El Grupo Socialista de la Diputación de Alicante ha registrado sus conclusiones sobre la Comisión de Investigación de los Bonos Consumo y ha acusado al Partido Popular de haber utilizado su mayoría para impedir, según sostiene, que el órgano aclarase todas las responsabilidades políticas sobre la gestión de este programa de ayudas al comercio local.
El informe socialista, que se expondrá en la última sesión de la comisión, defiende que los bonos consumo constituían una herramienta útil para apoyar al comercio de proximidad. Sin embargo, el grupo provincial considera que el modelo de gestión impulsado durante la presidencia de Carlos Mazón favoreció la dispersión administrativa, redujo el control público y abrió la puerta a la intervención de empresas intermediarias vinculadas, según denuncia, a su entorno político y personal.
El diputado provincial socialista Raúl Ruiz ha afirmado que “las conclusiones son contundentes y apuntan a una responsabilidad política evidente. Los bonos consumo eran una buena idea, pero el Partido Popular diseñó un sistema que permitió que una empresa vinculada al entorno de Carlos Mazón hiciera negocio con fondos públicos destinados a ayudar al comercio local”.
El informe socialista cuestiona el modelo de gestión
Según las conclusiones registradas por el Grupo Socialista, la Diputación renunció a implantar una plataforma única para todos los municipios. A juicio de los socialistas, esta decisión obligó a los ayuntamientos a recurrir a contratos menores y convenios que encarecieron la gestión y dificultaron la fiscalización pública.
El documento socialista también señala a Nexo Retail Alicante SL, administrada por Carlos Baño, y sostiene que obtuvo beneficios extraordinarios mediante un sistema que permitió su implantación en numerosos municipios. El grupo provincial subraya que se trataba de una empresa recién creada y, según sus conclusiones, sin experiencia previa acreditada en este ámbito.
Además, el Grupo Socialista afirma que FACPYME actuó como “paraguas institucional” de una operativa que, según sostiene, terminó beneficiando de forma reiterada a la misma empresa. Los socialistas también apuntan que existían alternativas más económicas y transparentes, como el modelo aplicado por el Ayuntamiento de Benidorm mediante la contratación directa de la plataforma tecnológica.
Ruiz ha insistido en esa idea al señalar que “la Diputación tenía la posibilidad de implantar un modelo único, transparente y competitivo para toda la provincia, pero decidió fragmentar la gestión municipio a municipio, generando un escenario perfecto para la opacidad y la intermediación”.
Críticas al desarrollo de la comisión
El diputado socialista también ha lamentado que la comisión “no haya podido cumplir plenamente con su función de esclarecimiento” y ha atribuido esa situación al “bloqueo” ejercido, según denuncia, por la mayoría absoluta del Partido Popular.
En este sentido, Ruiz ha sostenido que “esta comisión ha sido, en gran medida, una oportunidad perdida. Carlos Baño acudió a la comisión, pero se negó a responder las preguntas de los grupos políticos, vaciando de contenido una de las comparecencias más importantes. Y, además, Carlos Mazón ni siquiera ha comparecido para explicar por qué impulsó un modelo que terminó beneficiando a su entorno más próximo”.
El representante socialista también ha criticado que las sesiones no se hayan abierto a los medios de comunicación. Según ha defendido, “desde el Grupo Socialista seguimos considerando que las sesiones deberían haber sido abiertas a los medios de comunicación. La ciudadanía tenía derecho a conocer de primera mano las explicaciones de los responsables políticos y de los comparecientes en un asunto que afecta a la gestión de millones de euros de dinero público”.
Los socialistas piden explicaciones políticas
El Grupo Socialista considera que los costes de gestión se multiplicaban allí donde intervenían empresas vinculadas al entramado investigado. En cambio, según sus conclusiones, los municipios que contrataron directamente el servicio obtuvieron resultados significativamente más económicos.
Ruiz ha afirmado que “aunque el Partido Popular haya utilizado su mayoría para impedir comparecencias esenciales y limitar el alcance de la investigación, las conclusiones socialistas dejan acreditadas suficientes evidencias políticas para exigir explicaciones a quienes diseñaron y permitieron este modelo de gestión”.
El diputado ha concluido que “el cierre de la comisión no supone el cierre de las responsabilidades. Seguiremos exigiendo transparencia, rendición de cuentas y explicaciones sobre un sistema que, lejos de priorizar el interés general, terminó favoreciendo intereses particulares vinculados al entorno de Carlos Mazón”.
