Elisa Núñez, consellera de Interior y Justicia ha visitado este viernes 5 de abril las obras de la futura Ciudad de la Justicia Rafael Altamira, donde ha anunciado que presentará a los grupos políticos en Corts Valencianes una iniciativa para promover la creación en Alicante de salas desplazadas de juzgados de lo Contencioso Administrativo y de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Esta medida, que señala que ya se ha puesto en marcha en otras comunidades como Galicia, Castilla-León o Andalucía, considera que es necesaria dado el volumen de encausamientos de la provincia. “Tiene un intenso calado”, sostiene Núñez, en primer lugar porque “satisfacemos una reivindicación de todos los profesionales y operadores jurídicos de la provincia de Alicante, una reivindicación histórica”. También porque contribuye a vertebrar el país y la Comunitat y, asimismo, por “acercar la justicia a los ciudadanos, que es mejorar el tiempo de respuesta. Y, además, descargamos de trabajo a las salas de lo Contencioso Administrativo y de lo Social de Valencia.
Para lograr su objetivo requerirán apoyo de las formaciones. “Lo que vamos a hacer es trasladar esta iniciativa a los grupos parlamentarios de Cortes Valencianas para que sean ellos los que soliciten al Gobierno, en este caso el Ministerio de Justicia la modificación de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial para que se pueda producir esa descentralización”. Ha aclarado que solamente se podrían descentralizar las salas de esas dos secciones, de acuerdo, con la ley estatal vigente.
Este desplazamiento de salas no conllevaría ninguna modificación respecto a la estructura original del proyecto de ampliación de dependencias judiciales en la capital, según ha asegurado la consellera.
Núñez ha esgrimido los datos del último Balance de Criminalidad del Gobierno, de 2023, donde se refleja un aumento de la delincuencia de un 6% en el país y de un 8,1% en la Comunitat. En el caso de la provincia de Alicante ha precisado la cifra de un 16.4% “y si nos centramos en algunos municipios de la provincia de Alicante como puede ser El Campello estamos hablando de un 26 y medio por ciento y si estamos hablando de Calpe o Benidorm estamos hablando de casi un 20%”.
Se ha referido, asimismo, al incremento de un 82% de la inmigración ilegal el pasado año, de acuerdo con un informe del Departamento de Seguridad Nacional. Ha aprovechado, en este sentido, para reclamar una modificación de la política migratoria.
Las obras de la Ciudad de la Justicia se finalizarán en 2026
La obra de ampliación que se está acometiendo en el barrio de Benalúa, frente al actual Palacio de Justicia en Alicante, tienen un presupuesto global de 85 millones de euros y supone “la mayor inversión” del Consell en infraestructuras judiciales durante esta legislatura y según el anterior Gobierno autonómico de las dos últimas décadas. Además se trata de una de las mayores obras que se acometen en la ciudad en los últimos años. Se iniciaron en enero de 2023 con una previsión prevista de 33 meses, si bien la consellera ha fijado su fecha probable de término a finales de 2026.
Junto a este proyecto, la Conselleria de Justicia en 2024 va a poner en marcha una inversión superior a los 3,1 millones de euros en nuevas actuaciones para instalaciones judiciales en la ciudad de Alicante. Entre ellas, la nueva sede para el Tribunal de Marcas de la Unión Europea, y otras cinco intervenciones para mejorar instalaciones existentes.
El alcalde de la ciudad, Luis Barcala, que ha acompañado a la consellera en la visita, ha destacado que se trata de unas obras que “son absolutamente imprescindibles” porque “Alicante no solo es la única capital, sino cabecera judicial que no disponía de Ciudad de la Justicia con el volumen que tienen ahora mismo”.
Barcala, abogado de profesión, ha celebrado, asimismo, la propuesta de descentralización de las salas de las dos secciones del TSJCV. “Para los que sabemos de esto, de lo que supone una sala desplazada tanto de Contencioso Administrativo como de Social en costes de desplazamientos, en costes de horas de trabajo y sobre todo la cercanía, el volumen de asuntos, que ya mueve una provincia como la de Alicante justifica más ese desplazamiento”.
Tras conocer in situ el estado de las obras, la titular autonómica de Justicia ha completado su visita con un recorrido por distintas dependencias, como el local para el Juzgado de Marca Comunitaria, la sede judicial de Alicante, la fiscalía, el Instituto de Medicina Legal y la Casa del Menor.
Estado de las obras
José Ignacio Casar, subdirector de Infraestructuras Judiciales, ha explicado que en estos momentos se construyen forjados de manera secuencial en las plantas de sótano 3 y 2 y ya se han instalado algunas armaduras de pilares donde se empezará a construir el forjado del semisótano o planta sótano primero. Las plantas de segundo sótano y el primer sótano son aparcamientos y archivos en el semisótano ya se emplazan usos judiciales como puede ser el Instituto de Medicina Legal, calabozos tanto de menores como de adultos y las rampas de acceso a los sótanos desde desde el exterior. El edificio proyectado dispone de siete plantas en superficie. El conjunto ocupa una extensión total de 47.000 metros cuadrados sobre una parcela de 5.500 metros cuadrados.
La nueva Ciudad de la Justicia de Alicante permitirá terminar con la dispersión de sedes, hasta ocho, que albergan actualmente los órganos judiciales unipersonales que dan servicio a una población de casi 400.000 habitantes censados.
Nuevas actuaciones en marcha
Una de las nuevas actuaciones que se ha puesto en marcha es la de la nueva sede para el Tribunal de Marcas de la Unión Europea, cuyos locales se compraron en noviembre de 2023. Ya se ha elaborado una propuesta de adecuación del local, como paso previo a su consulta con los jueces de lo Mercantil, con el fin de proceder a la redacción del proyecto. Esta sede se emplazará en dos locales comerciales situados frente a la sede judicial de Pardo Gimeno 34, en el edificio Pardo Gimeno 41,
En febrero se iniciaron las obras de Adecuación de locales para juzgados en la calle Alona 26 y García Andreu 39, para ubicar dos juzgados y cinco consultas del Instituto de Medicina Legal de Alicante, con un presupuesto de 953.051 euros, y también comenzaron las obras de conservación y refuerzo de forjados en la Audiencia Provincial, con una inversión de 188.839 euros.
También se encuentran en ejecución la reforma de los ascensores ubicados en la entrada principal de la sede judicial de Pardo Gimeno, 43, (32.875 euros), las obras de sustitución del ascensor de la entrada del edificio de la sede judicial de Benalúa (41.417 euros) y en abril empezarán las obras de mejora de ventilación de la sede judicial Los Doscientos, con una inversión de 48.261 euros.
