La Diputación de Alicante ha aprobado este miércoles la convocatoria del Plan +Cerca 2026. La línea de ayudas repartirá 8,8 millones de euros entre los 141 municipios de la provincia y tres entidades locales menores, en un pleno marcado por el choque entre el equipo de gobierno del PP y el PSOE a cuenta del uso de los remanentes, la crisis económica derivada del conflicto con Irán y la futura comisión de investigación sobre la gestión de los Bonos Comercio.
La sesión ha sacado adelante dos debates de fuerte carga política. Por un lado, la corporación provincial ha aprobado una moción del Grupo Popular para reclamar al Gobierno de España la suspensión de las reglas fiscales y la flexibilización del uso de los remanentes de tesorería. Por otro, el pleno ha abordado la creación de una comisión de investigación sobre los Bonos Comercio, donde el desacuerdo se ha centrado en quién debe comparecer y hasta dónde debe llegar la depuración de responsabilidades políticas.
El ejecutivo que preside Toni Pérez sostiene que la actual situación internacional, marcada por la guerra de Irán y sus posibles efectos económicos, justifica una medida excepcional similar a la adoptada en etapas anteriores, primero con la pandemia y después con la guerra de Ucrania. Según ha defendido el PP, esa suspensión permitiría movilizar en la provincia más de 1.000 millones de euros que ahora permanecen bloqueados y que podrían destinarse a inversiones y ayudas en los municipios.
La moción ha salido adelante con el apoyo de Vox y Compromís, mientras que el PSOE ha votado en contra. En paralelo, el Plan +Cerca 2026 sí ha sido aprobado por unanimidad, lo que ha permitido a todos los grupos respaldar una de las principales inyecciones económicas previstas por la institución para las entidades locales de la provincia.
La vicepresidenta primera y portavoz del equipo de gobierno, Ana Serna, ha vinculado ambos debates al defender que la Diputación podría ampliar su capacidad de respuesta si el Ejecutivo central levantara las restricciones actuales. Durante el pleno ha afirmado que podrían contar con más recursos «si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, baja a la tierra y nos permite usar los ahorros de los alicantino y alicantinas».
Serna ha recordado además que en la anterior legislatura, con las reglas fiscales suspendidas por la Covid-19 y posteriormente por la guerra de Ucrania, la Diputación pudo realizar una fuerte inversión en la provincia. En ese contexto, ha reclamado de nuevo al Gobierno central que permita recurrir a esos fondos retenidos. La portavoz popular ha defendido que «se hizo la inversión más grande en la historia de esta institución gracias a que pudimos utilizar nuestros remanentes, por lo que pedimos al presidente Sánchez que nos deje volver a poder hacer uso de nuestros ahorros», y ha añadido que, «a pesar de todas las zancadillas y a pesar de Pedro Sánchez, ahora hemos sido capaces de sacar adelante un Plan +Cerca de 8,8 millones de euros que van a aliviar las arcas municipales en el periodo estival».
También la vicepresidenta segunda y diputada de Hacienda, Marina Sáez, ha insistido en la justificación económica de la propuesta. Según ha expuesto, la crisis internacional está generando una «incertidumbre económica» que ya afecta a la calidad de vida de la ciudadanía. Por eso ha solicitado que, como ocurrió en crisis anteriores, se suspendan las reglas fiscales «para poder contar con recursos financieros para impulsar ayudas sociales, apoyo al comercio local y el mantenimiento de servicios públicos».
El PSOE ha rechazado frontalmente este planteamiento. Desde el grupo socialista sostienen que la moción del PP no responde tanto a una urgencia real como a una estrategia para desviar la atención de la gestión provincial. Según recoge su posición en el pleno, los socialistas consideran que esta iniciativa «solo es una excusa para tapar la falta de gestión de esta institución» y han denunciado además «la falta de planificación» y de «ejecución presupuestaria».
