CCOO y UGT han forzado a Correos a la contratación de 7.284 contratos que la empresa había amenazado con su no renovación. Ambos sindicatos han advertido que en la compañía pública no se dan las condiciones para la rescisión de contratación.
Señalan que, de no haber renovado los contratos, la curva de contagios en la compañía, ya de por sí muy alta, se hubiera disparado al no poder rotar el resto de la plantilla y al aumentar, en consecuencia, su alto riesgo de contagio de una plantilla en contacto permanente con decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas.
CCOO y UGT advierten sobre el uso abusivo de estos trabajadores/as temporales para cubrir otras actividades que vayan más allá de la esencial, o la aplicación de condiciones de prevención y seguridad distintas a las del resto de la plantilla fija.
Por otra parte, ambos sindicatos reiteran que miles de trabajadores/as de todo el Estado siguen sin Equipos de Protección Individual (EPI): sin geles, sin guantes y sin mascarillas, en una empresa que ha superado los 2.000 trabajadores/as en cuarentena 90 en la Provincia de Alicante y los 600 positivos entre 15 y 19 en Alicante. Así, han exigido EPI para todos y todas las trabajadoras, fijos y eventuales.
En este sentido, CCOO y UGT denuncian que en Madrid, Málaga, Granada, Cádiz, Huelva, Sevilla, Ciudad Real, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Badajoz, SC de Tenerife, Salamanca, Segovia, Asturias o Palencia, entre otras, se han producido casos de centros de trabajo en los que la empresa ha incumplido las cuarentenas, obligando a sus plantillas a incorporarse a sus puestos y al reparto de cartas y paquetes, y muchos otros en los que se ha tenido que parar la actividad porque multitud de trabajadores/as no cuentan a día de hoy con los medios de protección necesarios (guantes, geles desinfectantes y mascarillas), exigidos por las autoridades sanitarias, con el consiguiente riesgo para su salud y la de la ciudadanía.
CCOO y UGT vuelven a acusar a Correos de manipular la información al presentar a los medios como consensuado un procedimiento que ha contado con un desacuerdo del 85% de representación sindical al saltarse la Ley y el Convenio vigente en la formalización de los más de 7.284 contratos. Ambos sindicatos estudian medidas legales al respecto.
