la pandemia sobre la población en nuestro territorio, en la presentación del Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en la Comunitat Valenciana 2022.

Dicho informe, que forma parte de un amplio proceso en el ámbito estatal desarrollado por 30 investigadores de diez universidades y entidades de investigación, apunta, entre otras realidades, a que «el tsunami que ha supuesto esta crisis se ha llevado por delante a un buen número de hogares que disfrutaban de una posición privilegiada de integración plena.

Si en 2018 más de la mitad de las familias valencianas se encontraban en esta situación, ahora son solamente el 37 % los hogares que no se ve afectada por ninguna situación de exclusión, habiéndose incrementado en un 14,4 por cien respecto a 2018».

Así lo ha explicado Daniel Rodríguez de Blas, sociólogo del equipo de Estudios de Cáritas Española y coordinador de los informes territoriales, que ha estado acompañado en la rueda de prensa por Ignacio Grande Ballesteros, director de Cáritas Diocesana de Valencia y presidente de Cáritas Comunitat Valenciana; Juan Manuel Aragonés Beltrán, director de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón y Víctor Manuel Mellado Pomares, director de Cáritas Diocesana Orihuela-Alicante.

De este Informe se desprende, además, que en la Comunitat Valenciana, si bien la exclusión no se ha ensanchado, sí se ha agudizado notablemente, incrementándose los casos más severos que ahora afectan a cerca de 94 000 personas más que en 2018.

En este sentido, esta crisis ha erosionado la resistencia de las familias y muchas de las que estaban bien ahora tienen algún elemento preocupante y algunas de las que estaban ya en situación de exclusión han visto cómo sus dificultades se han multiplicado.

Desigualdad y nuevas brechas

El Informe FOESSA de la Comunitat Valenciana constata, además, que la desigualdad ha crecido tanto en un año de crisis actual como durante toda la crisis del año 2008. Se han separado las realidades de quienes han mantenido su trabajo de manera ininterrumpida durante este periodo de crisis y quienes han sufrido el desempleo sin protección social, o el empleo reducido en jornada o en remuneración.

«Si dividimos nuestra sociedad en un edificio de cinco plantas, siendo la primera planta los que menos ingresos tienen y la quinta planta los vecinos con más ingresos, los vecinos que más renta han perdido han sido los del primero, los más pobres, y los únicos vecinos que no perdieron renta durante la pandemia, sino que la ampliaron, fueron los vecinos más ricos, los del quinto. La desigualdad en términos de renta ha aumentado más de un 23%, cifra superior al incremento que tuvo durante la crisis de 2008», según ha indicado Daniel Rodríguez.

Pero más allá de los ingresos y de las capacidades materiales de las familias, hay otras dimensiones sociales de la desigualdad con un impacto especial en estos tiempos, como son las oportunidades educativas o tecnológicas. Se han sumado nuevas brechas, como es la digital, que afecta a uno de cada tres hogares en la Comunidad Valenciana, duplicando su incidencia (2 de cada 3) para los hogares que están en exclusión severa.

El desplome de las rentas del quintil inferior, aquellos que viven en el primer piso del edificio mencionado, reproduce y explica la evolución de la pobreza severa que ha crecido un 35% (730 000 personas) y la privación material severa se ha duplicado, en un periodo de tiempo muy corto.

Brechas de exclusión

En el ámbito de la Comunitat Valenciana hay dos brechas que siguen activas y que se hacen más profundas, como son el género y la nacionalidad de origen, y una tercera que adquiere cada vez más fuerza: la edad. Así:

· esta crisis está feminizando aún más el espacio de la exclusión, ya que esa brecha se ha multiplicado, desde 2018, por tres hasta afectar al 27,5% de los hogares cuya persona sustentadora principal es una mujer frente al 18% donde esa figura es un hombre;

· casi la mitad de los hogares encabezados por una persona de origen extranjero se encuentran en situación de exclusión, esto es casi tres veces más que en los hogares encabezados por alguien de nacionalidad española;

· uno de cada tres jóvenes entre 19 y 29 años, y este es un perfil novedoso respecto a los informes anteriores, está afectado por procesos complejos de exclusión social, lo que les impide realizar proyectos de vida para hacer la transición a la vida adulta.

