El pleno ordinario de abril del Ayuntamiento de Alicante ha rechazado dos declaraciones institucionales sobre inmigración impulsadas por Vox y el Partido Popular, después de un debate en el que las formaciones han evidenciado sus profundas diferencias sobre el modelo migratorio y la gestión de los servicios públicos.
La sesión plenaria debatía, por un lado, la propuesta de Vox sobre la llamada prioridad nacional y, por otro, la iniciativa del PP que reclamaba al Gobierno central una inmigración legal, ordenada y segura. Ambas formaciones presentaron enmiendas de última hora a sus propios textos, pero estas no fueron aceptadas justo antes de iniciarse el debate, lo que dejó las iniciativas en su redacción original.
Argumentos del PP: control, regularización y fronteras
Desde el PP, el concejal de Seguridad y Recursos Humanos, Julio Calero, defendió que la inmigración legal y ordenada aporta a la sociedad y a la economía local, al tiempo que marcó límites al advertir de que, a su juicio, España no puede convertirse en el caladero de la inmigración en Europa. Con esta expresión se refirió de manera crítica al proceso de regularización extraordinaria de migrantes, que considera que puede desbordar la capacidad de las administraciones.
Calero reclamó al Gobierno central la paralización temporal de ese proceso de regularización hasta que los ayuntamientos cuenten con medios técnicos suficientes. Argumentó que las administraciones locales están en primera línea en la atención a la población migrante y que la falta de recursos puede traducirse en más carga de trabajo y en demoras en la tramitación de expedientes y servicios.
El edil popular también exigió un control más riguroso de las fronteras y la creación de un sistema de autorizaciones temporales de residencia y trabajo. Según expuso, este sistema debería tener en cuenta la formación, la experiencia laboral, el conocimiento del idioma y el grado de integración, con el fin de ajustar mejor la llegada de personas migrantes a las necesidades reales del mercado de trabajo y a la capacidad de acogida. Además, pidió reforzar la lucha contra las mafias que trafican con personas, mediante cambios en el Código Penal y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objetivo de endurecer la respuesta judicial frente a estas redes.
Choque político por la prioridad nacional y la regularización
Desde Vox, la concejala Carmen Robledillo cargó contra la postura de los populares y acusó al PP de mantener un discurso contundente con decisiones que califica de blandas. A su juicio, lo escuchado en el pleno era un ejemplo de la política que, según ella, ha conducido a España a la situación actual en materia de inmigración. Esta crítica se enmarca en la estrategia de Vox de reclamar medidas más restrictivas y de priorizar a los nacionales en el acceso a determinados recursos.
Robledillo sostuvo que España está desbordada en sus servicios públicos, en el acceso a la vivienda y en su capacidad de integración social. Atribuyó esta situación al modelo de gestión migratoria y reprochó a la izquierda y al Gobierno central que, en su opinión, sigan negando la realidad y califiquen de racismo cualquier intento de poner orden. Con este planteamiento, la edil defendió la declaración de prioridad nacional como una respuesta necesaria ante la presión que, asegura, sufren los recursos públicos.
Frente a estas posiciones, los grupos de la oposición de izquierdas centraron sus críticas en el enfoque de las propuestas y en su impacto sobre la convivencia. La portavoz municipal del PSPV-PSOE, Ana Barceló, afirmó que la dignidad humana no se reparte por nacionalidad y vinculó las declaraciones institucionales a un debate más profundo sobre qué tipo de ciudad quiere ser Alicante. Para la socialista, los textos planteados no abordan los problemas reales del municipio y desvían la atención de la responsabilidad del equipo de gobierno en cuestiones como los servicios públicos, la vivienda o la cohesión social.
En la misma línea, el concejal de EU-Podem, Manolo Copé, sostuvo que la saturación de los servicios públicos no la causa la inmigración, sino años de recortes acumulados. Con este argumento, trató de desplazar el foco desde la presencia de población migrante hacia las decisiones presupuestarias y de gestión adoptadas en el pasado, que, según su visión, han debilitado la sanidad, la educación y otros servicios esenciales.
Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, recordó al PP que en el Congreso de los Diputados votó a favor de la regularización extraordinaria de migrantes, después de incorporar la exigencia del informe de antecedentes penales. Con esta referencia, quiso evidenciar una posible contradicción entre el discurso defendido en el pleno de Alicante y la posición que la formación popular ha mantenido a nivel estatal, subrayando que el debate local está condicionado por decisiones ya adoptadas en otras instituciones.
Finalmente, la declaración institucional de prioridad nacional presentada por Vox solo obtuvo el respaldo de los concejales de esta formación, mientras que el resto de grupos votó en contra o se desmarcó de la propuesta. De forma similar, la iniciativa del PP sobre inmigración legal, regulada y segura únicamente recabó los votos favorables de sus ediles. Al no sumar más apoyos, ninguna de las dos declaraciones salió adelante, lo que cierra el intento de ambas formaciones de fijar una posición institucional del Ayuntamiento de Alicante sobre la política migratoria en estos términos.
