El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha celebrado la decisión del Gobierno de aceptar su recomendación para que se reconozca la covid-19 como enfermedad profesional en los sanitarios, en lugar de como accidente de trabajo.
La Institución dirigió una recomendación en este sentido el pasado mes de octubre al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tras recibir una queja colectiva de la asociación de médicos y titulados superiores de Madrid (AMYTS).
En opinión del Defensor, el personal que desempeña su actividad en centros sanitarios y sociosanitarios constituye la punta de lanza sanitaria frente a la pandemia de la covid-19. Por ello, es el colectivo de personas objetivamente más expuestas al riesgo de contraer la covid-19 y el que tiene, de hecho, un mayor porcentaje de población contagiada.
Así, la Institución defendió la necesidad de que para estos profesionales se considere que la covid-19 no solo sea accidente de trabajo a efectos de la prestación económica por incapacidad temporal, como sucede con carácter general para cualquier trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, sino como accidente de trabajo, a efectos de Seguridad Social (incapacidad temporal, incapacidad permanente, muerte y supervivencia y asistencia sanitaria).
De esta forma, y en línea con otros países de nuestro entorno como Francia o Alemania, la calificación de enfermedad profesional otorga a los profesionales sanitarios la mayor protección social posible en caso de padecimiento de la citada enfermedad infecciosa, sobre todo para las secuelas a largo plazo (más de cinco años desde el contagio), algo que a día de hoy no debería descartarse.
