La nueva fórmula de realizarse un test de antígenos en la farmacia y que esta comunique el resultado a Sanitat, en caso de ser positivo llega con la polémica de quién debe asumir los costes del servicio. Un debate abierto cuando este martes, el Colegio de Farmacéuticos de Valencia (Micof), ha informado de que las oficinas de la provincia que se acojan al protocolo para comunicar a la Conselleria de Sanidad los casos positivos de coronavirus detectados en un test de antígenos realizados presencialmente “revertirán al paciente el coste del servicio“.
Así, mientras Sanitat insiste en qué se trata de una decisión unilateral y que “en ningún momento en las reuniones previas se planteó el tema”, como aseguran fuentes oficiales de la Conselleria, a Actuailtat Valenciana, en Valencia, este “servicio”, de momento, lo pagará el paciente.
Por otro lado, los Colegios Oficiales de farmacéuticos de Castellón y Alicante, de momento, aún no se han posicionado respecto a si repercutirán los costes o no en quien opte por hacerse la prueba en la farmacia, recordemos, mediante el autotest que hasta ahora se hacía en casa.
Sin embargo en las últimas horas parece que esta postura, a priori, divergente de los Colegios provinciales está aclarándose, asegurando que “se está planteando ya cual es la mejor fórmula inmediata para ponernos al servicio de los ciudadanos pero pactando con la administración cual es el valor total de ese proceso y que sea la sanidad quien asuma una parte, ya que lo que se intenta es descolapsar los centros de salud”, asegura el presidente autonómico, del Colegio oficial en la Comunitat Valenciana, Sergio Marco”
‘Factura doble’ para el paciente por una sanidad desbordada
Dicho de otro modo, si la medida del pago se extendiera, el desbordamiento de la sanidad pública a la hora de realizar pruebas COVID pasaría ahora “factura doble” a quienes necesitan hacerse un test y les es imposible “acceder a los servicios que una sanidad pública y universal debería garantizar”, como afirman ya colectivos de consumidores y usuarios indignados ante la medida.
Por tanto, es el propio usuario, quien paga, en sentido literal, la incapacidad de la maquinaria sanitaria pública en la Comunitat Valenciana de poder dar respuesta a las pruebas diagnósticas. Dado que la alternativa de que las farmacias puedan “certificar y comunicar” los positivos COVID detectados por este sistema de prueba farmacéutica de antígenos, que se planteaba como un ‘alivio’ o ayuda, se ha convertido en un problema. Tanto para la Conselleria de Sanitat, como sobre todo para una opinión pública harta y cansada de esperar a que les cojan el teléfono o les realicen test, las cosas no han salido como se esperaba.
Todo ello mientras los colegios de farmacéuticos piden que “la sanidad pública asuma el coste de la realización del test para que no repercuta en el ciudadano”, como afirma el presidente autonómico, de los colegio oficiales en la Comunitat Valenciana, Sergio Marco en declaraciones a este medio.
