La magistrada que investiga las supuestas irregularidades en la adjudicación de las viviendas de protección pública de Les Naus, en la Playa de San Juan de Alicante, ha iniciado este miércoles la ronda de declaraciones testificales con la comparecencia de tres responsables de la Conselleria valenciana de Vivienda.
Las declaraciones han comenzado a las 10.17 horas ante la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, en una sesión en la que también han estado presentes la Fiscalía Anticorrupción y los letrados del PSPV-PSOE y Ciudadanos como acción popular.
Primeras comparecencias en la investigación
En esta primera jornada han sido citados el director territorial de la Conselleria en Alicante, Juan Manuel Galbis; la jefa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante, Concepción Morillas; y el secretario territorial adjunto de Vivienda, Vicente Caturla. Está previsto que los tres sean interrogados a lo largo de la mañana.
Antes del inicio de la sesión, a las puertas de los juzgados de Benalúa, el abogado de Ciudadanos, Eduardo García Ontiveros, ha señalado ante los periodistas que estos tres testigos son los primeros de una relación más amplia de comparecientes con los que se pretende aclarar lo sucedido en la promoción residencial Les Naus.
Según ha sostenido el letrado, en este caso podría haberse producido “un botín para unos pocos”, en referencia al reparto de estas viviendas protegidas. También ha criticado que, mientras el acceso a la vivienda pública resulta muy difícil para gran parte de la ciudadanía, en esta promoción las adjudicaciones se habrían realizado, según su versión, “saltándose todos los requisitos, sobre todo de documentación y económicos” de los beneficiarios.
Dimisiones y expedientes tras el caso
La investigación sobre Les Naus ha provocado en las últimas semanas una fuerte crisis política en el Ayuntamiento de Alicante, con varias dimisiones y la apertura de expedientes internos.
Entre las salidas ya producidas figuran la de la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez; la de la directora general municipal, María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino adquirieron una VPP; y la del jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Miguel Ángel Sánchez.
Además, varios funcionarios han sido apartados de sus responsabilidades o han quedado sujetos a expediente, entre ellos dos técnicos de Urbanismo.
