El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha exigido al Gobierno central que ejecute de forma urgente las obras de protección de cauces que siguen pendientes en la Comunitat Valenciana tras la dana de octubre de 2024, al considerar que son esenciales para garantizar la seguridad de los municipios afectados.
Barrachina ha lanzado este mensaje durante su visita a las obras de reparación de daños en el río Buñol, una de las zonas castigadas por aquel episodio de lluvias extremas. Esta intervención forma parte del área 1 del plan de encauzamientos urbanos de la provincia de Valencia, que incluye actuaciones en Alborache, Buñol, Caudete de las Fuentes, Chera, Requena, Utiel y Yátova, con una dotación global de un millón de euros, según ha detallado la Generalitat.
Según ha denunciado el conseller, la Generalitat ha asumido trabajos que corresponden al Estado porque los vecinos no pueden seguir esperando. ‘La Generalitat está actuando en cauces urbanos dañados por la dana que son competencia del Estado, y lo hacemos porque los vecinos no pueden esperar, pero quien tiene que asumir sus responsabilidades es el Gobierno de Pedro Sánchez’, ha señalado.
Detalles de la obra en el río Buñol
La intervención en el río Buñol cuenta con un presupuesto específico de un millón de euros. Los trabajos se centran en la protección del talud de la margen izquierda del cauce mediante la construcción de un muro de escollera de 81 metros de longitud y hasta 9 metros de altura.
Barrachina ha subrayado que esta actuación beneficia directamente a los 9.858 habitantes de Buñol. Además, protege el vial municipal próximo al río y permite recuperar el parque fluvial, ‘un espacio de uso ciudadano y también un activo turístico y económico para el municipio’. De este modo, las obras buscan reducir el riesgo ante nuevas avenidas de agua y, al mismo tiempo, restaurar un entorno que forma parte del día a día de los vecinos.
El conseller ha recordado que la Generalitat ha destinado 46 millones de euros a la reparación de cauces urbanos dañados por la dana. Ese presupuesto se reparte en 45 actuaciones en 30 municipios, lo que muestra, según ha defendido, la magnitud de los daños y el esfuerzo asumido por la administración autonómica.
Estas obras incluyen tareas de limpieza y reparación general de daños en los cauces. También contemplan la reconstrucción de cajeros, lechos y márgenes, movimientos de tierras, instalación de gaviones y escolleras, ejecución de muros de hormigón y reposición de servicios afectados. Con estas actuaciones se pretende devolver la funcionalidad a los ríos y barrancos urbanos y reducir su vulnerabilidad ante futuros episodios de lluvias intensas.
Críticas a la Confederación Hidrográfica del Júcar
Barrachina ha insistido en que estas intervenciones son imprescindibles para la seguridad de las personas y bienes. ‘Son obras necesarias para proteger municipios, viviendas, vías urbanas y espacios públicos. La Generalitat ha dado un paso adelante, pero no podemos normalizar que tengamos que hacer el trabajo del Estado y que, además, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) cobre tasas por autorizarlo’, ha afirmado.
En esta línea, ha reclamado a la CHJ que cambie su relación con el territorio. Ha pedido que trate a los ayuntamientos, a los agricultores y a la Generalitat ‘como aliados, no como administraciones a las que ralentizar o cobrar por actuar’. A su juicio, es necesario agilizar trámites y reducir trabas para avanzar en la protección frente a inundaciones.
El conseller ha exigido también al Gobierno que acelere todas las obras hidráulicas pendientes. Ha reclamado que ponga en marcha el sistema de alerta temprana anunciado hace años, que actúe de forma decidida en barrancos y cauces y que implemente de manera efectiva los planes de emergencia de los embalses.
Falta de planes de emergencia en presas estatales
Barrachina ha recordado que en la Comunitat Valenciana existen 19 presas públicas. De todas ellas, solo la presa de Buseo, de titularidad autonómica, cuenta con el Plan de Emergencia plenamente implantado y operativo.
‘Mientras la Generalitat ha hecho los deberes en la única presa de su titularidad, seguimos reclamando al Gobierno que implante los planes de emergencia pendientes en las 18 presas estatales’, ha indicado. Según ha defendido, estos planes son clave para organizar la respuesta ante situaciones de riesgo y para garantizar la seguridad de la población aguas abajo.
Como ejemplo de actuaciones estatales que continúan sin ejecutarse, ha citado la situación de los barrancos del Poyo y de la Saleta. Se trata de dos grandes proyectos de competencia del Estado que siguen pendientes casi dos años después de la dana, según ha denunciado.
‘En el Poyo se ha reconocido que las obras definitivas no empezarán antes de 2030. Y en la Saleta, casi dos años después, el Gobierno todavía no ha adjudicado su primera gran obra hidráulica’, ha apuntado. Para el conseller, esta demora incrementa la sensación de desprotección en los municipios afectados.
Barrachina ha concluido que la Generalitat ‘va a seguir actuando donde haga falta’ para proteger a los municipios afectados por la dana y por futuros episodios de lluvias torrenciales. Sin embargo, ha insistido en que el Gobierno de España debe ‘asumir sus competencias, acelerar las obras hidráulicas pendientes y dejar de poner trabas a quienes están actuando’.
