La Diputación de Alicante ha celebrado este lunes la sesión constitutiva de la Comisión de Investigación sobre la gestión del Bono Consumo, una reunión en la que se ha aprobado el calendario de sesiones y la propuesta de comparecencias que se desarrollará durante las próximas semanas.
La primera intervención tendrá lugar el próximo lunes con la comparecencia, a petición propia y de forma voluntaria, del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, Carlos Baño.
La propuesta del PP sale adelante con apoyo de Compromís y Vox
Durante la sesión, los grupos han votado las distintas propuestas de comparecientes y finalmente ha salido adelante la planteada por el Grupo Popular, con el apoyo de Compromís y Vox. Según ha defendido la presidenta de la comisión y portavoz del PP, Ana Serna, los comparecientes deben ser, en primer lugar, los alcaldes de los ayuntamientos que contrataron con Facpyme la gestión del bono comercio.
Serna ha sostenido que son cerca de una veintena los consistorios que optaron por este servicio. Por ello, los populares han solicitado, con el respaldo de los grupos de la oposición salvo el Grupo Socialista, que comparezca en primer lugar el alcalde de Elda, Rubén Alfaro.
Críticas del PP al PSOE por pedir la comparecencia de Barcala
La vicepresidenta primera de la Diputación también ha cuestionado la petición del grupo socialista para que comparezca el alcalde de Alicante, Luis Barcala, al considerar que el Ayuntamiento de Alicante no gestionó en ningún momento el bono comercio con Facpyme.
Además, Serna ha asegurado que el objetivo de esta comisión es evitar que “el buen nombre de esta institución no quede manchado” y ha acusado al Grupo Socialista de querer “hacer ruido” en un contexto preelectoral.
La Diputación defiende su actuación en el programa
Por otra parte, la diputada popular ha vuelto a defender la actuación de la Diputación en este programa, al señalar que la institución se limitó a poner en marcha una iniciativa que, según ha destacado, contribuyó a dinamizar la economía en un momento complicado.
En este sentido, ha explicado que las ayudas se concedieron a los ayuntamientos conforme a unas bases aprobadas por todos los grupos políticos y que fueron los propios consistorios los que decidieron de forma autónoma cómo gestionar el programa, con la correspondiente fiscalización.