La aprobación unánime del Plan +Cerca 2026 ha quedado así envuelta en una lectura política muy distinta según el bloque que la interprete. Mientras el PP la presenta como una prueba de su compromiso con los ayuntamientos incluso en un marco restrictivo, el PSOE mantiene que el gobierno provincial dispone ya de instrumentos suficientes y que el problema radica en la gestión ordinaria y no en la imposibilidad de usar más remanentes.
El plan aprobado permitirá repartir más de 8,8 millones de euros entre los municipios de la provincia y las tres entidades locales menores. La Diputación lo plantea como una herramienta para aliviar las arcas municipales, especialmente de cara al periodo estival, cuando muchos ayuntamientos afrontan un incremento de gasto por refuerzo de servicios, actividades y atención a visitantes.
Carreteras, agua y accesos en la provincia
En materia de Ciclo Hídrico, la corporación ha aprobado dos convocatorias que suman 2.300.000 euros para financiar la realización, reparación, reforma y mejora de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento. Se trata de una de las partidas que la Diputación suele presentar como apoyo directo a competencias esenciales de los ayuntamientos, especialmente en pequeñas poblaciones con menos capacidad inversora.
En el área de Carreteras, el pleno también ha aprobado el Plan de Mejora de la Red Viaria Provincial, dotado con 3.419.000 euros; el Plan de Movilidad Peatonal Ciclista, con 792.500 euros; y el Plan Especial de Mejora de Accesos a Municipios, con 43.000 euros. Con estas decisiones, la institución ha completado una sesión centrada en reforzar distintas líneas de financiación local, aunque el foco político se ha desplazado hacia las mociones más controvertidas.
La comisión del Bono Comercio abre otro frente político
Uno de los asuntos más delicados del pleno ha sido la aprobación de la comisión de investigación sobre la gestión del programa Bono Comercio, una iniciativa planteada también por el Grupo Popular. La comisión estará integrada por 13 miembros de la corporación, con 7 representantes del PP, incluido el presidente, 4 del PSPV, 1 de Vox y 1 de Compromís, y contará con un plazo máximo de seis meses.
Durante el debate, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda con dos peticiones. La primera, fijar un mínimo de seis sesiones para garantizar actividad real en la comisión. Esa parte sí ha sido aceptada. La segunda, incorporar la comparecencia de Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio; Carlos Mazón, expresidente de la Diputación durante los años investigados; y el actual presidente provincial, Toni Pérez. Esa propuesta, sin embargo, ha sido rechazada.
La portavoz del equipo de gobierno, Ana Serna, ha explicado que no podía aceptarse esa parte de la enmienda «porque ello no es competencia del pleno de la Diputación, sino que será la propia comisión que se constituya la que decida quién comparece». Con esa respuesta, el PP ha defendido que el debate sobre las comparecencias debe resolverse en el seno del órgano una vez quede formalmente activado.
El rechazo ha provocado una dura reacción del PSOE, que interpreta esa negativa como un intento de limitar el alcance político de la investigación. El diputado socialista Raúl Ruiz ha criticado la postura popular y ha asegurado que «vuelven a dar la espalda a la transparencia y a la rendición de cuentas, bloqueando la comparecencia de quienes tienen mucho que explicar sobre la gestión de los bonos consumo».
Desde el equipo de gobierno han replicado que la tramitación del Bono Comercio «contó siempre con el respaldo de todos los grupos políticos» y que «cada ayuntamiento decidía desde su autonomía como gestionaba el bono consumo». Serna también ha recordado que las ayudas «estuvieron fiscalizadas en todo momento por el servicio de Intervención tanto del propio ayuntamiento como de la Diputación», en una defensa cerrada del procedimiento seguido.
Ese cruce de acusaciones convierte la futura comisión en uno de los focos políticos de los próximos meses en la Diputación, ya que el debate no se limita a la gestión técnica del programa, sino que afecta a la exigencia de responsabilidades y a la pugna entre gobierno y oposición por marcar el relato sobre el uso de fondos públicos.
