El Gobierno ha abierto la puerta a recurrir ante el Tribunal Constitucional varios aspectos de la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat para 2026, entre ellos los cambios en las funciones de la inspección educativa en la Comunitat Valenciana, que afectan a la vigilancia de la neutralidad ideológica y la lucha contra el supuesto adoctrinamiento en las aulas.
Así lo ha explicado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, tras una reunión en València con sindicatos docentes, directores de centros educativos y asociaciones de inspectores. Estos colectivos, según ha señalado, han pedido ‘amparo al Gobierno frente a las políticas restrictivas y de indefensión de la Generalitat’.
Bernabé ha denunciado que las modificaciones introducidas en la norma han impactado de lleno en el trabajo diario de los profesores y profesoras y en la educación del alumnado. A su juicio, también afectan a valores constitucionales como la igualdad, el respeto, la convivencia o la libertad.
Autocensura y ‘ambigüedad’ en la norma
La delegada ha advertido de que estos cambios están provocando incluso ‘una autocensura’ entre los docentes. Según ha explicado, muchos profesorado evita determinados contenidos o debates en el aula por miedo a posibles denuncias o sanciones.
Esa autocensura, ha afirmado, deriva de que el Consell se ha ‘preocupado mucho’ por introducir ‘cierta ambigüedad en la ley’ sobre qué se considera ‘un adoctrinamiento ideológico’. En su opinión, esa falta de claridad deja a la inspección educativa en una situación de ‘mucha inseguridad jurídica‘.
Bernabé ha recordado que la Generalitat ya presentó un cambio normativo similar en la ley de Acompañamiento de 2025. Esa reforma, ha dicho, ‘cercenaba la libertad educativa de los profesores‘ en materias de coeducación y políticas LGTBi y ha quedado suspendida de forma cautelar por el Tribunal Constitucional.
Según ha añadido, en 2026 el Ejecutivo autonómico ‘ha hecho una aprobación más genérica para sortear la norma y al Tribunal Constitucional, pero que busca lo mismo: sembrar el miedo entre los profesores y profesoras, que tienen como derecho fundamental de su profesión la libertad de cátedra‘.
La delegada del Gobierno ha detallado que el Ejecutivo central está analizando varios preceptos de la nueva ley de Acompañamiento porque considera que pueden chocar con leyes orgánicas estatales de rango superior. Para ello, ha anunciado la próxima convocatoria de una comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat.
No obstante, Bernabé no ha descartado que el Ejecutivo opte por recurrir directamente algunos de esos artículos ante el Tribunal Constitucional si aprecia un conflicto claro con la normativa básica estatal.
Reacciones sindicales y llamadas a la movilización
Desde STEPV, el coordinador de Acción Sindical, Marc Candela, ha celebrado que la Delegación del Gobierno y la Alta Inspección Educativa ‘estén tomando medidas para defender al profesorado ante los ataques por parte de la Generalitat, que ponen al profesorado bajo sospecha y crea una policía’ bajo ‘la falsa premisa de que nos dedicamos a adoctrinar’.
Candela ha avanzado que el sindicato ya prepara nuevas acciones en la calle que se anunciarán próximamente. Ha asegurado que seguirán presionando para lograr avances en las reivindicaciones que quedaron pendientes tras la huelga educativa y para que se retire el artículo de la ley de Acompañamiento que refuerza las funciones de inspección en clave ideológica.
Por su parte, Kilian Cuerda, de UGT, ha calificado la reunión de ‘muy constructiva’, porque han encontrado ‘una postura muy solvente y seria‘ por parte de la Delegación del Gobierno. En cambio, ha acusado a la Generalitat de actuar ‘de una forma infame, propia de regímenes autoritarios y fascistoides’.
‘A nuestro juicio, pretende deliberadamente que el profesorado se autocensure y ponernos una diana encima para que cualquier intolerante pueda acosar al profesorado’, ha denunciado Cuerda. Ha advertido de que no van a consentir que los docentes ‘den clase con miedo’.
Desde CCOO, Cristina Sánchez también ha valorado positivamente este encuentro. Ha señalado que el sindicato va a ‘defender los derechos de los trabajadores, en este caso de los docentes’, y ha anunciado que trabajarán para que la normativa no limite la autonomía de los centros ni la libertad de cátedra.
Sánchez ha subrayado además que, a su juicio, es esencial que cualquier cambio legal no perjudique la calidad de la educación ni el clima de convivencia en las aulas valencianas, donde recuerda que el profesorado ya afronta una elevada carga burocrática y social además de su tarea docente.
