El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha ratificado el compromiso del Consell para “seguir defendiendo el agua que necesita y merece nuestra tierra” y ha confirmado que el Ejecutivo autonómico se personará en la causa abierta por Xúquer Viu contra la adenda al convenio que regula el trasvase Júcar-Vinalopó “para que esta transferencia se mantenga”.
Mazón ha hecho este anuncio durante la apertura del VII Congreso Nacional del Agua en Elche, donde ha subrayado que el trasvase Júcar-Vinalopó “es fruto del consenso entre regantes y un ejemplo de solidaridad en el que todos los agentes implicados están cumpliendo con los compromisos adquiridos”.
Según ha defendido, esta infraestructura responde “a la razón y a criterios técnicos y científicos”, frente a “la política y el dogmatismo” del Gobierno central.
Avanza acciones conjunta entre provincias por el Tajo-Segura
Al respecto, el jefe del Consell ha reprochado que el Ejecutivo central “no haya aportado ni una sola razón técnica para cambiar las normas de explotación” del Tajo-Segura y ha advertido que su objetivo es “poner fin al trasvase en la provincia de Alicante”. Ha insistido en que esas modificaciones “no guardan relación con los caudales ecológicos del Tajo, que están garantizados y no corren peligro”, al tiempo que ha señalado que “no se ha registrado ningún incumplimiento” en este aspecto y que, en cambio, “sí se están efectuando desembalses excesivos que desperdician recursos de gran valor”.
El president ha denunciado la falta de diálogo del Gobierno en esta materia y ha reclamado “una gestión correcta de los embalses y la modernización de regadíos, incluyendo la construcción de balsas que optimicen el uso de las aguas derivadas a riego”. Ha considerado que estas actuaciones son “imprescindibles” para mejorar la calidad de las aguas y garantizar el equilibrio entre cuencas.
En relación con el trasvase Tajo-Segura, Mazón ha alertado de que su eliminación tendría un impacto “especialmente negativo” en Alicante, Murcia y Almería. Ha adelantado que la Generalitat impulsará un frente común con las autonomías afectadas, regantes y ayuntamientos, y ha recordado que las nuevas reglas de explotación supondrían “una pérdida patrimonial de 5.692 millones de euros”, con efectos directos en más de 27.000 hectáreas de regadío y la destrucción de más de 15.000 empleos. En Alicante, según ha indicado, los daños alcanzarían una reducción de la producción agrícola de 61 millones de euros y la pérdida de unos 1.700 puestos de trabajo.
Mazón ha puesto en valor la apuesta de la Comunitat Valenciana por el uso eficiente del agua, destacando los proyectos de modernización de regadíos y la reutilización de recursos hídricos. Ha recordado que la Generalitat destina este año 38,8 millones de euros a la mejora de sistemas de riego y que la inversión directa de casi 19 millones permitirá a la Comunitat “seguir siendo la primera región europea en volumen de agua reutilizada”.
Finalmente, ha agradecido la labor de todas las personas que trabajan por un futuro “en el que el agua siga siendo sinónimo de vida, prosperidad, protección ambiental y esperanza”.
