El Ayuntamiento de Orihuela iniciará en las próximas semanas el proceso de consulta pública previa del proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Este trámite permitirá a ciudadanos, asociaciones y colectivos presentar aportaciones durante un plazo de un mes desde su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.
La puesta en marcha de esta iniciativa responde a la obligación legal recogida en la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética. Dicha ley establece que los municipios de más de 50.000 habitantes deben implantar medidas de movilidad sostenible. Entre ellas se encuentran las Zonas de Bajas Emisiones, como herramienta para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire.
El documento que se someterá a participación ciudadana es un avance técnico elaborado por una empresa especializada y presentado al Ayuntamiento el pasado 23 de marzo. Este avance es un primer paso dentro de un proceso más amplio que culminará con la definición concreta de la ZBE. Así, se definirá su delimitación y las medidas que se aplicarán en el casco urbano de Orihuela.
El concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, ha señalado que “lejos de ser una medida puntual, el proyecto de Zona de Bajas Emisiones se plantea como un instrumento estratégico de planificación urbana que pretende transformar el modelo de movilidad del municipio. Además, según recoge el documento, la ZBE busca avanzar hacia una ciudad más saludable, eficiente y adaptada a los retos ambientales actuales, alineándose con las políticas europeas y estatales en materia de sostenibilidad”.
En este sentido, no se limita a restringir el tráfico, sino que aspira a reorganizar el uso del espacio público, priorizar modos de transporte más sostenibles y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. “El diagnóstico previo incluido en el documento identifica varios factores que justifican la implantación de la ZBE en Orihuela. Entre ellos, destaca el impacto del tráfico rodado como principal fuente de contaminación atmosférica. Especialmente en lo relativo a emisiones de óxidos de nitrógeno y partículas en suspensión”, ha explicado el edil.
A ello se suma la contaminación acústica derivada de la circulación, así como la elevada dependencia del vehículo privado en los desplazamientos urbanos. Todo esto genera congestión, presión sobre el espacio público y dificultades para el desarrollo de alternativas más sostenibles. Por otro lado, el estudio también señala problemas en la gestión del tráfico y en la distribución de los flujos de circulación. Igualmente, indica limitaciones para fomentar el uso del transporte público, la movilidad peatonal y ciclista, lo que refuerza el actual modelo centrado en el coche.
Ruiz ha recordado que “entre los principales objetivos de la futura Zona de Bajas Emisiones se encuentran la mejora de la calidad del aire y la salud de la población, la reducción del ruido urbano y la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero”. Además, el proyecto pretende impulsar un cambio progresivo hacia modelos de movilidad más sostenibles, fomentando el transporte público, los desplazamientos a pie y en bicicleta, así como el uso de vehículos de bajas o cero emisiones. Todo ello se enmarca en una estrategia más amplia de transición hacia un modelo urbano más equilibrado. De este modo, se busca recuperar espacio para las personas y mejorar la accesibilidad y la seguridad vial.
Participación ciudadana antes de la aprobación
El Ayuntamiento ha destacado que este proceso se iniciará con una fase de consulta pública previa, en cumplimiento de la normativa autonómica de participación ciudadana. El objetivo es recoger opiniones y propuestas antes de redactar el proyecto definitivo.
Durante este periodo, la documentación estará disponible en la sede electrónica municipal y en el portal de transparencia. Cualquier persona podrá presentar alegaciones o sugerencias a través de los canales habilitados. Una vez finalizado este trámite, se analizarán las aportaciones recibidas y se continuará con la elaboración del proyecto. En esa etapa, deberá concretar aspectos clave como la delimitación de la zona, las medidas de regulación del tráfico o las actuaciones complementarias en materia de movilidad.
Con este paso, Orihuela avanza en el cumplimiento de la normativa estatal y europea en materia de calidad del aire y cambio climático. Al mismo tiempo, abre el debate sobre el modelo de movilidad y ciudad que se quiere para los próximos años. La implantación de la Zona de Bajas Emisiones supondrá uno de los cambios más relevantes en la organización urbana del municipio. Este cambio tendrá implicaciones tanto ambientales como sociales y económicas, que deberán concretarse en las próximas fases del proyecto.