L’Alqueria d’Asnar lleva la tensión al pleno
El pleno también ha estado marcado por la presencia de más de 30 vecinas y vecinos de L’Alqueria d’Asnar, que han acudido a la Diputación para respaldar la moción socialista sobre la situación institucional del municipio. Antes de la sesión, el Moviment Veïnal de L’Alqueria d’Asnar ha registrado además un documento apoyado por 240 firmas para reclamar una actuación urgente.
En ese escrito, los vecinos piden la provisión inmediata de una secretaría municipal habilitada, el restablecimiento del funcionamiento legal del Ayuntamiento y la convocatoria de un pleno extraordinario que permita tramitar una moción de censura conforme a la normativa vigente.
El diputado socialista Ismael Vidal ha defendido que el caso requiere una respuesta urgente por parte de la institución provincial y ha advertido de que «estamos ante una anomalía democrática que requiere una respuesta urgente por parte de la Diputación». En la misma línea, ha puesto en valor la movilización vecinal y ha subrayado que «los vecinos y vecinas están dando una lección de responsabilidad democrática, exigiendo algo tan básico como que su ayuntamiento funcione con normalidad y dentro de la legalidad».
El equipo de gobierno ha rechazado, no obstante, la premisa de que la Diputación sea la administración competente para resolver el problema. Ana Serna ha asegurado que la institución ha actuado con diligencia dentro de su marco legal y ha remarcado que este asunto corresponde a otras administraciones. Durante su intervención ha señalado que «hemos hecho todo lo que podíamos hacer, pero no podíamos extralimitarnos».
La vicepresidenta también ha insistido en el respeto a la legalidad y a la vía judicial abierta. «Nuestro más absoluto respeto por la legalidad democrática, somos conscientes del malestar, pero es un tema judicializado y, por tanto, somos absolutamente respetuosos y esperamos que se resuelva cuanto antes», ha afirmado Serna, que además ha acusado al Grupo Socialista de utilizar esta situación «para sacar rédito político».
En el mismo sentido se ha pronunciado el presidente de la Diputación, Toni Pérez, quien ha afeado al PSOE su forma de plantear el asunto. El dirigente popular ha acusado a los socialistas de actuar «haciendo política barata y enredando a la gente cuando esta Diputación no es competente en este asunto». Pérez ha defendido además que «la Diputación tiene su cometido y ha cumplido sobradamente… son otras administraciones en este caso las que tienen que hacer cumplir la ley».
El Tramnochador y otras mociones del pleno
La sesión de abril ha incluido además otras mociones de contenido sectorial. Entre ellas, una propuesta del PSOE para defender la mejora y ampliación del servicio Tramnochador en la línea Dénia-Benidorm, que no ha salido adelante después de que el equipo de gobierno sostuviera que la Generalitat Valenciana ya trabaja en esta cuestión.
El diputado socialista José Ramiro Pastor ha defendido esta iniciativa al considerar que el Tramnochador «es una herramienta fundamental para garantizar una movilidad segura, sostenible y accesible, especialmente para la gente joven y para quienes trabajan en el sector servicios», y ha añadido que «no se puede recortar ni debilitar un servicio público que contribuye directamente a reducir riesgos en carretera y a vertebrar nuestro territorio».
Sí ha prosperado, en cambio, la moción de Compromís para estudiar la creación de una línea de subvenciones destinada a la recogida de residuos marinos por parte del sector pesquero, después de incorporar una enmienda del Grupo Popular para analizar la situación y la viabilidad de esas ayudas.
Por el contrario, no ha salido adelante la propuesta de Vox para el apoyo urgente a la raza de cabra murciano-granadina en la provincia de Alicante, afectada por la paralización del transporte internacional, al entender el resto de grupos que no se trataba de una competencia propia de la Diputación.
