El rastro de la pederastia en las diócesis valencianas

Diversos casos de abusos sexuales a menores cometidos por religiosos han salido a la luz en los últimos años. Esta lacra, que supone el mayor escándalo de la Iglesia católica durante el siglo XX y principios del XXI, ha salpicado a la Iglesia española, llegando también a la Comunidad Valenciana.

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Tal día como hoy hace cinco años, el que era sacerdote de la localidad valenciana de Carcaixent, Pablo Ortega, fue condenado a prisión por exhibición de pornografía y abusos sexuales a dos niños de 13 y 14 años, así como a pagar una indemnización a las víctimas.

En septiembre de 2010, a sus 36 años, este cura fue detenido tras la denuncia de los familiares de los niños, que recibieron abusos sexuales durante todo un año. El condenado aprovechaba la relación de confianza que tenía con los padres de los menores para poder quedarse con ellos a solas. Una de las víctimas fue abusada sexualmente mientras recibía clases de repaso en la casa del sacerdote, situada arriba de la parroquia, mientras que la otra fue agredida en la iglesia, donde se quedaba por convencimiento del cura para colaborar en diferentes actividades parroquiales. Ambos niños ocultaron durante un tiempo lo ocurrido por miedo a ser castigados.

Este caso volvió a golpear a la Iglesia católica. El Arzobispado de Valencia se limitó a “respetar la sentencia” y negó tener información acerca de lo ocurrido con el pastor antes de que el caso saliera a la luz. Sin embargo, el juzgado consideró que eran responsables porque “debían vigilar y controlar” al párroco. Carlos Osoro, que por aquel entonces era arzobispo de Valencia, expresó que sentía profundamente lo ocurrido y que los hechos “avergonzaban y humillaban”. Osoro pocos meses después fue nombrado Arzobispo de Madrid y Vicepresidente de la Conferencia Episcopal.

Amparo Castellano, delegada de comunicación del Arzobispado de Valencia, asegura que la vigilancia y el control sobre los sacerdotes “se ha intensificado estos últimos años” porque hay que tener “tolerancia cero” con estos casos. “Es necesario que haya transparencia para volver a recuperar la credibilidad en la Iglesia católica, no hay que callarse”, explica.

Otro caso de pederastia en Valencia tuvo lugar en un convento. La Iglesia expulsó hace varios años a una monja tras descubrir que había estado abusando de una menor que vivía con ellas. Tras ser rechazada por los padres, esta niña estaba con las monjas en régimen de acogida mientras encontraban a una familia que se hiciera cargo.

La situación era algo excepcional, puesto que el convento no se dedicaba a la enseñanza. Los abusos, que se produjeron hace más de un lustro, fueron descubiertos por la madre superiora, quien leyó mensajes de contenido sexual entre la religiosa y la menor. La niña confirmó que había habido tocamientos y fue entonces cuando la superiora denunció los hechos a la Fiscalía  de menores de Valencia.

Tras conocer la situación, la Fiscalía interrogó a la monja y a la menor y acordó con la madre superiora expulsar del convento y de España a la religiosa porque decidieron que era la mejor opción para evitar que la niña sufriera más daño al tener que declarar en un juicio.  Además, la menor fue sacada del convento y entregarla en acogida a una familia valenciana y se avisó a las autoridades del país de origen de la religiosa para evitar reincidencias.

En Gandía, el pasado mes de septiembre algunos padres y madres de los Juniors de la Colegiata de Gandía se mostraban preocupados después de conocer que el abad, Ángel Saneugenio, había designado como coordinador del mismo a un cura que fue imputado por un caso de pornografía infantil en 2010, dentro de la conocida operación Telémaco. “El Arzobispado de Valencia decretó entonces su salida de la parroquia de Algemesí, donde era vicario, así como su cede en su oficio pastoral”, señala Castellano, que señala que así es como actúan, “de inmediato”.  Pero este párroco ha vuelto ahora a este grupo de Juniors y algunos padres tomaron la decisión de que sus hijos no volvieran a formar parte de la Colegiata. Saneugenio afirmó que el cura que se haría cargo de los Juniors porque había sido absuelto por un juez y “era inocente”.

En la diócesis de Segorbe-Castellón también se vivió un oscuro 2010, el entonces párroco de Vilafamés Rafael Samsó, de 53 años, fue detenido por distribuir pornografía infantil en el marco de una operación de la Guardia Civil. El párroco formaba parte de una comunidad cerrada de pedófilos, a la que se accedía previa invitación y aportación de nuevo material, y a la que accedió desde ordenadores de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Vilafamés y del Ayuntamiento mallorquín de Manacor.

Dos años después aceptó la pena de dos años por distribución de pornografía infantil, sin embargo, no cumplió la condena de prisión a cambio de no delinquir en los siguientes cinco años y que comunique sus cambios de domicilio.

Su sustituto en la localidad fue el actual rector del Seminario Mayor Diocesano ‘Mater Dei’, quien evita extenderse en la situación que se econtró de cara a la feligresía, pero reconoce que cuando llegó se encontró con un ambiente hostil, “muchos habían sentido atacada su confianza en la Iglesia”.

Vizoso comenta que desde su posición como responsable de aquellos que han de formarse para ser los futuros sacerdotes el importante valor del peritaje psicológico de los candidatos. Afirma que, en el primer año, o propedéutico, se realiza un acompañamiento especial que continúa durante todo el proceso formativo con el fin de realizar un análisis de la personalidad, detectar posibles trastornos y mantener seguimientos periódicos con el fin de “ayudarlo en el desarrollo de la madurez humana”.

En la diócesis de Orihuela-Alicante ha salido a la luz durante las últimas semanas que el padre Amador Romero, condenado por abusar de un monaguillo en la década de los noventa en Granada, seguirá de momento ejerciendo como capellán del Hospital General de Alicante porque no ha sido inhabilitado para ejercer su ministerio según se extraía de un comunicado de la diócesis.

Romero fue condenado en 2001 a 18 meses de prisión por un delito continuado de abusos sexuales a un monaguillo de 11 años, tampoco entró en prisión. Los hechos ocurrieron entre 1995 y 1997, cuando el religioso, que oficiaba entonces en una parroquia del municipio granadino de Aldeire (639 habitantes), abrazó, besó y desnudó al niño “con regularidad” mientras le pedía que le masturbara.

Desde que el Papa Francisco llegó a El Vaticano, este se ha mostrado siempre por la labor de acabar con la lacra que otros intentaban ocultar en el pasado. “La pederastia es una enfermedad que la Iglesia ha afrontado con retraso”, señaló el Pontífice en una de sus audiencias el año pasado. Aun así, no todas las esferas de la Iglesia católica mostraron el mismo entusiasmo. El actual arzobispo de Valencia, que ostenta el cargo desde 2014, llegó a pronunciarse al respecto e indicó que esa problemática no le preocupa de manera excesiva porque “las denuncias forman parte de una campaña de ataques contra la Iglesia para que no se hable de Dios”. El rector del Seminario se ha mostrado muy en la línea del documento sobre este tema que publicó el Papa Francisco Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis en 2016.

Amparo Castellano indica que desde el Vaticano “se están cumpliendo los compromisos” y señala que hace años que se está intentando paliar la situación. “Ahora la iglesia católica está elaborando una nueva normativa para la prevención y protección de abusos sexuales a menores”, comenta Castellano, quien también cuenta que “esta normativa revisará los protocolos de actuación”, por lo que es algo positivo.

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