La Generalitat podrá aumentar en 2026 su deuda pública hasta un máximo de 1.859,7 millones de euros respecto al 1 de enero, con el fin de cubrir las necesidades de financiación para la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por la dana de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.
Según ha aprobado el Consell, el saldo de la deuda de la Generalitat a 31 de diciembre de 2026 no podrá superar el existente el 1 de enero de ese año en más de esos 1.859,7 millones. Este techo fija el margen máximo de endeudamiento adicional autorizado para todo el ejercicio.
La Generalitat ha quedado habilitada para emitir o contratar deuda pública con cargo al presupuesto de 2026 dentro del límite previsto en la Ley 4/2026, de 22 de julio, de Presupuestos de la Generalitat para ese ejercicio. Esta ley ya contemplaba la necesidad de nuevo endeudamiento para sostener el gasto comprometido.
Además, el Consell ha establecido que durante enero de 2027 también podrá crearse nueva deuda de la Generalitat. Ese endeudamiento solo podrá superar en un máximo del 15 % la autorización correspondiente a 2026 y se computará a efectos del límite legal que se fije para el conjunto del ejercicio 2027.
Desde la Generalitat han explicado que esta decisión se encuadra en la normativa de hacienda pública autonómica y desarrolla la autorización de endeudamiento incluida en los Presupuestos de 2026. El objetivo es garantizar que no falte financiación para los compromisos ya adquiridos.
Esfuerzo sostenido tras la dana
El Consell ha enmarcado este incremento potencial de deuda en un contexto de esfuerzo presupuestario específico y sostenido durante los próximos ejercicios. Ese esfuerzo se dirige a las actuaciones de recuperación y reconstrucción de las zonas dañadas por la dana de octubre de 2024, recogidas en el Plan de Recuperación y Reconstrucción de la Generalitat.
Los Presupuestos de la Generalitat para 2026 recogen la continuidad de estas actuaciones ligadas a la reconstrucción. También buscan asegurar la prestación de los servicios públicos fundamentales, como sanidad, educación y servicios sociales, en un escenario económico y financiero complejo.
Ese escenario está condicionado por varios factores. Entre ellos, la evolución de la situación internacional, la inflación, los tipos de interés, la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y la falta de aprobación de nuevos objetivos fiscales a nivel estatal.
La deuda que se emita o contrate al amparo de esta autorización deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley 1/2015 de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. Esta norma regula el procedimiento, los límites y las modalidades de endeudamiento de la administración autonómica.
Crítica al sistema de financiación autonómica
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell, el portavoz del Ejecutivo valenciano, Miguel Barrachina, ha aprovechado para insistir en la insuficiencia del modelo de financiación actual. Tras informar del nuevo máximo de deuda, ha señalado que la Comunitat tiene ‘el peor sistema de financiación autonómico posible’, una situación que, según ha dicho, se ha agudizado desde hace dos años por el impacto de la dana.
Barrachina ha reclamado que la reforma de la financiación autonómica se pacte entre todas las comunidades. A su juicio, ese cambio debe contemplar ‘la postrada situación financiera’ de la Comunitat Valenciana, de forma que el resultado sitúe a los valencianos en el nivel medio de recursos por habitante del conjunto de España.
‘No queremos más que situarnos en la zona media y no por debajo, como el nuevo modelo alumbraba’, ha afirmado el portavoz. Además, ha pedido la creación de un fondo de nivelación que compense a los territorios infradotados mientras no se apruebe un nuevo sistema de financiación autonómica.
