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domingo, 5 julio , 2020

Eduardo Dolón: “Desde la Diputación de Alicante respetamos la decisión judicial y mostramos nuestra colaboración”

Valoración de la apertura de una investigación por adjudicaciones del Patronato Costa Blanca en 2007 y 2008.

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El vicepresidente y diputado de Promoción Turística, Eduardo Dolón, ha manifestado hoy, tras conocerse la apertura de una investigación judicial por presuntas irregularidades en las adjudicaciones del Patronato de Turismo para Fitur en 2007 y 2008, que “desde el equipo de gobierno de la Diputación de Alicante mostramos, como lo hemos hecho siempre, nuestro máximo respeto hacia esta decisión judicial y ofrecemos nuestra colaboración para que este asunto se aclare lo antes posible”.

Dolón ha recordado que la denuncia de los hechos que ahora se van a investigar surge de la Comisión de Investigación impulsada por la Diputación de Alicante “en la que este equipo de gobierno ha actuado con total transparencia, facilitando en todo momento a la oposición todos y cada uno de los documentos que se no han solicitado”.

Finalmente, el actual vicepresidente del Patronato Costa Blanca ha resaltado que los hechos presuntamente irregulares que han sido denunciados tuvieron lugar en otra legislatura, ya que se hace referencia a adjudicaciones realizadas hace más de diez años.

Investigan adjudicaciones de la Diputación de Alicante para Fitur 2007 y 2008

La noticia se conocía esta mañana, al saberse que un juzgado ha abierto una investigación por las supuestas irregularidades denunciadas por Compromís en adjudicaciones del Patronato de Turismo Costa Blanca, dependiente de la Diputación de Alicante, para Fitur en 2007 y 2008, cuando la corporación provincial estaba presidida por José Joaquín Ripoll (PP).

Según un auto hecho público hoy, el magistrado José Luis de la Fuente, del Juzgado de Instrucción 7 de Alicante, va a citar a declarar como investigado (término que sustituye al de imputado tras una reforma legal) al director del patronato en esa época.

También citará como investigado al matrimonio compuesto por Javier Molinos y Mercedes Lasa, administradores de las empresas adjudicatarias: Equipamiento Integral para Stands Molinos SL y Exporiggin SL.

Compromís denunció hace un año ante la Fiscalía Anticorrupción un presunto fraude entre 2004 y 2008 por un montante global de 3,2 millones de euros en adjudicaciones a ambas mercantiles para la adjudicación de servicios y contratos para sucesivas ediciones de la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

La investigación que ha abierto ahora el juzgado de Instrucción 7 de Alicante se circunscribe a los años 2007 y 2008, pues los presuntos delitos cometidos en anteriores ejercicios habrían prescrito.

Los denunciantes presentaron setenta facturas y sus correspondientes expedientes que demuestran, según ellos, la existencia de contratos fraccionados ilegalmente, la “manipulación” de concursos públicos abiertos y “sobrecostes”, lo que podría ser constitutivo de delitos de prevaricación y fraude.

Las dos empresas adjudicatarias están administradas por un matrimonio del País Vasco “y nunca habían trabajado en el sector turístico”, sino que su objeto social se centraba en el ámbito inmobiliario, tal y como expuso Compromís.

Tanto Molinos como Lasa y sus empresas están encausados en otro procedimiento penal por la contratación de los expositores municipales de Orihuela para Fitur, una causa por la que la expresidenta comarcal del PP en la Vega Baja Pepa Ferrando se enfrenta a una petición de nueve años de cárcel.

Las adjudicaciones del Patronato de Turismo Costa Blanca bajo sospecha se realizaron cuando la Diputación de Alicante estaba gobernada por José Joaquín Ripoll, quien se enfrenta a una petición de Anticorrupción de 16 años de cárcel y 44 de inhabilitación por distintos delitos en el marco del ‘caso Brugal’.

El magistrado De la Fuente va a llamar a declarar como investigados a Lasa, Molinos y el entonces responsable del patronato turístico. Al mismo tiempo, a petición de la propia Fiscalía Anticorrupción, ha acordado remitir una parte de la causa a sendos juzgados de Benidorm y Dénia para que investiguen adjudicaciones a las empresas antes citadas de otros ayuntamientos alicantinos: Benidorm, Altea, Benissa, El Vergel y Teulada.

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