Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Aspe a tres personas de origen rumano por la presunta comisión de los delitos de trata de seres humanos, extorsión, grupo criminal y delito contra el derecho de los trabajadores, que mantenían retenidos bajo coacciones y explotados laboralmente en fincas agrícolas a cuatro conciudadanos suyos.
Las autoridades rumanas dan la voz de alerta
La investigación policial tuvo su inicio a raíz de una información recibida de carácter urgente por parte de las autoridades de Rumanía que informaban sobre la posible retención de ciudadanos rumanos por parte
de un grupo criminal que los estaba coaccionando y explotando laboralmente en terrenos agrícolas de nuestra geografía, señalando concretamente a la localidad alicantina de Aspe como punto en los que se estaban llevando a cabo estos delitos.
Ante la gravedad de los hechos, los agentes de la Policía Nacional adscritos al Grupo 2º de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Comisaría Provincial de Alicante se hicieron cargo de la investigación, llevando a cabo una serie de gestiones a través de las cuales averiguaron la localización concreta de la finca en la que estas personas estaban siendo explotadas laboralmente.
Explotados laboralmente en fincas agrícolas
Los agentes pudieron observar a un varón que trasladaba a otros dos hombres desde un domicilio en Aspe (Alicante) a la finca agrícola. A continuación, los agentes se desplazaron a la finca agrícola donde identificaron a los dos varones que habían sido trasladados anteriormente a la finca junto a un tercer varón que manifestó ser el propietario de la explotación agrícola y tener como empleados a los otros dos hombres, siendo todos ellos de nacionalidad rumana. Además, rápidamente enseñó a los agentes una nómina a nombre de uno de los dos supuestos empleados.
Tras ser identificados, los agentes comprobaron que uno de los dos trabajadores era la persona que había dado la voz de alarma acerca de su situación, por lo que tras ser preguntado por los agentes si estaban siendo retenidos, coaccionados o explotados laboralmente éste varón manifestó que sí y pidió ayuda a los agentes.
Deuda impagable
Una vez en privado, la víctima manifestó a los agentes que tras pedir un préstamo de 100 euros a otro compatriota suyo, siendo este el conductor del vehículo que los llevaba a la finca y los recogía, le dio el dinero con la condición de que cada mes que pasara sin cobrar la deuda se duplicaría la cantidad. Justo en esa época y debido a la pandemia del COVID la víctima tuvo que regresar a su país, por lo que no pudo saldar la deuda. Tras regresar a España el prestamista le solicitó el pago de la deuda que se había elevado a 3.000 euros. Tras esto le retuvo la documentación y le obligó a trabajar en explotaciones agrícolas 10 horas diarias tanto en España como en Francia, pagándole sólo 40 euros semanales para que pudiera comer y llegando a ser alojado temporalmente en contenedores habilitados como viviendas de manera indigna e insalubre. La víctima ha permanecido en esta situación alrededor de dos años junto con otros compatriotas, y calcula que ha pagado al investigado mediante los trabajos realizado unos 90.000 euros y que a pesar de esto todavía le reclama una deuda de 3.000 euros.
Por otro lado también manifestó que no había denunciado antes su situación y tampoco había huido por el temor a las consecuencias, ya que considera muy peligrosos tanto a este varón como a su esposa.
Más personas implicadas en los delitos
Los agentes averiguaron que el propietario de la explotación agrícola colaboraba con la persona que tenía coaccionados y explotados laboralmente a estos dos trabajadores, y que el salario de estos dos empleados era ingresado en cuentas bancarias que pertenecían al principal investigado y a la esposa de éste, por lo que el dinero nunca iba a parar a los trabajadores, sino directamente a las cuentas bancarias de los cabecillas del grupo criminal.
Tras realizar otras indagaciones y gestiones policiales los agentes comprobaron que en otras tierras, también propiedad del varón propietario de la finca anteriormente mencionada, se encontraban trabajando otros dos varones, resultando ser dos víctimas más del grupo criminal.
Durante la investigación los agentes averiguaron que los otros dos trabajadores también habían contraído deudas económicas con el cabecilla del grupo criminal y que estaban siendo explotados laboralmente para pagarla, pero que a pesar de esto la deuda nunca se saldaba. A ellos también les había sido retenida la documentación y habían sido amenazados con hacerles daño a sus familias si escapaban o si denunciaban los hechos a la policía.
Otras víctimas en Francia
En el registro practicado por los agentes en el domicilio del cabecilla del grupo criminal intervinieron1.650 euros y 1.802 leus rumanos (moneda oficial de Rumanía) en efectivo. También fueron intervenidos varios extractos bancarios a nombre tanto de los investigados como de varios familiares suyos en los que había un saldo acumulado de más de 130.000 euros, dinero procedente de transferencias bancarias realizadas por parte de empresas agrícolas francesas que ingresaban el dinero en esas cuentas bancarias por el trabajo realizado por las víctimas de este grupo criminal. Además también fueron halladas varias nóminas a nombre de las cuatro víctimas, pero tras comprobar los agentes sus datos en la Seguridad Social ninguno de estos trabajadores figuraba como dado de alta.
Finalmente los agentes localizaron tanto al cabecilla de la organización como a su esposa, siendo esta la que recibía los salarios de los trabajadores en sus cuentas bancarias, y por otro lado al propietario de las fincas agrícolas, siendo todos ellos detenidos por la presunta comisión de los delitos de trata de seres humanos, extorsión, grupo criminal y delito contra el derecho de los trabajadores.
Los detenidos, dos varones y una mujer, de entre 24 y 47 años de edad, y de nacionalidad rumana, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Novelda.
Los agentes asistieron a las víctimas y las pusieron en contacto con los servicios sociales para que recibiesen la asistencia necesaria y poder solventar su actual situación social. Por otro lado continúan con las investigaciones al tener conocimiento de que cuatro víctimas más de este grupo criminal fueron trasladadas a Francia para seguir siendo explotados laboralmente en el país vecino, estando en contacto en todo momento tanto con las autoridades francesas como con las autoridades rumanas.
