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domingo, 3 marzo 2024

Educación defiende el distrito único por ‘garantizar la igualdad de oportunidades y eliminar barreras geográficas’

Los sindicatos alertan que ‘el hecho de que algunos centros pierdan matriculaciones y sufran un descenso de alumnado puede suponer una pérdida de grupos o líneas y, por consiguiente, de plazas docentes’

El director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, ha afirmado que el distrito único “garantiza la igualdad de oportunidades para todo el alumnado, elimina barreras geográficas, promueve la diversidad en las aulas y facilita la movilidad social”.

Cabo se ha manifestado así con motivo de la reunión de la mesa sectorial en la que se ha presentado a los sindicatos el proyecto que regula el proceso de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato en la Comunitat Valenciana. 

“La Comunitat Valenciana da un paso trascendental hacia la equidad educativa y la eficiencia administrativa con la presentación de un nuevo decreto que redefine el proceso de admisión de alumnado”, ha manifestado.

El director general ha explicado que el objetivo es que las familias “puedan elegir el centro educativo que consideren más adecuado, y por eso optamos por la implementación de un sistema de zona única, dejando atrás el enfoque previo basado en zonificación”.

“Este cambio estratégico responde a las limitaciones evidenciadas por el actual modelo de admisión, que ha afectado la libertad de elección de las familias y la inclusión efectiva de todo el alumnado en el sistema educativo”, ha señalado. Así, Jorge Cabo ha indicado que la delimitación zonal, “a pesar de su estructura, ha dado lugar a situaciones desfavorables para las familias que, aun residiendo en las cercanías de centros educativos, no pueden acceder a ellos debido a las restricciones geográficas impuestas por la zonificación”.

“Con el propósito de superar estas limitaciones, el nuevo decreto busca otorgar menos peso al criterio zonal y permitir que las familias elijan libremente el centro que mejor se ajuste a sus intereses y convicciones”, ha manifestado.

Simplificación burocrática

Este cambio en el paradigma de admisión se traduce en la simplificación del proceso, reduciendo la carga burocrática tanto para los centros educativos como para las familias. 

Además, se anuncia un innovador enfoque en el proceso de admisión, dividido en tres fases: ordinaria, extraordinaria y continua.

La fase ordinaria inicia el proceso estándar, la fase extraordinaria establece un procedimiento para la adjudicación de las plazas que han resultado vacantes en el proceso ordinario, y la fase continua se encuentra abierta durante todo el curso para atender escolarizaciones sobrevenidas, asegurando así, un acceso flexible y continuo.

“La propuesta consolida un proceso de admisión exclusivamente telemático, pero asegurando el acceso a aquellas familias que no dispongan de medios electrónicos o conocimientos suficientes”, ha explicado Cabo.

El director general ha subrayado que la presentación de este nuevo decreto “refleja un firme compromiso con la construcción de un sistema educativo más equitativo, inclusivo y adaptado a las necesidades del siglo XXI. Esta transformación se presenta como fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes y para fortalecer la base de la educación en la Comunitat Valenciana”.

CSIF insta a Conselleria a garantizar que el distrito único no provocará pérdida de grupos ni de plazas docentes en centros

El sindicato CSIF ha comunicado su petición de que no se elimine, con la aplicación del distrito único, ningún grupo ni línea ni plaza docente. La central sindical ha pedido que la Administración garantice que no se producirá esta situación. CSIF, por otro lado, ha trasladado su postura de no valorar una decisión política como es implantar el distrito único.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado de que “el hecho de que algunos centros pierdan matriculaciones y sufran un descenso de alumnado puede suponer una pérdida de grupos o líneas y, por consiguiente, de plazas docentes”.

El sindicato ha pedido hoy a Conselleria un compromiso para garantizar que esa situación no se producirá y que se mantendrá la calidad educativa asegurando para el próximo curso todos los grupos y líneas existentes en los centros educativos. La central sindical considera fundamental este factor para “garantizar la calidad educativa y la igualdad de oportunidades del alumnado”.

CSIF, además, insiste en una rebaja de ratios para el próximo curso con el objetivo de ofrecer la atención más personalizada posible para, de este modo, afrontar con más eficacia las necesidades educativas individuales del alumnado.

ANPE reclama a la Conselleria un procedimiento de admisión “equilibrado, sin discriminaciones y priorizando la educación pública”

Para el sindicato, Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza con independencia del modelo de admisión que se establezca, debe primar ante todas las cosas, y así debe de quedar garantizado en este nuevo decreto, “la distribución equilibrada del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo entre todos los centros sostenidos con fondos públicos, la no discriminación por cualquier causa, la garantización de recursos para la educación pública y la reducción de la burocracia que conlleva el procedimiento para los centros”. 

Así pues, un aspecto crítico que debería abordar el nuevo Decreto es que “el procedimiento garantice una distribución equitativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo”.

Esta equidad, junto a la asignación de recursos y apoyos necesarios, “es esencial para proporcionar una educación inclusiva que atienda las diversas necesidades de los estudiantes, evitando concentraciones excesivas de este tipo de alumnado en ciertos centros públicos y garantizando un acceso justo a los recursos necesarios, dando solución a la problemática actual”.

De igual modo, ANPE ha invitado a la administración a “afrontar este nuevo decreto con valentía para que se otorgue prioridad absoluta al funcionamiento de las unidades de los centros públicos“.

En este sentido, ANPE ha reclamado que se asegure que, “antes de proceder a la supresión o la suspensión de funcionamiento de alguna unidad de un centro público, se ejecute dicha medida en cualquiera de los centros concertados que haya en la misma localidad“.

Finalmente, ANPE ha pedido que “los procedimientos resultantes del nuevo proceso de admisión sean planificados de manera que permitan reducir la carga burocrática para los centros, dotándoles además del personal administrativo necesario para poder afrontar la carga de trabajo asociada”.