La defensa sindical del agente de la Policía Nacional que aparece en un vídeo empujando a una docente hasta hacerla caer al suelo en València ha sumado un nuevo apoyo. La Unión Federal de Policía ha emitido una circular en la que respalda al funcionario y reclama un análisis «sereno» de la actuación, después de que la Confederación Española de Policía también cuestionara las críticas públicas al agente.
El caso ha escalado este lunes tras conocerse que la Policía Nacional ha iniciado el procedimiento para abrir un expediente disciplinario al policía. La docente, que participaba en una protesta junto a la Conselleria de Educación, ha presentado además una denuncia por los hechos. El suceso ocurrió este domingo por la tarde y el vídeo se difundió con rapidez en redes sociales, donde generó una amplia reacción pública.
Un vídeo viral en plena huelga docente
Las imágenes muestran a una mujer de espaldas, caminando por la calzada, cuando un agente con casco corre hacia ella y la empuja con la defensa. La docente cae al suelo tras el impacto. El episodio se produjo durante una protesta del profesorado valenciano, en el marco de la huelga indefinida que entra ya en su cuarta semana.
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, calificó el vídeo de «inaceptable» y anunció que los hechos se investigarían para «depurar responsabilidades». También señaló que proteger el derecho a manifestarse con seguridad debe situarse por encima de cualquier circunstancia.
La Confederación Española de Policía respondió a esas declaraciones con dureza. El sindicato reprochó a Bernabé que, a su juicio, diera por sentada la culpabilidad del agente antes de que concluyera cualquier investigación interna o judicial. La organización afirmó que «el derecho a manifestarse no es absoluto» y defendió que la seguridad pública afecta tanto a los manifestantes como al resto de ciudadanos.
La Unión Federal de Policía pide contexto
La Unión Federal de Policía se ha unido ahora a esa defensa y ha insistido en que ninguna actuación policial debe valorarse solo a partir de unos segundos de vídeo. En su circular, el sindicato sostiene que los agentes tienen la misión de garantizar la seguridad colectiva, proteger los derechos de la ciudadanía y hacer cumplir las órdenes legítimas de la autoridad competente.
Según defiende la organización, cuando se producen situaciones de alteración del orden público o de ocupación de vías de circulación que afectan a terceros, la Policía tiene la obligación legal de intervenir. El sindicato añade que esas intervenciones suelen ir precedidas de advertencias, requerimientos y oportunidades para que las personas implicadas abandonen voluntariamente el lugar o depongan su conducta.
Sobre la actuación concreta, la Unión Federal de Policía sostiene que el agente empleó una técnica de control y desplazamiento propia de dispositivos de orden público. La organización explica que consiste en sujetar la defensa por ambos extremos para generar una acción de empuje orientada a desalojar o mover a quienes desobedecen una orden.
El sindicato recalca que la finalidad policial era retirar a una persona de la calzada, restablecer la circulación y garantizar la seguridad. Por ello, sostiene que «el objetivo es el desplazamiento, no el daño».
Investigación y presión política
La Delegación del Gobierno ha informado de la apertura del procedimiento disciplinario y de la denuncia presentada por la mujer. Bernabé y el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, se han reunido además con los sindicatos convocantes de la huelga indefinida del profesorado para abordar lo ocurrido.
La reunión se ha producido en un contexto de tensión creciente por las negociaciones entre la Conselleria de Educación y los sindicatos docentes mayoritarios. Las protestas se han repetido durante las últimas semanas mientras la comunidad educativa reclama avances en la negociación.
El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha denunciado públicamente los hechos y ha asegurado que la mujer estaba hablando por teléfono y no mantenía una actitud violenta. La formación ha registrado una pregunta en el Congreso para pedir explicaciones al Ministerio del Interior y conocer qué consecuencias tendrá la actuación policial.
