El Consell ha aprobado este viernes el proyecto de la nueva Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana, que sustituye al actual marco urbanístico para simplificar la tramitación, reducir la burocracia, reforzar la seguridad jurídica y mantener intacta la protección medioambiental, al tiempo que prioriza el acceso a la vivienda, especialmente la protegida.
Así lo ha explicado el vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, en la rueda de prensa posterior al pleno, donde ha detallado las principales líneas de una norma que debe iniciar ahora su tramitación parlamentaria en Les Corts.
La futura ley reemplaza por completo el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, aprobado mediante el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio (TRLOTUP). Este texto ha sufrido numerosas modificaciones desde la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de 2014, lo que, según el Consell, ha generado un marco legal fragmentado y difícil de aplicar.
Martínez Mus ha subrayado que el proyecto es fruto de un proceso abierto de reflexión en el que han participado administraciones, agentes sociales y ciudadanía. La intención, ha señalado, ha sido recoger las aportaciones de quienes aplican y sufren la normativa urbanística en el día a día.
Desde la presentación inicial se han incorporado cambios derivados de presentaciones en distintos puntos de la Comunitat Valenciana, de las propuestas de actores interesados y de los informes de diversos organismos. Entre ellos destaca el informe del Consell Jurídic Consultiu, un documento extenso y favorable que, según el conseller, se ha tenido en cuenta en casi la totalidad de sus propuestas.
Menos cargas y más seguridad
El proyecto persigue simplificar trámites, suprimir cargas consideradas innecesarias, corregir incoherencias y clarificar la redacción de la norma. Todo ello se plantea sin rebajar la protección del territorio ni el respeto al medio ambiente, e intentando ofrecer mayor seguridad jurídica a administraciones, promotores y ciudadanía.
Además, la ley concede una atención prioritaria al acceso a la vivienda, con especial foco en la vivienda sometida a algún régimen de protección pública. El texto diseña un marco estable y previsible que, según el Consell, debe facilitar la aplicación de las políticas territoriales y urbanísticas en los próximos años.
Martínez Mus ha destacado que los nuevos instrumentos públicos de vivienda reservarán, como mínimo, el 50 % de la edificabilidad residencial a vivienda protegida. En sus palabras, la ley aspira a ‘poner el urbanismo al servicio de facilitar que haya suelo disponible para que pueda ser transformado en vivienda, especialmente protegida’.
La norma también prevé medidas específicas para los municipios más pequeños. En concreto, los ayuntamientos con menos de 1.000 habitantes y los declarados en riesgo de despoblación podrán utilizar un planeamiento urbanístico simplificado, adaptado a su escala y necesidades reales.
Nuevas licencias y declaraciones responsables
Uno de los cambios más relevantes afecta a la tramitación de las licencias urbanísticas. El objetivo es reducir tiempos, aclarar procedimientos y aportar más certidumbre a ciudadanos, promotores y ayuntamientos. El proyecto delimita qué actuaciones precisan licencia y cuáles pueden tramitarse mediante declaración responsable.
Entre las novedades figura la creación de la licencia básica o de parámetros esenciales, especialmente pensada para proyectos de vivienda. Esta nueva figura permitirá que la Administración compruebe primero los elementos urbanísticos fundamentales de un proyecto y, una vez concedida esta licencia, la tramitación continuará sin necesidad de esperar a toda la documentación técnica posterior.
La ley fija, además, con carácter general, un plazo máximo de seis meses para el control ordinario posterior de las declaraciones responsables. Según el Consell, este límite temporal pretende aportar más seguridad jurídica y evitar que los expedientes se alarguen indefinidamente.
Para facilitar el paso al nuevo modelo, el proyecto contempla un régimen transitorio. Los planes generales actualmente vigentes podrán seguir aplicándose mientras sus determinaciones no resulten incompatibles con la nueva ley. A la vez, se ofrece a los municipios un procedimiento simplificado de adaptación global a la norma.
Asimismo, determinados preceptos y anexos del TRLOTUP conservarán provisionalmente rango reglamentario, siempre que no se opongan a la nueva Ley del Suelo. Esta solución busca evitar vacíos normativos durante el periodo de transición hasta que se apruebe el desarrollo reglamentario correspondiente.
Estructura y planificación territorial
El Título I de la nueva Ley del Suelo aborda la ordenación territorial y mantiene como instrumentos básicos la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y los planes de acción territorial. Estos se consolidan como herramientas supramunicipales de planificación estratégica y sectorial.
La norma también regula los Proyectos de Interés Autonómico como instrumentos para implantar actuaciones de especial relevancia territorial, económica o social. Estas iniciativas se someterán a un régimen singular debido a su carácter estratégico o supralocal.
Por otra parte, Martínez Mus ha informado de que el Consell ha acordado manifestar a Les Corts su criterio favorable a la toma en consideración de la proposición de Ley Forestal de la Comunitat Valenciana, presentada por el grupo popular.
Según ha detallado, esta iniciativa plantea una actualización integral del marco jurídico que regula la protección y la gestión de los terrenos forestales de la Comunitat. El marco vigente se estableció con la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, y, en opinión de sus impulsores, ya no responde a los cambios ambientales, territoriales y socioeconómicos de las últimas tres décadas.
En este contexto, la propuesta considera necesario adaptar la normativa a los nuevos retos vinculados a la conservación de los montes, la biodiversidad, la gestión sostenible, la restauración de los ecosistemas y la puesta en valor de los recursos naturales. El Consell ha avalado que este debate se abra ahora en Les Corts.
