Los tres altos funcionarios del Ayuntamiento de Alicante citados este viernes como testigos en la investigación por las presuntas irregularidades en la adjudicación de las viviendas públicas de Les Naus, en la Playa de San Juan, no han acudido al juzgado para declarar ante la magistrada que instruye el caso.
La jefa del servicio municipal de Gestión Patrimonial, Paloma Romero; el técnico del mismo departamento Pablo Torregrosa; y el arquitecto jefe del departamento técnico de control de obras, Antonio Faura, habían sido citados a las 10.00 horas por la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia. La jueza volverá a citarlos, según ha comunicado a las partes.
Los tres funcionarios tampoco comparecieron en la comisión municipal creada por decisión del pleno del Ayuntamiento de Alicante para analizar lo sucedido en la promoción de Les Naus. Su ausencia ha generado sorpresa entre las acusaciones populares, ejercidas por el PSPV-PSOE y Ciudadanos.
El abogado de Ciudadanos, Eduardo García-Ontiveros, ha afirmado de forma irónica que «a lo mejor es que la citación del juzgado se ha debido perder por los pasillos del excelentísimo ayuntamiento de Alicante». A su juicio, el juzgado ha tramitado la citación de forma diligente, aunque esta no habría llegado personalmente a los funcionarios. «Lo que está claro es que si no han venido es porque la citación del juzgado no les ha llegado personalmente», ha señalado.
El letrado del PSPV-PSOE, Fernando Cazorla, ha indicado que la citación se tramitó a través de la plataforma municipal. Además, ha considerado que, si los funcionarios vuelven a ser citados y reinciden en su ausencia, lo lógico sería recurrir a la Policía para una tercera citación.
Declaraciones de los funcionarios de Vivienda
Quienes sí han declarado este viernes han sido cuatro funcionarios de la Generalitat Valenciana: el director general de Planificación y Políticas de Vivienda, Juan Antonio Pérez; la jefa de sección de Emergencia Habitacional, Marta Vera; la técnica de Arquitectura María del Carmen García; y la técnica de gestión de Administración General Marta Jiménez.
Según las acusaciones populares, sus declaraciones han tenido un contenido poco «provechoso», aunque han confirmado algunos extremos relevantes del procedimiento. Los funcionarios autonómicos se han ratificado en lo manifestado hace dos semanas por sus superiores en la primera ronda de comparecencias.
Entre los aspectos aclarados, han señalado que, cuando un beneficiario de una vivienda es requerido para aportar documentación adicional y no la presenta, el expediente debe decaer. García-Ontiveros sostiene que este punto evidencia una irregularidad, ya que «hubo gente a la que se le requirió documentación, hicieron caso omiso y aún así fueron adjudicatarios de una vivienda».
El abogado de Ciudadanos ha añadido que hubo «responsables que se lo han saltado a la torera», en referencia al procedimiento seguido en la adjudicación de algunas viviendas.
El técnico que visó expedientes y obtuvo una vivienda
Fernando Cazorla ha explicado que la declaración de los funcionarios autonómicos ha sido «bastante técnico», porque su intervención se limita a la segunda revisión de los expedientes tras conocerse el caso.
No obstante, una de las funcionarias ha relatado que mantenía una relación de confianza con Roberto Palencia, el técnico que visó en solitario los expedientes. Según ha indicado, después de que se conociera lo ocurrido, se celebró una reunión en el departamento en la que Palencia admitió que la unidad familiar que formaba con su pareja se había quedado con una vivienda.
De acuerdo con esa declaración, Palencia no manifestó en aquella reunión la existencia de más irregularidades relacionadas con otros beneficiarios.
El caso de Les Naus ha marcado la actualidad política de Alicante desde finales de enero. La polémica por el reparto de las viviendas públicas de la Playa de San Juan ha provocado varias dimisiones, entre ellas la de la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, una de las beneficiarias, y la de la directora general municipal María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino también resultaron adjudicatarios de viviendas.
