El alcalde de Alicante, Luis Barcala, convocará un pleno extraordinario este jueves para dar cuenta de la información disponible sobre la adjudicación de viviendas protegidas en La Condomina, en la Playa de San Juan, un asunto que ha abierto un fuerte frente político. Mientras Compromís reclama investigar si los adjudicatarios residen realmente en las viviendas y anuncia medidas de transparencia; el PSOE advierte de la gravedad de las informaciones sobre posibles reventas de pisos y garajes; y Esquerra Unida Podem carga contra el Ayuntamiento por no haber actuado pese a la existencia de informes municipales previos que alertaban de posibles conflictos de intereses. En paralelo, el PP ha señalado al Botànic por el nombramiento del funcionario de Vivienda que avaló presuntamente la adjudicación a su mujer.
El vicealcalde de Alicante ha avanzado este martes la convocatoria de Pleno Extraordinario y ha reiterado que el papel del Consistorio es ajeno a la adjudicación, según la legislación vigente. Manuel Villar ha precisado que el Ayuntamiento únicamente ha vendido a la cooperativa un suelo tasado y la elección de cooperativistas corresponde exclusivamente a esta. «Es difícil actuar con más contundencia, celeridad y transparencia de lo que se ha hecho el alcalde Luis Barcala y este equipo de gobierno”, asegurado.
La promoción y el papel del Ayuntamiento
Las viviendas objeto de la polémica se enmarcan en la promoción Residencial Les Naus, ubicada en La Condomina (Playa de San Juan), desarrollada sobre suelo público municipal y gestionada a través de la Cooperativa Residencial Les Naus. El Ayuntamiento ha insistido en que su única intervención fue la venta del solar y, posteriormente, la concesión de la licencia de obra, sin participar en la selección de adjudicatarios.
El vicealcalde ha subrayado que “el Ayuntamiento no adjudica vivienda alguna; el Ayuntamiento se limita exclusivamente a licitar la venta de un suelo y, en su caso, a conceder la licencia de obra”. La promoción de vivienda protegida de iniciativa privada sobre suelo público está amparada por el Decreto 90/2009, una normativa que no ha sido modificada desde su aprobación y que atribuye a la Conselleria de Vivienda la competencia para visar la documentación y acreditar el cumplimiento de los requisitos de los cooperativistas. En ese sentido, ha insistido en que “no hay ninguna norma que establezca ningún control municipal sobre las cooperativas”.
Investigación municipal y posible suspensión de una arquitecta municipal
Villar ha informado, además, de que la corporación está investigando si la mujer de un técnico de la Dirección Territorial de Vivienda expedientado por avalar su solicitud a dicha cooperativa es funcionaria municipal, arquitecta en el área de Urbanismo del Ayuntamiento. En caso de confirmarse, el Consistorio iniciaría un expediente disciplinario con suspensión cautelar de empleo y sueldo.
Según ha explicado, el Ayuntamiento está a la espera de verificar la identidad y la relación laboral de esta persona antes de adoptar cualquier medida, en defensa de los derechos de los empleados públicos.
Denuncia ante la Fiscalía y uso de las viviendas
El Ayuntamiento ha anunciado que ha acudido este martes a la Fiscalía para que investigue los hechos, tanto en lo relativo a la posible implicación de personal municipal como para comprobar que las viviendas cumplen la finalidad pública para la que se cedió el suelo. El vicealcalde ha precisado que la denuncia se ha presentado una vez concluido el expediente de averiguación de hechos encargado el jueves, 29 de enero, por el alcalde.
Entre los aspectos a analizar figura si algunas de las viviendas no se destinan a residencia habitual o si se estarían alquilando, una práctica que sería contraria a la normativa de vivienda protegida. El vicealcalde ha señalado que, dado que el Ayuntamiento carece de competencias para verificar estos extremos, la investigación debe ejercerla la autoridad judicial. “La única manera de poder asegurarnos de que se ha cumplido la finalidad pública del suelo es a través de la Fiscalía”.
Además, el Consistorio ha avanzado que cruzará el listado de propietarios de la promoción con el de funcionarios municipales para comprobar si existen más casos y, en su caso, actuar conforme a la normativa. Si bien ha señalado que no se trata «de una caza de brujas» sino de que detectar las presuntas irregularidades.
