La Guardia Civil ha localizado, oculto en el interior de una finca agrícola de San Miguel de Salinas, en Alicante, un corral en el que se mantenían veintinueve cabezas de ganado ovino y caprino sin ningún tipo de documentación ni control veterinario, y los animales han quedado inmovilizados a disposición de las autoridades sanitarias.
El hallazgo se produjo durante una inspección realizada por el Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Guardamar, enmarcada en los controles que se realizan de forma periódica sobre el uso de productos fitosanitarios y las condiciones sanitarias de las explotaciones agrícolas y ganaderas.
Al revisar un almacén agrícola, los agentes localizaron, oculto entre el arbolado de la finca, un corral vallado que contenía siete ovejas adultas, trece cabras y nueve cabritos.
El responsable de los animales no pudo aportar ningún tipo de documentación sobre los animales y manifestó que los mantenía para uso particular, según un comunicado de la Guardia Civil.
Ante esta situación, los agentes contactaron con el veterinario oficial de la Oficina Comarcal Agraria, acordándose la inmovilización cautelar del ganado hasta la intervención de las autoridades sanitarias competentes.
La ausencia de identificación, documentación y controles sanitarios impide garantizar la trazabilidad y el estado sanitario de los animales, aspectos esenciales para proteger la sanidad animal y la seguridad alimentaria.
La normativa obliga a inscribir las explotaciones ganaderas y establece sistemas de identificación, registro y trazabilidad para el ganado ovino y caprino, recuerda la Guardia Civil.
El ganado ha quedado inmovilizado en la propia finca a disposición de los Servicios Territoriales de la Consellería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Alicante, a quienes corresponde determinar su situación sanitaria antes de autorizar cualquier traslado.
La Ley de Ganadería de la Comunitat Valenciana contempla multas de entre 3.001 y 60.000 euros para las infracciones graves y de entre 60.001 y 1.200.000 euros para las muy graves, correspondiendo a la autoridad administrativa competente determinar la calificación de los hechos y, en su caso, la sanción aplicable.
La Guardia Civil ha informado de que mantiene de forma habitual este tipo de controles en explotaciones agrícolas y ganaderas para garantizar el cumplimiento de la normativa de sanidad animal y proteger la seguridad alimentaria de los consumidores.
