Los grupos municipales socialista, Compromís y EU-Podemos en el Ayuntamiento de Alicante han exigido la comparecencia urgente del alcalde, Luis Barcala, en la comisión municipal que analiza el caso Les Naus. Además, las tres formaciones reclaman una sesión extraordinaria. Quieren que el primer edil ofrezca «todas las explicaciones necesarias» y han vuelto a pedir su dimisión.
La petición llega después de la comparecencia del exconcejal popular Antonio Gallego en la comisión de investigación de Les Corts. Gallego afirmó que la entonces edil de Urbanismo, Rocío Gómez, le comunicó en julio de 2024, instantes antes de un pleno municipal, que tenía una vivienda en el residencial Les Naus. En ese lugar se construyeron viviendas de protección pública sobre una parcela municipal enajenada.
La declaración de Gallego eleva la presión sobre el caso Les Naus
Según los grupos de izquierda, las informaciones conocidas en Les Corts «corroboran» que el equipo de gobierno del PP sabía que Rocío Gómez era cooperativista. Por ello, consideran que Barcala debe comparecer de forma inmediata en el Ayuntamiento. Quieren que aclare qué conocía el gobierno local, desde cuándo y qué decisiones se adoptaron tras tener esa información.
Rocío Gómez dimitió en febrero después de conocerse que figuraba entre las adjudicatarias de una de las viviendas protegidas del residencial Les Naus, ubicado en la zona de la Playa de San Juan. Además, el caso ha derivado en una investigación por posibles irregularidades en el proceso de adjudicación de estas VPP.
PSOE, Compromís y EU-Podemos sostienen que las nuevas declaraciones elevan la responsabilidad política del alcalde y del equipo de gobierno. Por otra parte, las tres formaciones consideran que Barcala debe asumir responsabilidades por un caso que, a su juicio, afecta a la gestión municipal del patrimonio público. También consideran que el caso afecta a la transparencia en el acceso a vivienda protegida.
El caso Les Naus continúa abierto tanto en el ámbito político como en el judicial. Mientras tanto, la oposición insiste en que el Ayuntamiento debe aclarar el papel de los responsables municipales durante todo el proceso. Además, debe depurar responsabilidades por la adjudicación de viviendas protegidas a personas vinculadas al entorno político y administrativo.
