La comisión municipal creada en el Ayuntamiento de Alicante para analizar los procedimientos seguidos en promociones de vivienda pública sobre suelo municipal ha arrancado este lunes con su sesión constitutiva y con un primer cruce de propuestas sobre la documentación que debe revisarse y las comparecencias que quieren impulsar los grupos. El órgano nace tras la polémica por las adjudicaciones de las 140 viviendas públicas de Les Naus, en la Playa de San Juan, y con el objetivo de revisar tanto este caso como otras promociones ya licitadas o previstas en el marco municipal y del Plan Vive.
En esta fase inicial, el grupo municipal del PP, que dirige el gobierno local, plantea que comparezcan la exconcejal de Urbanismo Rocío Gómez, el alcalde Luis Barcala, la exdirectora general y jefa del Servicio de Contratación María Pérez-Hickman, el concejal de Vivienda y presidente del Patronato Municipal de la Vivienda Carlos de Juan, la concejala de Patrimonio Nayma Beldjilali y varios funcionarios vinculados a la tramitación. Además, el equipo de gobierno plantea revisar documentación sobre los expedientes de vivienda pública no solo de Les Naus, sino también de otras promociones proyectadas.
El PSOE pone el acento en una investigación más amplia sobre la legalidad, la transparencia y la imparcialidad en la gestión del suelo público destinado a vivienda protegida. Su propuesta pide acceso al expediente de enajenación de la parcela de Les Naus, a informes de Patrimonio, a actas de reuniones entre servicios municipales, a expedientes urbanísticos, a la relación de cargos públicos y personal municipal adjudicatario de una vivienda en el residencial, al requerimiento de la Conselleria sobre el estado de ocupación de las viviendas y a la documentación relativa a expedientes informativos o disciplinarios abiertos a funcionarios. Entre sus comparecencias figuran Luis Barcala; la exconcejal de Urbanismo y Patrimonio Rocío Gómez; el exconcejal de Patrimonio Antonio Gallego; el concejal de Vivienda Carlos de Juan; la concejala de Patrimonio Nayma Beldjilali; el concejal de Urbanismo Antonio Peral; el vicesecretario general del pleno Germán Pascual; la jefa del Servicio de Gestión Patrimonial Paloma María Romero; la jefa del Servicio de Contratación María Pérez-Hickman; el arquitecto de Urbanismo Francisco Nieto; la arquitecta de Urbanismo Elsa Lloret; y el representante de la cooperativa Residencial Les Naus, Francisco Ordiñana Gilabert, entre otros perfiles técnicos.
Por su parte, Compromís ha reclamado que la comisión cite no solo a cargos municipales y técnicos, sino también al expresident de la Generalitat Carlos Mazón y a la vicepresidenta primera del Consell y consellera de Vivienda, Susana Camarero, al considerar relevante el cambio de normativa autonómica sobre el acceso a vivienda protegida. El grupo que encabeza Rafa Mas también ha pedido que se llame a representantes de la cooperativa, a funcionarios y a familiares de la exconcejal Rocío Gómez y de María Pérez-Hickman, además de reclamar que los informes que salgan de la comisión se remitan a la Fiscalía.
Vox centra buena parte de su propuesta en la etapa anterior del tripartito y en responsables de distintos periodos municipales. La formación plantea que comparezcan el exalcalde Gabriel Echávarri; el exconcejal de Contratación Natxo Bellido; la exedil Sofía Morales; el exconcejal de Urbanismo del bipartito Adrián Santos; el exconcejal de Patrimonio Toni Gallego; así como Luis Barcala, Rocío Gómez, Nayma Beldjilali, Manuel Villar y Mari Carmen de España. También solicita la presencia del administrador único de Fraorgi, entidad gestora de la cooperativa, y la revisión de expedientes informativos abiertos a funcionarios.
En el caso de EU-Podem, la formación defiende que comparezcan técnicos, responsables políticos y representantes externos, no solo de la cooperativa, sino también de Provia, que en su momento cuestionó el pliego sobre la enajenación de la parcela. Además, propone incorporar a profesionales independientes del ámbito jurídico para aportar una valoración experta y que también participen entidades sociales vinculadas a la defensa del derecho a la vivienda.
Barcala defiende la “máxima transparencia” en la comisión
En paralelo al inicio de la comisión, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, durante el acto de toma de posesi´-on deel nuevo subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda, ha defendido la “máxima transparencia” en este proceso y ha señalado que el objetivo del órgano es aclarar todo aquello que no esté suficientemente definido y permitir que todos los grupos políticos planteen sus preguntas. Según ha explicado, el Ayuntamiento quiere dejar claro cuál ha sido su intervención en este asunto, que, a su juicio, se circunscribe a la venta de la parcela, a la tramitación de la licencia de obras y al posible papel desempeñado por algunos funcionarios.
Barcala ha recordado además que este caso, conocido a finales de enero, ya ha provocado la dimisión de la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, así como la salida de una directora general municipal y de un asesor de la Conselleria de Industria, además de la apertura de expedientes a varios funcionarios, entre ellos arquitectos municipales.
El alcalde también ha avanzado que la comisión ha acordado que el próximo miércoles se aporte toda la información que pueda facilitarse, aunque ha precisado que existen expedientes reservados y que, por tanto, parte de la documentación no es accesible. En relación con la causa judicial abierta en Alicante, ha asegurado que la colaboración del Ayuntamiento con la Justicia será total y ha afirmado que ya se ha remitido a la magistrada toda la información solicitada, así como la que pueda derivarse de los trabajos de la propia comisión.
Sobre una eventual personación del consistorio en la causa, Barcala ha indicado que esa decisión dependerá de si se concluye que existen hechos por los que el Ayuntamiento deba ejercer acciones penales. También ha evitado señalar responsables en este momento al considerar que todavía no se conoce el grado de implicación de cada uno de los afectados.
Con este arranque, la comisión inicia una etapa centrada en el examen de expedientes y en la organización de comparecencias para esclarecer la tramitación administrativa y política de Les Naus y de otras promociones de vivienda pública sobre suelo municipal. El desarrollo de esa documentación y el calendario de citaciones marcarán el alcance de unos trabajos que nacen bajo fuerte atención política, administrativa y judicial.
