El grupo socialista en Les Corts Valencianes reclama al Consell una norma que permita apartar por una vía exprés a los alcaldes que bloqueen “ilegalmente” la tramitación de mociones de censura en ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. La iniciativa, según defiende el PSPV, busca garantizar el respeto a las mayorías democráticas y evitar que los regidores puedan mantenerse en el cargo mediante maniobras que impidan o retrasen votaciones impulsadas por mayorías plenarias legítimas.
Los socialistas han presentado esta propuesta tras lo ocurrido en San Fulgencio y l’Alqueria d’Asnar, dos casos que, según sostienen, evidencian un problema en la democracia local valenciana. A juicio del PSPV, en ambos municipios se han producido “maniobras y obstáculos que han impedido o retrasado la votación de mociones de censura impulsadas por mayorías plenarias legítimas”.
El diputado socialista Ernest Blanch ha advertido de que se trata de “una situación muy grave para la democracia local valenciana” y ha denunciado que “se están utilizando excusas, obstáculos y maniobras para impedir que mayorías democráticas puedan votar y decidir con normalidad”.
Según explica el PSPV, la propuesta plantea que la Generalitat habilite mecanismos eficaces para actuar cuando se produzcan este tipo de bloqueos. En ese sentido, Blanch ha defendido que “es necesario establecer una vía exprés que permita intervenir cuando se produzcan bloqueos ilegales y garantizar que ningún alcalde pueda mantenerse en el cargo vulnerando la ley y las mayorías democráticas”.
Un protocolo en tres meses y mecanismos de intervención
La iniciativa registrada en Les Corts incluye varias medidas concretas. Entre ellas, los socialistas reclaman la elaboración, en un plazo máximo de tres meses, de un protocolo autonómico que garantice la correcta tramitación de las mociones de censura en el ámbito municipal.
Además, plantean la activación urgente de mecanismos administrativos para evitar bloqueos derivados de vacantes en puestos clave y piden que la Generalitat utilice las herramientas legales de control e impugnación cuando se vulnere la legalidad. Según defienden, el objetivo es asegurar que los plenos municipales puedan celebrarse con normalidad y que las mayorías puedan expresarse conforme a derecho.
Blanch también ha cargado contra la actuación del Ejecutivo autonómico. Según ha afirmado, la Generalitat “no está haciendo absolutamente nada”, pese a que dispone de competencias en administración local, una dirección general específica y recursos para ayudar a desbloquear este tipo de situaciones.
En esa línea, el diputado socialista ha sostenido que “lo que ocurre es que el Partido Popular, cuando toca defender la legalidad democrática, desaparece”, y ha añadido que “cuando les interesa quieren todas las competencias, pero cuando toca ejercerlas para garantizar la transparencia, la neutralidad institucional y el respeto a las mayorías, callan y miran hacia otro lado”.
El caso de San Fulgencio
Sobre San Fulgencio, el PSPV recuerda que la Fiscalía de Área de Elche-Orihuela se ha opuesto al recurso presentado por el Ayuntamiento gobernado por el PP. Según exponen fuentes socialistas, el Ministerio Fiscal considera que la actuación municipal fue “arbitraria” y sin fundamento legal, y entiende que la inadmisión de la moción de censura vulneró derechos fundamentales de participación política.
Además, siempre según la versión trasladada por el PSPV, la Fiscalía advierte de que ese recurso tiene un carácter meramente dilatorio y contribuye a “perpetuar” un gobierno municipal que no cuenta con la mayoría legal necesaria.
Con esta iniciativa, los socialistas buscan que el Consell intervenga con mayor rapidez en este tipo de conflictos y que se refuercen las garantías legales para impedir que los bloqueos administrativos alteren el funcionamiento de las mayorías surgidas en los plenos municipales.
