El exalcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, se sienta en el banquillo de los acusados este lunes, por el fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio durante la etapa en qué compatibilizó la alcaldía y la gestión de esta área.
El fiscal Anticorrupción considera a Echávarri responsable de un delito continuado de prevaricación administrativa por la adjudicación directa de 25 contratos menores, cada uno por un importe inferior a 18.000 euros, por una cifra que ascendió a 189.000 euros. Por eso solicita una pena de diez años de inhabilitación para ocupación o cargo público.
Todos los contratos, supuestamente relacionados entre si, se tramitaron entre noviembre y diciembre del 2016 con motivo del lanzamiento de una campaña de promoción del comercio local, de la organización de una Gala de Premios al Comercio y de la ejecución de varias mejoras en la señalización de los mercados municipales.
Junto con Echávarri, están acusados dos de los colaboradores en el Ayuntamiento: el jefe de Gabinete de Alcaldía, Eduardo Díez, y el asesor de la Concejalía de Comercio, Pedro de Gea.
