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Aspe solicita una reunión urgente con el Conseller de Vivienda

La compra por parte de un fondo buitre provocará la no renovación de 51 contratos sin existir una alternativa habitacional para las familias.

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El Ayuntamiento de Aspe, en nombre de la Alcaldía y del área de Servicios Sociales y Vivienda ha dirigido un escrito al Gabinete del Conseller de Vivienda para solicitar una reunión urgente para abordar la situación de 51 familias de Aspe que pueden verse desahuciadas en los próximos meses. Una de estas familias, tras haber negociado la renovación y con informes sociales favorables por parte del Ayuntamiento, han recibido una negativa por respuesta y tienen de fecha hasta el 31 de enero para abandonar la vivienda.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Aspe mantuvo una reunión con el Alcalde de Aspe, Antonio Puerto, y el concejal de Bienestar Social y Vivienda, Jonatan Molina, en la que trasladaron los datos de las familias que próximamente pueden quedarse sin vivienda y sin posibilidad de acceder a otra. Esta situación se ha generado por la venta de un “paquete” de estos alquileres por parte de la entidad bancaria a un llamado fondo buitre, el cual no está dispuesto a negociar una renovación de estos alquileres sociales.

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Tras haber mantenido conversaciones con la Dirección General del EVHA (Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo) y la de Emergencia Habitacional, se ha decidido solicitar una reunión urgente con Rubén Martínez Dalmau, conseller de Vivienda, vicepresidente segundo de la Conselleria y líder de Unidas Podemos en la Comunidad Valenciana. Martínez Dalmau ya visitó Aspe el pasado noviembre donde además de hablar de la construcción de 42 viviendas públicas para jóvenes también se le transmitió en una reunión la situación de estas familias.

“Desde el Ayuntamiento estamos dispuestos a movernos lo que haga falta por solucionar este gran problema que están sufriendo nuestros vecinos pero las administraciones locales no disponemos de amparo legal ni tampoco de vivienda pública como para dar respuesta a este problema, por lo que queremos pedir soluciones al conseller y el traslado de esta problemática al Gobierno de España para que elabore un marco jurídico que proteja a las personas más vulnerables de estos fondos buitre”, declara Jonatan Molina, concejal de vivienda.

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