El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha exigido al president de la Generalitat, Ximo Puig, que defienda el trasvase con hechos porque “las palabras no están valiendo para nada” y ha annunciado que emprenderá acciones legales desde la Diputación. Se pronunciaba así a última hora de la tarde de este jueves 19 de enero, tras conocerse que el Consejo de Estado ha dado el visto bueno por unanimidad al borrador de real decreto que prevé recortes en el trasvase del río Tajo al Segura hasta el 2027 y que será enviado al Consejo de Ministros para su aprobación.
Según adelanta A Punt, hoy viernes, después de haber tenido acceso al dictamen emitido por el Consejo de Estado, este da un tirón de orejas al Gobierno. El informe le insta a incluir “criterios técnicos y metodológicos más detallados” para determinar el caudal ecológico del Tajo y alude también a una falta de coordinación entre los planes hidrológicos del Tajo y del Segura.
Considera que las nuevas disposiciones del Plan hidrológico no concretan en detalle la aplicación de escalones sucesivos de los caudales ecológicos. Mientras que la disposición adicional novena pactada con Generalitat el pasado noviembre, y suprimida posteriormente, “constituye un intento de coordinar las previsiones de los planes hidrológicos de las cuencas cedente y receptora del trasvase del Tajo-Segura y parece responder al resultado del debate desarrollado en el seno del Consejo Nacional del Agua (si bien se ha tratado de una cuestión controvertida, como en su momento se expuso)”.
La disposición adicional novena establece una revisión del estado cualitativo del agua del Tajo y lo vincula a su incremento o no del caudal ecológico por encima del mínimo fijado. Si el agua reúne condiciones óptimas establece no incrementar ese caudal, lo que garantiza más volumen para el río Segura.
El líder del PPCV ha indicado “desde la Diputación de Alicante se están estudiando posibles acciones legales. Pondremos en marcha todas las acciones posibles. Vamos a llevar hasta el final todo este asunto. Sería de agradecer que, tanto la ministra como la consellera del agua en la Comunitat Valenciana, den la cara y no se ausenten de Les Corts y el Congreso”.
En este sentido, ha advertido que las consecuencias de esta decisión pueden ser “irreparables” por lo que ha anunciado que se convocará en breve a la Comisión Provincial del Agua “para tomar todas las decisiones posibles y alegar contra esta medida que es totalmente injusta y arbitraria”.
Y ha cargado contra la actitud del Govern, al no votar en contra del Plan del Tajo. “Sigo sin entender cómo es posible que la Generalitat de Ximo Puig se abstuviera, cuando incluso otras comunidades votaron en contra viendo el agravio que se estaba cometiendo contra la Comunitat Valenciana y los intereses de esta tierra”.
Regantes y Asociaciones agrarias llegarán a la Moncloa
El próximo martes, 24 de enero, regantes y asociaciones agrarias se concentrarán frente a la Moncloa en un nuevo intento de frenar el real decreto que incluye Plan Hidrológico del Tajo 2022-2027.
Asociaciones como ASAJA-Alicante mostró ayer “su tajante disconformidad” a la decisión del Consejo de Estado y lamenta que no se haya contemplado la disposición que abría la puerta a negociar a la baja en 2026 la cantidad de agua del caudal ecológico del río, que será de 8,65 m³/ segundo, recortándose así el agua del trasvase en más de 100 hm³ al año.
“Lamentamos que un órgano que está concebido para dictaminar sobre las consultas que formula el Gobierno, velando por la observancia de la Constitución, la del resto de ordenamiento jurídico y por el correcto funcionamiento de la Administración Pública y de los Servicios Públicos, como expresión de los derechos de la ciudadanía, avale una decisión que va totalmente en contra del interés general de este país y sus ciudadanos, como es el reparto equitativo del agua entre comunidades y apoye un decreto cuyo coste va a ser el recorte en las transferencias del Tajo al Segura en 105 hectómetros cúbicos anuales; la pérdida de 6.300 empleos directos en Alicante y 9.000 en Murcia; de 27.000 hectáreas de regadío; y un coste económico que alcanzará los 5.692 millones de euros”, denuncia en presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu.
“Nos hemos manifestado en la calle, hemos protestado en Alicante, Murcia, Almería y Madrid, hemos pedido la dimisión de la ministra Teresa Ribera, hemos informado a la sociedad sobre el alcance de este recorte y las graves consecuencias socioeconómicas que conllevará… Ahora, a las puertas de unas elecciones, consideramos que el ciudadano, la sociedad en general y los sectores productivos cuentan con toda la información para manifestar su repulsa ante una ministra que ha apostado por la unilateralidad y la mentira”.
Por su parte, desde LA UNIÓ Llauradora señalan el dictamen del consejo de Estado “no quita ni un ápice de legitimidad a las demandas que llevamos reivindicando”. E inciden en que actualmente no hay alternativas de riego con un precio asumible para que los agricultores puedan mantener sus explotaciones. “No es momento de asumir ahora recortes de agua, justo cuando los costes de producción están tan desorbitados”.
“Si la desalación o la depuración de aguas es posible, viable y asumible en un futuro ya hablaremos, pero ahora lo cierto y real es que no, que el precio de las aguas es inasumible, y que necesitamos estabilidad para planificar los riegos de nuestras producciones agrícolas que dan de comer a numerosas familias productoras y que son apreciadas por los consumidores”, señala Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ.
