La Iglesia reconoce que puso indebidamente a su nombre cerca de un millar de bienes. Con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, la Conferencia Episcopal se vio obligada a hacer público el listado de bienes inmuebles que va inmatricular gracias a una ley de José María Aznar que le permitió hacerlo con tan solo una certificación eclesiástica.
A partir de la publicación de los 34.961 bienes (20.014 destinados al culto y 14.947 a diferentes usos) se puso en marcha una negociación entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal para analizar el listado y, después de varios meses de conversaciones, la Iglesia asume que 965 de esos bienes no le corresponden.
Ahora se iniciará el proceso de regularización mientras la comisión creada para examinar las inmatriculaciones continúa sus trabajos.
El acuerdo por el cual la Conferencia Episcopal reconoce que no es la legítima propietaria de esos bienes inmuebles que puso a su nombre entre 1998 y 2015 se ha sellado al máximo nivel en un encuentro que han mantenido Pedro Sánchez y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que es el responsable de las relaciones religiosas del Estado, con el presidente de los obispos, Juan José Omella.
Se trata del primer gran acuerdo conseguido por el Gobierno y la Conferencia Episcopal en el marco de las tres subcomisiones que se crearon con la llegada de Sánchez al poder: una para analizar el listado de los bienes que va inmatricular, otra para estudiar la fiscalidad y otra para la Obra Pía de Roma.
En el primer encuentro que mantuvieron Bolaños y Omella el mes de agosto, el recientemente nombrado ministro de Presidencia instó el cardenal a acelerar los trabajos sobre el listado de inmatriculaciones. Los detalles se ultimaron en una reunión que mantuvieron el pasado martes.
Ahora empieza la regularización
“La Conferencia Episcopal, en el contexto del diálogo con el Gobierno, ha hecho un estudio exhaustivo del mismo a través de consultas oportunas realizadas a las diócesis. Este estudio ha consistido en la catalogación de los bienes, su división por diócesis y verificación de los procesos de inmatriculación en cada uno de los bienes mencionados”, explica el comunicado conjunto de Moncloa y la Iglesia después del encuentro de este lunes:
“El análisis realizado por la Iglesia de este listado, en el marco de la mencionada Comisión, ha revelado, un conjunto de bienes que la Iglesia considera que pertenecen a un tercero o no le consta su titularidad sobre este”.
La Iglesia admite, por lo tanto, que va inmatricular indebidamente cerca de un millar de bienes. La mayoría son fincas (502 rústicas y 151 urbanas), pero también lugares de culto (179), viviendas (98) y cementerios (28). De los 965, la Iglesia reconoce que 757, a pesar de estar registras a su nombre, pertenecen a otro titular y que 208 de los bienes que va inmatricular sin corresponderle están ahora en manos de terceros porque los ha vendido o cedido, por ejemplo.
La identificación continúa
Después del reconocimiento por parte de la Iglesia, el siguiente paso será poner en manos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el listado por el que los correspondientes ayuntamientos puedan proceder a la identificación de los legítimos propietarios.
“La previsión es que el Gobierno pongo en conocimiento de las entidades locales y de los registros esta información y se puedan, de este modo, iniciar los procesos de regularización que, en su caso, pudieron corresponder. A tal efecto, la Iglesia manifiesta su compromiso de colaboración a fin de facilitar tales procesos”, señala el comunicado conjunto.
Sin embargo, los trabajos de la subcomisión continuarán, puesto que hay al menos 73 bienes sobre los cuales existen informaciones incompletas o contradictorias que tienen que continuar analizándose. Fuentes gubernamentales apuntan, además, al hecho que ese organismo puede servir para analizar reivindicaciones de personas que consideran que tienen el derecho de propiedad sobre algún bien que figura en el listado de inmatriculaciones sin que tengan que llegar a la vía judicial para su reclamación.
