Nueve personas serán juzgadas este jueves en la Audiencia de Alicante, en su sede de Elche, acusadas de introducir en España más de 32 kilogramos de cocaína procedente de Panamá, oculta en un envío de calentadores de agua y ventiladores eléctricos con destino a una dirección de Orihuela.
El juicio se ha fijado en la sección undécima de la Audiencia y se centra en una operación desarrollada en marzo de 2019. Entonces, las fuerzas de seguridad realizaron una entrega vigilada del cargamento sospechoso, que había llegado desde Panamá camuflado entre aparatos eléctricos.
Según el escrito de acusación, el envío tenía como destino final un domicilio de Orihuela. La Fiscalía sostiene que los nueve procesados formaban parte de la organización que habría planificado la entrada de la droga en territorio español a través de esta mercancía aparentemente legal.
Tras la entrega vigilada, los agentes han detenido a los presuntos implicados y han registrado varias viviendas vinculadas a ellos, situadas en los municipios de Torrevieja y Benferri. Durante estos registros se han intervenido distintos utensilios para preparar las sustancias para su venta, lo que, según la acusación, apunta a una actividad de distribución ya organizada.
En una de las viviendas, los investigadores también se han incautado de una pistola para la que los ocupantes no disponían de licencia. Este hallazgo ha añadido a la causa un delito de tenencia ilícita de armas, que se suma a los delitos de tráfico de drogas que ya se investigaban.
Penas solicitadas por la Fiscalía
La Fiscalía ha solicitado para los nueve acusados penas de prisión que oscilan entre los tres años y medio y los nueve años y medio. Les atribuye dos delitos contra la salud pública y un delito de tenencia ilícita de armas, en función del grado de participación y de los antecedentes de cada uno.
El Ministerio Público considera que la cantidad de cocaína intervenida y la forma en que se ha introducido en España evidencian una operación de tráfico a gran escala. Por ello, ha pedido la imposición de penas elevadas dentro de los márgenes que prevé el Código Penal para este tipo de conductas.
El juicio permitirá determinar el grado de implicación de cada uno de los procesados en la organización y en la operación concreta de marzo de 2019. La sentencia fijará si se confirman las penas solicitadas por la Fiscalía o si se modifican en función de las pruebas que se presenten durante la vista oral.
