La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha formalizado sus alegaciones al proyecto de modificación del Reglamento General de Costas impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con una propuesta basada en tres ejes: más seguridad jurídica, criterios técnicos “objetivos” y un enfoque que combine la protección ambiental con un desarrollo económico sostenible del litoral.
El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, ha lamentado que el Ministerio no haya buscado un consenso previo con las comunidades autónomas. Según ha expuesto, la Generalitat conoció la iniciativa “de forma indirecta” y considera que una modificación “de este calado” exige, como mínimo, “sentarse una vez” con los territorios para valorar su alcance.
En ese contexto, el responsable autonómico ha defendido que, si el Gobierno central continúa con la reforma, debería reforzarse la seguridad jurídica “especialmente en los deslindes”. También ha remarcado que “no se puede ampliar el dominio público marítimo terrestre por un episodio extraordinario de oleaje”, al entender que ese supuesto no puede convertirse en una vía automática de ampliación del dominio público.
El recurso contra la ley autonómica de Costas
García Manzana ha vinculado este debate a la situación abierta tras el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Gobierno contra la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, en relación con la creación de los núcleos de valor etnológico que contempla la norma. Ha mostrado su preocupación por la impugnación de esta figura y ha defendido que “permite salvaguardar a las personas que residen en enclaves con un patrimonio singular que merece protección específica”.
Además, ha insistido en que quedan actuaciones de regeneración litoral pendientes cuya ejecución ayudaría, según ha señalado, a evitar nuevos deslindes que ponen en riesgo a estos núcleos costeros. El director general ha añadido que la Generalitat mantiene su voluntad de entendimiento y que, desde la convocatoria de la comisión bilateral, se han alcanzado acuerdos en cerca de una treintena de artículos.
Qué pide la Generalitat en sus alegaciones
En el documento remitido al Ministerio, la Generalitat solicita que el futuro reglamento refuerce la seguridad jurídica en los deslindes y evite que un único episodio extraordinario conlleve la ampliación automática del dominio público marítimo-terrestre, manteniendo la posibilidad de revisión “hacia el mar”.
También plantea la necesidad de incorporar una gestión integral de sedimentos en las cuencas hidrográficas como parte de una política coherente de protección del litoral, de modo que se aborde el problema desde una perspectiva más amplia.
En el ámbito de las concesiones, la Generalitat propone una regulación objetiva y diferenciada mediante criterios tasados y una definición técnica precisa del concepto de ‘riesgo cierto’. Defiende la compatibilidad de usos económicos sostenibles, la adaptación de superficies y distancias conforme a la planificación territorial y el reconocimiento de las concesiones compensatorias como verdaderos derechos indemnizatorios. Además, pide mantener el silencio administrativo positivo en las adscripciones a las comunidades autónomas.
La Generalitat solicita igualmente que el reglamento reconozca de forma expresa la singularidad de los núcleos urbanos tradicionales de valor etnológico y cultural del litoral, garantizando su conservación y mantenimiento dentro del dominio público marítimo-terrestre.
Asimismo, aboga por preservar las garantías relativas a los paseos marítimos y al planeamiento urbanístico, con el reconocimiento como línea de ribera de los paseos construidos tras la Ley de 1988 y el mantenimiento de la capacidad del planeamiento para autorizar usos compatibles en edificios ya existentes.
Por último, reclama reforzar la cooperación institucional con mecanismos reales de debate y consenso, asegurando la participación efectiva de las comunidades autónomas en comisiones bilaterales y sectoriales y la incorporación de sus informes y posicionamientos. Todo ello con el objetivo de compatibilizar la protección del litoral con el desarrollo económico sostenible, reforzando la seguridad jurídica, la transparencia administrativa y el equilibrio entre el interés público y los derechos de los ocupantes.
