El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha avanzado que el Consell incorporará una modificación a la Ley de Simplificación Administrativa para endurecer los mecanismos de control en la adjudicación de Viviendas de Protección Pública (VPP), con el objetivo de asegurar que su asignación y uso se ajusten estrictamente a la normativa.
La propuesta contemplará mayores exigencias en materia de publicidad y transparencia, así como un refuerzo de los sistemas de supervisión. Además, y en respuesta a las demandas trasladadas por los alcaldes, se introducirá el arraigo como criterio de valoración en los procesos de adjudicación, lo que permitirá priorizar a los residentes del propio municipio en el acceso a este tipo de viviendas.
Pérez Llorca ha defendido que, ante la creciente preocupación ciudadana por el acceso a la vivienda —especialmente entre los jóvenes—, las administraciones deben actuar con responsabilidad y determinación para garantizar estabilidad y equidad. En este sentido, ha subrayado que el objetivo es promover la igualdad de oportunidades y favorecer que los vecinos puedan desarrollar su proyecto de vida en su entorno.
El president ha recordado que esta medida se enmarca en una estrategia más amplia de política de vivienda impulsada por la Generalitat, que incluye iniciativas como el Plan Vive, las ayudas al alquiler, el Bono Joven y los programas de regeneración y rehabilitación urbana dirigidos tanto a ayuntamientos como a particulares.
Los Presupuestos autonómicos en vigor destinan más de 304 millones de euros a estas actuaciones, con el propósito de reforzar la red de protección social y facilitar el acceso a una vivienda a los colectivos más afectados por la situación del mercado inmobiliario.
Asimismo, ha destacado el papel del Plan Vive como ejemplo de colaboración público-privada. A esta iniciativa ya se han adherido 319 municipios, lo que ha permitido promover más de 4.800 viviendas protegidas en la Comunitat Valenciana.
Finalmente, Pérez Llorca ha subrayado que el Consell está desarrollando una política integral que combina reformas fiscales, cambios normativos y simplificación administrativa para aportar seguridad jurídica y generar un marco favorable que incentive la promoción de vivienda protegida.
