El Pleno del Consell ha aprobado la modificación del Decreto 62/2017 por el que se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia en las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas.
El objetivo de esta modificación es fomentar la autonomía de las personas en situación de dependencia mediante servicios y prestaciones que favorecen la permanencia en el entorno de las personas y la desinstitucionalización, garantizando la libre elección de las personas ante la cartera de servicios, recogiendo así la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Asimismo, la entrada en vigor de la Ley 3/2019 de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana ha supuesto la reestructuración del sistema público valenciano de servicios sociales y la configuración del catálogo y carteras de prestaciones del sistema público valenciano de servicios sociales, lo cual hace necesario adaptar la terminología empleada en el Decreto 62/2017.
Por todo ello, el nuevo decreto regula de manera clara y detallada el contenido de los servicios y prestaciones económicas para la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, con especial mención a la Prestación Vinculada de Garantía, como mecanismo que asegura y garantiza a todas las personas que no puedan quedar nunca privadas del derecho a obtener una plaza residencial.
Principales novedades
Entre las novedades introducidas por el decreto aprobado por el Consell destaca la ampliación de la figura de la Persona Profesional Asistente Personal, así como la aclaración normativa en cuanto a su tipología, requisitos y tipos de prestaciones, haciendo especial hincapié en la regulación de la figura de la Persona Profesional de Asistencia Terapéutica Infantil (PATI).
Asimismo, se mejora el Servicio de Ayuda a domicilio (SAD) y en el importe de su Prestación Vinculada (PVS-SAD); y se incrementa un 33% la cuantía máxima de la prestación de cuidados en el entorno familiar por parte de personas cuidadoras que no son familiares, con cargo a los fondos de la Generalitat.
Por otra parte, con el fin de garantizar un adecuado servicio de atención residencial y garantizar el acceso a este, en la prestación vinculada de garantía se limita el precio del mismo al coste de referencia.
El decreto aprobado recoge también el contenido del acuerdo de 28 de enero de 2019 entre la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y las conselleries de Educación, Cultura y Deporte y Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo para impulsar un plan de actuación dirigido a las personas cuidadoras en el entorno familiar que desean integrarse laboralmente en el sector profesionalizado de atención a personas en situación de dependencia y no disponen de una calificación profesional específica en este sector.
Además, se recogen algunas otras modificaciones que afectan al servicio de prevención y promoción de la autonomía personal, tanto en lo referente a la acreditación como la intensidad de este y las compatibilidades, presentando mayor sensibilidad hacia la atención centrada en las personas, que van a permanecer en sus domicilios atendidas con calidad.
