El técnico de la delegación territorial de la Conselleria de Vivienda en Alicante que tramitó y visó la adjudicación de las viviendas públicas investigadas en la promoción Les Naus, en la Playa de San Juan, admitió ante su superior que había actuado de forma incorrecta tras destaparse el caso. Según se ha conocido este miércoles en sede judicial, el funcionario le trasladó al director territorial que lo sentía y que «la he cagado», después de que saliera a la luz que una de las viviendas adjudicadas había recaído en su pareja sentimental.
La frase completa, según ha explicado a los periodistas el abogado de la acusación popular que ejerce Ciudadanos, Emilio García Ontiveros, fue: «Lo siento, la he cagado y asumiré toda la responsabilidad». Esa confesión se la habría trasladado el secretario territorial adjunto en Alicante de la conselleria de Vivienda, Vicente Caturla, cuando este le preguntó por la presencia del nombre de su pareja entre las 140 personas beneficiarias de las viviendas de protección pública. El funcionario ha sido sancionado dos meses y el pasado lunes se incorporó a su trabajo.
Caturla ha declarado este miércoles como testigo ante la magistrada del juzgado que instruye la investigación sobre las adjudicaciones de la promoción Les Naus, en una primera ronda de comparecencias centrada en los expedientes de las 140 viviendas de protección pública. Junto a él también han comparecido el director territorial de Vivienda en Alicante, Juan Manuel Galbis, y la jefa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante, Concepción Morillas.
Según ha relatado García Ontiveros, el funcionario ahora investigado era el responsable único de todos los expedientes vinculados a estas viviendas, después de haberse atribuido por iniciativa propia esa función para tramitar y visar en exclusiva las solicitudes.
La acusación popular ha avanzado además que pedirá su declaración para que explique directamente lo ocurrido. Por el momento, no hay fecha fijada para esa comparecencia. El trabajador fue expedientado por la Conselleria de Vivienda, aunque ya se ha reincorporado a su puesto.
La normativa de VPP, en cuestión
A juicio del letrado de Ciudadanos, las declaraciones de los tres testigos han resultado «clarificadoras» y ponen de relieve que la normativa actual de vivienda pública permite situaciones de escaso control. Según su versión, el sistema deja en manos del promotor buena parte del proceso de adjudicación sin mecanismos suficientes para que la administración verifique el cumplimiento estricto de los requisitos.
En esa línea, ha sostenido que la regulación actual supone «un coladero» que abre la puerta a actuaciones irregulares. También ha señalado que los responsables que han declarado este miércoles han explicado que no revisaban directamente los expedientes porque esa tarea recaía en el técnico ahora sancionado, en quien confiaban por su larga trayectoria profesional de más de 20 años.
Nuevas declaraciones el 24 de abril
La causa continuará el próximo 24 de abril, cuando está previsto que declaren otros cinco funcionarios de la delegación territorial de Vivienda que participaron en la revisión de los expedientes una vez trascendieron las presuntas irregularidades.
El caso ha provocado una fuerte sacudida política en el Ayuntamiento de Alicante. Entre las dimisiones registradas figuran la de la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez; la de la directora general municipal, María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino adquirieron una VPP; y la del jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Miguel Ángel Sánchez.
Además, varios funcionarios han sido apartados o expedientados, entre ellos dos técnicos de Urbanismo. En el procedimiento están personados como acusación popular Ciudadanos y el PSPV-PSOE, junto a la Fiscalía Anticorrupción, mientras sigue pendiente la resolución sobre la posible personación del sindicato Manos Limpias.
