Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a dos personas, un hombre y una mujer, por apropiarse de más de 88.000 euros de una comunidad de vecinos y numerosa documentación de otras diez comunidades.
La investigación policial tuvo su inicio tras la denuncia de un varón en calidad de representante de una comunidad de vecinos de Alicante, que denunciaba que la persona que hasta ese momento había actuado como administradora de la finca no podía ser localizada de ninguna manera por los vecinos, teniendo en su poder toda la documentación de comunidad y sospechando que pudiera haber desaparecido voluntariamente tras desviar el dinero de la cuenta bancaria de la comunidad de vecinos a terceras cuentas bancarias.
Por si esto fuera poco, tres días después fue interpuesta otra denuncia, esta vez por una mujer, en calidad de presidenta de otra comunidad de vecinos también de la ciudad de Alicante, en la que denunciaba que la administradora de fincas que tenían contratada en su comunidad de vecinos había desaparecido con toda la documentación de la comunidad. Además, tenía la sospecha de que el dinero de la misma estaba siendo retirado o transferido a otras cuentas bancarias, y que el motivo por el que no había podido localizarla de ninguna manera se debía a que ésta había desaparecido de manera voluntaria.
Ante estos hechos los agentes de la Policía Nacional adscritos al Grupo Operativo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro de Alicante, iniciaron una investigación con estas dos denuncias, ya que la persona que actuaba como administradora de ambas comunidades de vecinos era la misma, tratándose de una mujer de 47 años de nacionalidad española.
A lo largo de la investigación los agentes relacionaron estas dos denuncias con hasta ocho denuncias más, y comprobaron que la principal investigada había transferido en primer lugar desde la cuenta bancaria de una de estas comunidades de vecinos a la cuenta bancaria de la empresa en la que trabajaba como administradora de fincas, alrededor de 43.000 euros mediante 98 transferencias bancarias.
Además de esto, en esa cuenta bancaria figuraba también como titular un varón, el cual tenía total conocimiento de que había sido transferido ese dinero a su cuenta bancaria.
Por otro lado, los agentes también comprobaron que se habían realizado otras 80 transferencias por un importe de cerca de 16.400 euros a la misma cuenta bancaria en la que figuraba como titular junto con el otro investigado, y otras 15 transferencias por un importe de 3.275 euros a una tercera cuenta bancaria en la que igualmente figuraban como titulares los dos investigados.
Además de haber realizado numerosas transferencias más por diferentes importes, la investigada mantenía en su poder numerosa documentación de todas estas comunidades de vecinos, motivo por el que se habían interpuesto algunas de las denuncias por parte de los representantes de estas comunidades.
Por si esto fuera poco, los agentes averiguaron durante la investigación que parte del dinero retirado de la cuenta de una de estas comunidades de vecinos había sido transferido nuevamente a otra cuenta que era propiedad de una tercera comunidad de vecinos. Tras contactar con el administrador de esa tercera comunidad de vecinos este manifestó que la administradora que tenían anteriormente se había apropiado de parte del dinero de la comunidad, pero finalmente no la denunciaron porque devolvió el dinero realizando una transferencia.
Casualmente los agentes pudieron comprobar que algunas de esas transferencias se habían realizado desde las cuentas bancarias de algunas de las comunidades de vecinos a las cuentas de otras comunidades de las que la principal investigada había extraído dinero sin autorización, realizando estas operaciones para evitar ser denunciada.
Finalmente los agentes identificaron plenamente a los dos investigados, un hombre y una mujer de 52 y 47 años de edad respectivamente, ambos de nacionalidad española, siendo localizados y detenidos por la presunta comisión de un delito de apropiación indebida.
Los agentes recuperaron numerosa documentación de varias comunidades de propietarios de las que la detenida había sido administradora, y entre esa documentación diez libros de actas que fueron devueltos a los presidentes de las respectivas comunidades de vecinos.
Todas las actuaciones fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alicante.
