Un hombre ha sido condenado en Alicante a cuatro años de prisión por aprovecharse del deterioro cognitivo de su padre, de avanzada edad, para vender una casa de su propiedad sin su consentimiento para apropiarse de los 90.000 euros obtenidos.
Los hechos objeto de juicio tuvieron lugar entre los meses de marzo y julio de 2022, cuando el padre del procesado contaba con 78 años y, según la sentencia de la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante, el procesado se fue a vivir al domicilio de su padre en Calpe.
Se hizo con su confianza y abusó de la situación de vulnerabilidad del progenitor, debido a su patología y su avanzada edad, para apoderarse de sus cartillas, de sus tarjetas de crédito y de los datos de acceso on line de las cuentas que poseía en dos entidades bancarias.
Hechos
Además, detalla que el 13 de mayo llevó a su padre a la notaría donde consiguió que firmase un poder especial que le otorgaba facultades para gestionar sus fondos con la posibilidad de retirar fondos, acordar transferencias y realizar compras.
Con ello, según la sentencia, se apropió de las cuentas “nombrándose apoderado”, lo que propició que realizase distintas extracciones de dinero que sumaron 7.500 euros. Y después vendió la vivienda propiedad de su padre situada en la calle Pintor Gutiérrez Solana en la ciudad de Santander por la cantidad de 90.000 euros.
Aunque el importe de la venta se ingresó inicialmente en la cuenta a nombre de su padre, hizo extracciones bancarias por esa cantidad entre el 7 de junio y el 15, y el 18 y el 20 de julio, tras las cuales el perjudicado perdió todo su patrimonio y pasó a depender de su pensión para afrontar su manutención y gastos futuros.
Admisión del delito
El acusado admitió las extracciones durante su declaración en el juicio, aunque aseguró que el dinero lo entregaba después a su padre sin que ello haya quedado probado en ningún recibo u otro tipo de documento. Tanto el perjudicado como la hermana del acusado lo han negado.
En una sentencia recurrible en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en diez días, se le considera autor de un delito de apropiación indebida por el que le impone la pena de cuatro años de prisión, además de la pena de multa de 12 meses con cuota diaria de 6 euros, así como una compensación de 7.500 euros y la posibilidad de abrir acciones legales en la jurisdicción civil respecto a la venta de la vivienda.