Un informe interno alertó de posibles «conflictos de interés»
La denuncia presentada por el Ayuntamiento ante la Fiscalía se apoya, además, en un informe interno del Servicio de Gestión Patrimonial municipal que puso en alerta al Consistorio sobre posibles “conflictos de interés” en la adjudicación de viviendas públicas en la Playa de San Juan. Según ese documento, al analizar el listado de beneficiarios remitido por la cooperativa una vez finalizada la promoción de Les Naus, se detectaron vínculos personales y de parentesco entre algunos adjudicatarios y empleados o cargos municipales que pudieron haber participado en fases relevantes del expediente.
Aunque todos los adjudicatarios cumplían formalmente los requisitos exigidos por la normativa, el informe advirtió de que esa concurrencia de relaciones personales “levantó señales de alerta por posible conflicto de interés y eventuales incumplimientos del deber de abstención”. Por todo ello, el Servicio de Gestión Patrimonial concluyó que podían derivarse responsabilidades para las personas implicadas y que esta situación podía «afectar a la imagen» del Ayuntamiento. El pasado 29 de enero, el mismo día que se publicó el suceso en la prensa, el alcalde solicitó la apertura de un expediente de averiguación de hechos para analizar lo ocurrido con mayor profundidad.
Secretaría General concluye que la concejal de Urbanismo y la directora general no tuvieron ‘poder decisorio’
El Ayuntamiento de Alicante ha incorporado a la denuncia presentada ante la Fiscalía las conclusiones del expediente de averiguación de hechos elaborado por la Secretaría del Pleno, que descartan la intervención con poder decisorio de cargos municipales adjudicatarios de viviendas de protección pública en la promoción de La Condomina. Según el informe, ni la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, ni la exdirectora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, participaron en los procedimientos relacionados con el contrato de enajenación de la parcela.
El expediente concluye que “no hubiera procedido el deber de abstención respecto a las personas citadas, por no haber participado con poder decisorio o propuesta de acuerdo en ninguno de los procedimientos” vinculados a la licitación pública del suelo municipal, por lo que no aprecia responsabilidad disciplinaria. Las conclusiones se sustentan en la documentación aportada por las concejalías de Urbanismo, Patrimonio y Contratación, que incluye los expedientes completos y la relación de personal interviniente, y añaden que la información sobre la promoción era de conocimiento general, como evidencia la existencia de una lista de espera en la cooperativa con más de 2.000 personas inscritas.
La renuncia de la edil y la Junta de Portavoces
Villar ha confirmado que la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, formalizó su renuncia ayer lunes por la mañana ante la Secretaría del Pleno. Según ha señalado el vicealcalde, esta renuncia como la de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman se han producido para no perjudicar al Ayuntamiento ni interferir en la investigación en curso.
Preguntado por la sustitución de la edil de Urbanismo, el vicealcalde ha indicado que el siguiente en la lista electoral es Luis Morata, quien deberá formalizar, en su caso, la aceptación del acta, sin que por el momento se haya decidido si asumirá las mismas competencias ni si habrá una redistribución del área.
Por otra parte, el vicealcalde ha informado de la convocatoria de una Junta de Portavoces este martes a las 13:30 horas en la que se facilitará a los grupos municipales la información recabada hasta el momento en el informe de aclaración emitido por el secretario.
Las preguntas en el pleno
Durante su comparecencia, el vicealcalde ha señalado que el pleno extraordinario servirá para dar respuesta a diversas cuestiones planteadas en los últimos días. Entre ellas, por qué se reactivó la promoción de La Condomina en 2018, qué criterios técnicos se siguieron para priorizar esa parcela frente a otras de la ciudad. O la razón por la que la edil conocía la promoción hasta figurar con el número 18 en la lista de la cooperativa.
Villar ha indicado que en el pleno el alcalde ofrecerá las explicaciones oportunas con la información disponible.
Fiscalía y revisión del marco normativo
El vicealcalde ha defendido que la denuncia ante la Fiscalía no parte de una calificación jurídica previa, sino de la necesidad de que se investigue todo el procedimiento, desde la venta del suelo hasta la adjudicación final de las viviendas, incluidos posibles alquileres, renuncias o irregularidades intermedias que el Ayuntamiento no puede comprobar por falta de competencias.
