UGT Serveis Públics PV ha presentado una denuncia ante la Alta Inspección Educativa del Estado contra la nueva función ideológica que el Consell ha asignado a la inspección educativa autonómica en la Comunitat Valenciana, que el sindicato considera una forma de ‘policía del pensamiento‘.
Denuncia ante la Alta Inspección Educativa
Según ha informado la organización sindical, este miércoles ha registrado en la Delegación del Gobierno en València un escrito dirigido a la Alta Inspección de Educación del Estado en la Comunitat Valenciana. Este órgano tiene la función de garantizar el respeto a los valores y derechos constitucionales en la educación, la correcta aplicación del currículo y la protección de los derechos educativos de la ciudadanía.
En ese documento, UGT detalla los cambios que el Consell ha introducido en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat. En esa norma se ha añadido a la inspección educativa autonómica la misión de velar por una supuesta neutralidad ideológica y de luchar contra el adoctrinamiento en los centros.
Críticas a la ampliación de funciones
El sindicato sostiene que esta ampliación de funciones supone, ‘en una clara vulneración de la normativa estatal y derechos constitucionales como la libertad de cátedra’, utilizar la inspección educativa con criterios políticos. A su juicio, se pasa de un control estrictamente pedagógico a una supervisión basada en la ideología.
UGT recuerda que la Ley Orgánica de Educación estatal otorga a la inspección funciones de supervisión y control, pero siempre ligadas a criterios educativos y pedagógicos. Insiste en que la normativa estatal no contempla que la inspección actúe guiada por posiciones políticas o ideológicas.
Riesgos para la libertad educativa
Para la organización sindical, esta modificación ‘supone dar una orden directa a la inspección educativa de actuar por criterios y motivaciones políticas, de forma ambigua y oscura’. Considera que la falta de concreción permite interpretaciones discrecionales.
Además, advierte de que el nuevo enfoque ‘abre la puerta a perseguir la libre expresión de pensamiento y sabotear la educación en valores democráticos, de tolerancia e igualdad de género y pensamiento crítico que consagra en currículum la legislación estatal’. UGT teme que se frenen proyectos y contenidos que desarrollan estos valores.
Impacto sobre el profesorado y posibles delitos
El sindicato añade que esta reorientación de la inspección ‘supone un descrédito y sospecha pública contra el profesorado, sobre el que se pone el punto de mira de problemas inexistentes e irreales para incitar la denuncia y persecución de los sectores más intolerantes’. Según su lectura, se genera un clima de desconfianza en los centros.
UGT también recuerda que el ejercicio de la censura previa o la retirada de libros y otros materiales por parte de un funcionario público ‘supone un delito sancionable según el artículo 538 del código penal, y un atentado a las libertades y derechos fundamentales recogidos en la Constitución’. Por ello alerta de las posibles responsabilidades legales.
Petición de amparo y conclusiones
Ante esta situación, el sindicato solicita el amparo y la protección de la Alta Inspección del Estado. Pide que este órgano intervenga de oficio y de manera inmediata para reclamar explicaciones a la Conselleria de Educación sobre el alcance de las nuevas funciones asignadas a la inspección autonómica.
UGT concluye que ‘el Consell debe explicar qué fines persigue con esas funciones de policía política y desistir de cualquier acción que suponga censura y persecución a criterio de la opinión política de inspectores o altos cargos de Conselleria’. Reclama así que se devuelva la inspección educativa a su papel estrictamente pedagógico y ajustado a la legislación estatal.
