Una exempleada de una entidad bancaria de Rojales, en la provincia de Alicante, afronta este miércoles un juicio en la Audiencia Provincial en el que la Fiscalía ha solicitado 12 años de prisión. El ministerio público la acusa de haber contratado una tarjeta de crédito a nombre de unos clientes sin su conocimiento y de haber realizado durante más de una década más de 160 cargos no autorizados por un importe cercano a los 900.000 euros.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la vista oral está señalada a partir de las 9.30 horas en la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Alicante.
La causa se centra en unos presuntos delitos continuados de apropiación indebida agravada y falsedad documental.
La acusación sostiene que la extrabajadora abrió la tarjeta de crédito sin el consentimiento de los clientes afectados. A partir de ese momento, habría efectuado 163 cargos entre los años 2006 y 2017, aprovechando la relación de confianza que mantenía con las víctimas como empleada de la sucursal.
De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, el supuesto beneficio económico obtenido por la acusada asciende al menos a 895.000 euros.
Esa cantidad correspondería a los movimientos cargados a la tarjeta durante esos once años, siempre según la versión del ministerio público, que considera que la operativa se prolongó en el tiempo gracias a esa confianza previa y a la condición de trabajadora de la entidad.
En el juicio está previsto que declaren las personas perjudicadas, así como representantes de la entidad bancaria y peritos que han analizado la documentación contractual y los movimientos de la tarjeta. El tribunal deberá determinar si existió o no autorización de los clientes, si se falsificó documentación y si los cargos respondían realmente a operaciones legítimas o, como sostiene la Fiscalía, a una apropiación indebida mantenida en el tiempo.