Asimismo, ha apuntado que este caso ha reabierto el debate sobre la idoneidad de la normativa vigente, y ha recordado que el alcalde ha reclamado una revisión del marco legal para evitar que situaciones similares puedan repetirse en el futuro.
Compromís anuncia iniciativas tras el caso de las VPO en La Condomina y reclama investigar el uso de las viviendas
Compromís ha anunciado una batería de iniciativas políticas tras las supuestas irregularidades en las adjudicaciones de viviendas protegidas en suelo público en La Condomina, en la Playa de San Juan, con propuestas en los ámbitos autonómico, municipal y provincial.
Reclama transparencia y controles externos en las adjudicaciones
La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, Aitana Mas, ha denunciado la falta de transparencia en el modelo actual y ha afirmado que “estamos ante una práctica habitual del PP: abrirle la puerta a la empresa privada para que expolie los recursos públicos contra aquellas personas que de verdad necesitan VPO”. A su juicio, se trata de “una perversión de un sistema que se creó para personas que realmente necesitan una vivienda”, y ha acusado al alcalde de Alicante de ser “títere de una trama corrupta en la que está no solo el Ayuntamiento implicado sino la Generalitat”.
Mas ha sostenido que existe una ausencia de políticas eficaces de transparencia y lucha contra la corrupción, mientras, según ha señalado, “el PP permite la especulación de las VPO”. En este contexto, ha anunciado la presentación de pactos de integridad y la intervención de agentes externos para garantizar la transparencia de los procesos.
Pide una comisión de investigación y reformar la normativa de vivienda
La portavoz de Vivienda de Compromís, Maria José Calabuig, ha explicado la solicitud de una comisión de investigación en Les Corts sobre la adjudicación de estas viviendas y la presentación de una propuesta para modificar la normativa de vivienda de protección pública. Entre los objetivos, ha citado garantizar el acceso preferente de las rentas bajas, equiparar las condiciones de acceso en promociones públicas y privadas, asegurar la calificación permanente de los inmuebles y avanzar en su desmercantilización.
Revisar empadronamiento, consumo de agua y patrimonio municipal
En el ámbito municipal, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, ha reclamado un informe sobre el patrimonio municipal para detectar posibles incompatibilidades, así como la comprobación del empadronamiento y del consumo de agua en las viviendas adjudicadas, e instar a la Policía Local a realizar labores de revisión.
Por último, el portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Ximo Perles, ha anunciado la presentación de una moción que se debatirá este miércoles en la institución provincial y que el grupo elevará también a los plenos municipales, con el objetivo de exigir responsabilidades políticas y promover un cambio del modelo del Plan Vive.
El PP en Les Corts señala a Compromís por el funcionario expedientado de Vivienda
El síndic del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Nando Pastor, ha exigido explicaciones a Joan Baldoví y a Compromís por “el funcionario que colocaron a dedo para revisar los expedientes de las viviendas”, en referencia al técnico actualmente expedientado por la Conselleria de Vivienda.
Pastor ha considerado “curioso que desde Compromís pidiesen ayer una comisión de investigación y que hoy incidan en el tema”, cuando, a su juicio, “es Joan Baldoví y Compromís quien tiene que salir a dar explicaciones porque fueron los responsables políticos del Botànic quienes ascendieron en 2019 y pusieron a dedo al funcionario público encargado de revisar los expedientes”.
Según el síndic popular, el técnico “presuntamente ha cometido una irregularidad para beneficiar a su mujer” y ha insistido en que “Baldoví y Compromís tienen que dar todas las explicaciones porque el tramposo es precisamente la persona que ellos colocaron en el cargo”.
En esta línea, Pastor ha reclamado que Compromís aclare “qué méritos vieron en ese funcionario para ascenderlo y colocarlo en el sitio adecuado para tener la responsabilidad de decidir quién es apto para acceder a una vivienda y quién no”, y ha añadido que “ese funcionario ahora expedientado pudo firmar esas cuestiones porque Compromís lo puso a dedo ahí para que pudiese hacerlo”.
