La portavoz del Consell, Ruth Merino, ha calificado de “beligerancia” y “actitud poco constructiva” del Gobierno su anuncio de estar valorando recurrir al Tribunal Constitucional las proposiciones de ley valencianas de Concordia, que sustituiría a la actual de Memoria Democrática, y de Libertad Educativa.
Tanto ella como el president Carlos Mazón han rechazado que el nuevo texto, que ampliará su ámbito normativo desde 1931, y que están impulsando también otros gobierno autonómicos con respaldo de VOX, trate de blanquear el franquismo.
Ambos han recordado que el texto no está aprobado todavía y se encuentra en fase de tramitación parlamentaria y para Merino “sería más útil” para la ciudadanía abordar la reforma de una ley que “no solo está ya aprobada, sino que lleva diez años caducada” como la de financiación autonómica.
En declaraciones realizadas en la rueda de prensa posterior al pleno del Ejecutivo valenciano, la también consellera de Hacienda ha recordado en este sentido el perjuicio económico que tiene para la Comunitat Valenciana el retraso en cambiar un sistema de financiación que afecta diariamente de forma negativa a la sanidad, la educación y los servicios sociales, y ha criticado también que no exista desde hace meses “ningún contacto” ni “notificación oficial” en este ámbito.
Asimismo, la consellera ha mostrado también su preocupación por el hecho de que todavía no haya ninguna comunicación sobre la actualización de las entregas a cuenta que, tal y como ha recordado, el Consell viene exigiendo “desde hace muchísimo tiempo”.
Sobre el rechazo del Gobierno a la proposición de Ley de Concordia, ha subrayado que lo que debería el Ejecutivo estatal explicar es por qué “no quiere” que se amplíe el derecho a reconocimiento a las víctimas del terrorismo de ETA.
Por su parte, el presidente de la Generalitat a preguntas de la prensa sobre si reconocía el franquismo como una dictadura ha respondido “por supuesto, así es”. Y ha defendido la propuesta de Ley “que lo que busca es la concordia” y “creo que es muy positivo que consideremos por ampliación a víctimas de violencia política. Creo que es positivo que ampliemos, consolidamos lo preexistente que es lo que hacemos, pero ampliemos también a las víctimas de ETA en la Comunidad Valenciana”. Así, ha señalado que en la Comunitat Valenciana hay 11 víctimas de ETA con crímenes no resueltos. “Si eso le parece inconstitucional al Gobierno de España va a tener que explicarlo el Gobierno de España”.
En este sentido, ha arremetido contra el Ejecutivo del presidente Sánchez. “Los criterios de constitucionalidad o no del Gobierno de España los conocemos hace mucho tiempo. Porque tan pronto cambian de opinión como resulta que la Amnistía es constitucional. Luego no lo es y, por tanto, lecciones de coherencia constitucional el Gobierno de España tiene difícil darlas”.
