Confirman una multa de 30.000 euros a una empresa por tres pisos turísticos ilegales en València

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Un juzgado ha avalado la sanción de 30.000 euros a una empresa por explotar tres viviendas turísticas sin licencia en València, segundo fallo que respalda la estrategia municipal frente a las VUT ilegales.

Un juzgado ha confirmado la multa de 30.000 euros que el Ayuntamiento de València impuso a una empresa por explotar tres viviendas de uso turístico sin licencia municipal, lo que supone el segundo fallo judicial que avala la estrategia del Consistorio frente a los pisos turísticos ilegales en la ciudad.

Según ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado, el tribunal ha desestimado íntegramente el recurso presentado por la empresa sancionada contra la resolución municipal. La sanción ascendía a 30.000 euros por la explotación de tres apartamentos turísticos sin la preceptiva licencia local.

La Justicia ha considerado que la actuación del gobierno municipal se ha ajustado a derecho. De este modo, ha ratificado la multa impuesta y ha rechazado todos los argumentos de la empresa recurrente contra el procedimiento seguido por el Ayuntamiento de València.

Segunda sentencia favorable al Ayuntamiento

Se trata de la segunda sentencia que se ha dictado a raíz de recursos presentados por empresas sancionadas por explotación ilegal de viviendas de uso turístico. La primera resolución judicial se conoció el pasado mes de marzo y también respaldó la actuación municipal frente a este tipo de infracciones.

El Consistorio destaca que esta nueva sentencia respalda su criterio urbanístico sobre las viviendas turísticas. Según subraya, el fallo confirma que la vivienda turística tiene la consideración de uso terciario-hotelero y no de uso residencial.

Esa calificación implica que la explotación de estos inmuebles exige disponer de un certificado municipal de compatibilidad urbanística, es decir, de una licencia específica otorgada por el Ayuntamiento. No basta, por tanto, con la simple inscripción de la vivienda en el registro autonómico de turismo.

La resolución judicial concluye que, sin ese título habilitante municipal, la actividad turística de los apartamentos resulta ilegal. Por ello, la sanción económica se considera ajustada al marco normativo vigente.

El tribunal también descarta que la resolución municipal estuviera mal motivada o que la notificación de la sanción resultara irregular. Asimismo, rechaza que la infracción hubiera prescrito o que el Ayuntamiento de València careciera de competencia para imponer este tipo de multas.

En este sentido, el fallo avala la delegación de la competencia sancionadora en materia de viviendas de uso turístico que la Generalitat trasladó al Ayuntamiento de València en marzo de 2025. Esa delegación se apoya en la normativa autonómica sobre turismo, ocio y hospitalidad.

La sentencia tampoco acepta que la cuantía de la sanción sea desproporcionada, como defendía la empresa recurrente. El tribunal respalda el cálculo realizado por el Consistorio al aplicar la cuantía mínima prevista por la ley para las infracciones graves.

En concreto, el Ayuntamiento ha aplicado 10.000 euros de multa a cada uno de los tres apartamentos explotados de forma irregular. La suma de esas tres sanciones parciales ha dado lugar a la multa total de 30.000 euros ahora confirmada por la Justicia.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, ha valorado la resolución judicial y ha insistido en que refuerza la estrategia municipal frente a las VUT ilegales. ‘Cada sentencia firme confirma que nuestro criterio es el correcto y es un aviso a quien crea que puede operar al margen de las normas sin consecuencias. Vamos a seguir actuando con firmeza frente a quienes operan de forma irregular’, ha afirmado.

Desde marzo de 2025, cuando la Generalitat delegó en el Ayuntamiento la competencia sancionadora sobre infracciones en viviendas de uso turístico tipificadas en la Ley 15/2018 de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana, el importe total liquidado en multas ha superado los 1,5 millones de euros, según datos del propio Consistorio.

El Ayuntamiento interpreta estas cifras y las sucesivas sentencias favorables como un respaldo a su política de control del alojamiento turístico. Con ella busca frenar la expansión de las viviendas ilegales y garantizar que la actividad turística cumpla la normativa urbanística y de convivencia en València.