PSOE de Alicante acusa de ‘dejación de funciones’
El Grupo Municipal Socialista ha acusado al alcalde, Luis Barcala, de dejación de funciones en el control de las viviendas protegidas construidas sobre suelo público en La Condomina, en la Playa de San Juan, y ha sostenido que su comparecencia en el pleno extraordinario de este jueves se produce forzada por la oposición y no de manera voluntaria.
La portavoz socialista, Ana Barceló, ha afirmado que “no nos vale con que Barcala diga ahora que no tenían la obligación de controlar las adjudicaciones porque no lo dice la ley” y ha defendido que deben existir controles municipales sobre viviendas levantadas en parcelas públicas. A su juicio, el alcalde ha incurrido en “una dejación de funciones total y absoluta”.
Reventa de pisos y garajes
Barceló ha advertido de la gravedad creciente del caso y ha señalado que “los hechos son cada vez más graves y hoy hemos conocido que incluso se ha producido reventa de pisos y de garajes”. “No es que sea un escándalo, es que son un fraude de una gravedad extraordinaria”, ha añadido, antes de insistir en que los socialistas exigirán responsabilidades penales y políticas.
Esquerra Unida Podem carga contra el Ayuntamiento por conocer desde 2025 posibles incompatibilidades en Les Naus
Esquerra Unida Podem ha cargado contra el Ayuntamiento de Alicante tras conocerse que existían informes municipales desde 2025 que advertían de posibles conflictos de intereses en las adjudicaciones de la promoción de vivienda protegida de Les Naus, en La Condomina, y ha reprochado al equipo de gobierno que no actuara pese a esas advertencias.
Desde la formación han subrayado que “no lo advirtió la oposición: lo advirtió Patrimonio municipal”, y han sostenido que el alcalde, Luis Barcala, tuvo esos informes sobre la mesa y “decidió mirar hacia otro lado”, una actuación que, a su juicio, “no es un error administrativo: es una irresponsabilidad política intolerable” en un contexto de emergencia habitacional.
La formación también ha puesto el foco en la actuación del área de Urbanismo y ha cuestionado que la entonces concejala no tuviera relación con el procedimiento cuando, según han indicado, “en 2024 votó en Junta de Gobierno Local el cambio del responsable del contrato, sacándolo de Patrimonio y colocando como asesor a personal de su propia concejalía”. Ese mismo asesor, han añadido, “elaboró después un informe que permitió ampliar plazos y evitar sanciones a la promotora”.
Críticas por elevar el límite de renta a 66.000 euros para acceder a vivienda protegida
Esquerra Unida Podem ha vinculado el caso de Alicante con un cambio de modelo en las políticas de vivienda impulsado por el Consell del PP, con el apoyo de Vox, y ha denunciado que la elevación del límite de renta hasta los 66.000 euros anuales para acceder a viviendas de protección pública ha permitido que cargos del Partido Popular accedan a estos pisos mientras quedan fuera “miles de familias trabajadoras, jóvenes y personas con dificultades reales de acceso a la vivienda”.
La formación ha advertido de que “no es una anécdota ni un fallo puntual: es la demostración práctica de para quién se gobierna cuando se cambian las reglas del juego”, y ha rechazado que el alcalde intente desmarcarse de estas decisiones. “Barcala puede hacerse el indignado con el Consell, pero no cuela”, han sostenido.
El portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha señalado que “después de haber desmantelado las políticas públicas de vivienda y haber modificado los criterios para beneficiar a los de siempre, no pueden ahora rasgarse las vestiduras ni fingir sorpresa”. A su juicio, “cuando se elimina la planificación, se renuncia a la reserva de suelo para vivienda protegida y se amplían los límites de renta para que entren quienes no lo necesitan, lo que ocurre no es una anomalía: es el resultado buscado”.
Desde la formación han concluido que este rumbo político tiene consecuencias claras: “menos vivienda pública para quien la necesita, más especulación y más privilegios para quienes están cerca del poder”, y han anunciado que han solicitado, junto al resto de fuerzas de la oposición progresista, un pleno extraordinario y la creación de una comisión de investigación para esclarecer lo sucedido.