Elementos diferenciales de la exclusión

Pese a las cifras positivas que se están registrando en los últimos meses en materia de empleo, la crisis sigue dejando graves consecuencias que se reflejan en la cantidad, en la distribución y en la calidad del empleo disponible. Esta crisis ha profundizado dos tendencias que, sin embargo, ya existían antes de la COVID-19:

· se ha producido un empeoramiento de las condiciones de trabajo que genera más trabajadores pobres y menos realizados personal y socialmente;

· durante esta crisis la precariedad laboral se ha duplicado y alcanza a más de 280 000 hogares (14%) que dependen económicamente de una persona que sufre inestabilidad laboral grave (esto significa que en el último año ha tenido tres o más meses de desempleo, tres o más contratos diferentes, en tres o más empresas distintas);

· las barreras para acceder al trabajo se han hecho mayores para una parte de las personas desempleadas: durante la crisis, la situación de que el sustentador se encuentre en paro de larga duración ha alcanzado a 65 000 familias y el desempleo total familiar casi se ha duplicado. En este sentido, hoy hay más de 185 000 núcleos familiares donde todas las personas activas están en paro y a pesar del aumento de la protección social no se ha logrado compensar esta situación, por lo que 76 000 familias carecen de algún tipo de ingreso periódico, que permita una mínima estabilidad.

Además del empleo, las dimensiones de la salud y la vivienda son los otros grandes motores de la exclusión en la Comunitat Valenciana y ambas han crecido desde 2018, afectando a día de hoy al 21% y 19% de la población respectivamente. Así:

· más de 260 mil hogares (12,9%) sufre falta de acceso a medicamentos o tratamientos por problemas económicos;

· en el ámbito de la vivienda, la dificultad en el pago de esta sigue siendo la casuística que más se repite. La combinación entre altos precios y bajos o inestables ingresos hacen que algo más de 225 000 familias, una vez realizado el pago del alquiler o la hipoteca, queden en situación de pobreza.

Propuestas para la mejora

La radiografía sobre la pobreza y la exclusión social de nuestro territorio realizada por el Informe de la Fundación FOESSA ha realizado un decálogo de propuestas para realizar las mejoras necesarias al sistema de protección social, que consisten en:

1. mantener de manera estable para el futuro las medidas provisionales tomadas en el caso de la salud, la vivienda o la protección social con las necesarias adaptaciones a periodos de estabilidad económica;

2. mejorar la cobertura del Ingreso Mínimo Vital, ya que supone un notable avance social para corregir el desequilibrio de la protección social (según datos del Ministerio, hasta septiembre del pasado año, se habían aprobado cerca de 40 000 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, que incluyen aproximadamente unas 96 000, esto supone alrededor de dos personas beneficiarias por cada diez personas en situación de pobreza severa en la Comunitat Valenciana);

3. reimpulsar el modelo de estado de bienestar en su conjunto, con una orientación clara hacia el acceso a los derechos como canal para la inclusión social y el “rescate” de los sectores más excluidos;

4. es urgente implementar medidas que reduzcan la hiperflexibilidad, en los empleos que más afectan a los sectores excluidos, empleos no cualificados, temporales y precarios, que afectan sobre todo a los sectores llamados “esenciales” de la limpieza, los cuidados, la hostelería y las labores agrícolas entre otros;

5. deberían complementarse, asimismo, los salarios escasos con otras medidas redistributivas, a modo de estímulos al empleo;

6. garantizar un sistema de salud público de calidad y un cambio de estrategia en el ámbito de la atención a personas en situación de dependencia y con necesidad de cuidados para garantizar la igualdad y evitar la exclusión social;

7. poner en marcha políticas frente a la exclusión residencial, ya que desde 2018 se ha triplicado el porcentaje de hogares que residen en viviendas insalubres (hasta el 8,6% en 2021) y se ha duplicado aquellas familias que viven en situación de hacinamiento (hasta el 3% en 2021). Se ha duplicado el número de hogares, pasando de 46 mil a más de 122 000, que sufrieron retrasos, o no tuvieron dinero suficiente, para el pago de alguno de los gastos relacionados con la vivienda, como el pago del alquiler o la hipoteca.

8. superar la brecha educativa provocada por el apagón digital, y de manera general, disponer de políticas públicas que pongan los medios necesarios para que todas las personas puedan superar la brecha digital.

9. avanzar hacia servicios sociales adaptados a las realidades sociales del siglo XXI: la magnitud de la exclusión severa no sólo demanda una mayor intervención por parte de los servicios sociales, sino un continuo proceso de adaptación, tanto del modelo de trabajo social como del modo de organización;

10. la idea de desvincular ingresos y acceso a derechos debe formar parte de una amplia reflexión como sociedad.

El Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en la Comunitat Valenciana forma parte del proyecto del Informe FOESSA 2022 que ha obtenido datos primarios a partir de una encuesta realizada a más de 7000 hogares en todo el territorio de nuestro país, con información de casi 18 000 personas que nos aporta un análisis sobre las consecuencias de la crisis COVID-19 en nuestro territorio.