El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha reaccionado hoy ante la presentación del recurso contencioso-aministrativo por parte del grupo Unides-Podem ayer, martes 22 de marzo, por el que pide suprimir dos artículos de la ordenanza de convivencia cívica relativos a la prostitución y a la mendicidad. Los artículos sobre los que deberá dirimir el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana son el 22 bis y el 26 sobre la prohibición de dormir en la calle y la sanciones a mujeres por ejercer la prostitución. El primer edil ha señalado que espera “que en el recurso no hagan mención a sanciones homófobas ni LGTBI ni atentados contra mujeres porque no existen en la ordenanza”
El objetivo es “identificar las situaciones en la vía pública que requieren intervención de los servicios sociales”, ha manifestado Barcala y para ello trabajará de manera conjunta policía y trabajadores sociales. El Ayuntamiento va a trabajar en la detección de los puntos donde se producen “más conflictos, más vandalismos y más mendicidad coactiva donde sabemos los puntos donde operan las mafias de la prostitución y de la mendicidad y establecidos esos puntos empezar a actuar”. El siguiente paso es que “los servicios sociales puedan dar respaldo y que tengan una alternativa”.
El portavoz de Unides-Podem, Xavier López, considera que con esta normativa “se están vulnerando derechos fundamentales, especialmente, de las personas sin hogar y en situación de prostitución” y las sanciones “les condena a no poder salir de la espiral de la pobreza”. Unas manifestaciones que el equipo de Gobierno, ha desmentido señalando sobre la conocida como “ordenanza de la vergüenza” que actúa contra las mafias de la prostitución y la mendicidad.
