La polémica por el vídeo de una intervención policial durante una protesta de profesores en València ha sumado una nueva reacción. La Confederación Española de Policía (CEP) ha contestado a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, después de que anunciara una investigación para «depurar responsabilidades» y calificara las imágenes de «inaceptable».
La respuesta del sindicato policial se centra en tres ideas: la defensa de la presunción de inocencia, los límites del derecho de manifestación y la protección del trabajo de la Policía Nacional durante las movilizaciones docentes. La CEP considera que Bernabé se ha pronunciado de forma precipitada sobre unos hechos que todavía deben analizar los órganos competentes.
Un choque directo por la investigación
La delegada del Gobierno manifestó que los hechos se investigarán «de forma exhaustiva para depurar responsabilidades». La CEP ha replicado que esa tarea no corresponde a Bernabé, sino a los organismos competentes.
«Tú no vas a investigar nada. Lo harán los órganos competentes, que decidirán algo que tú ya das por sentado, que es la culpabilidad de alguien. Luego pedimos respeto a la presunción de inocencia en otros ámbitos…», ha señalado el sindicato policial.
La organización también ha cuestionado la afirmación de Bernabé sobre el derecho de manifestación. La delegada sostuvo que «proteger el derecho a manifestarse con seguridad está por encima de cualquier circunstancia». La CEP rechaza ese planteamiento y defiende que la seguridad pública debe tenerse en cuenta en cualquier protesta.
«El derecho a manifestarse no es absoluto. Es mentira lo de que está por encima de cualquier otra circunstancia. La seguridad es para todos. Y sobre todo si se está poniendo en riesgo vidas propias y ajenas cortando el tráfico», ha indicado la organización.
El sindicato policial ha dirigido además una crítica directa a Bernabé por sus palabras sobre el impacto de este episodio en el conjunto de la Policía Nacional. La delegada afirmó que lo ocurrido era «un hecho totalmente incomprensible que empaña el trabajo de la Policía en estas tres semanas de manifestaciones, en coordinación con los sindicatos convocantes».
La CEP ha respondido que «el trabajo de la Policía no se empaña» y ha añadido que está «muy por encima de cargos políticos como tú, que corres a sacar pecho con nuestros éxitos en ruedas de prensa pero tardas ‘cero coma’ en juzgar y sentenciar». El sindicato ha cerrado su mensaje con una pregunta de carga política: «¿Quizás porque en 2027 hay elecciones municipales?».
El vídeo y la reacción educativa
Las imágenes que han originado la controversia muestran a una mujer de espaldas, caminando por la calzada, cuando un agente de la Policía Nacional, con casco, corre hacia ella y la golpea con la porra. La mujer cae al suelo tras el impacto. El vídeo ha circulado por redes sociales en pleno conflicto por la huelga docente en la enseñanza pública valenciana.
La difusión de las imágenes ha provocado reacciones de distintos sectores de la comunidad educativa. La Confederación Gonzalo Anaya, que agrupa a FAMPA Castelló Penyagolosa, FAMPA València y FAMPA Enric Valor de Alicante, ha condenado «rotundamente» la agresión policial sufrida por la profesora.
La entidad ha considerado que se trata de hechos «de máxima gravedad que no pueden tener cabida en una sociedad democrática». También ha subrayado que resulta «especialmente preocupante» que una agresión pueda producirse por parte de «quien tiene la obligación de proteger y garantizar la seguridad de la ciudadanía».
Según la organización, este tipo de actuaciones provocan un grave perjuicio a la víctima y, además, «erosionan la confianza en las instituciones y atentan contra los valores de respeto y convivencia que deben presidir nuestra sociedad».
FAMPA Castelló Penyagolosa ha expresado su «rechazo absoluto y su profunda indignación» ante lo que ha calificado como una «desproporcionada agresión policial». La federación ha denunciado que considera «intolerable e inaceptable que se responda con violencia a las legítimas reivindicaciones pacíficas de la comunidad educativa».
El presidente de la entidad, Vicente Gumbau, ha declarado: «No debemos apartar la mirada y hoy hay que denunciar públicamente la agresión policial».
Reclamación para cerrar el curso con garantías
Más allá de la condena a los hechos, la Confederación Gonzalo Anaya ha reclamado una salida al conflicto educativo. La entidad ha reiterado la preocupación de las familias por la lentitud de las negociaciones que afectan a la comunidad educativa.
La organización ha pedido «soluciones que permitan afrontar con garantías el final de curso y la preparación del próximo». En su comunicado, ha recordado que las familias no dan el curso por terminado porque siguen pendientes procesos relevantes como la evaluación del alumnado, la admisión escolar y otras cuestiones que afectan directamente a los centros educativos.
«Las familias no damos el curso por terminado cuando todavía quedan procesos tan importantes como la evaluación del alumnado, la admisión escolar y otras cuestiones pendientes que afectan directamente a los centros educativos y a las familias», ha expresado la Confederación.
Por ello, ha reclamado a la Conselleria de Educación que «abandone los bloqueos y las líneas rojas y asuma una negociación real, ágil y efectiva con los representantes sindicales».
