Alicante ha aprobado el Plan Económico y Financiero, requerido al haber incumplido el techo de gasto en 2024 impuesto por las reglas fiscales de los municipios. Esto se hizo con los 17 votos a favor de PP y Vox. Lo ha hecho en un pleno extraordinario, un día antes de que se celebre el mensual. Una sesión plagada de alusiones por parte de estos partidos a la falta de acuerdo presupuestario del Ejecutivo de Sánchez y el ‘Caso Koldo.
La sesión se ha iniciado dando cuenta de la dimisión de Antonio Gallego como concejal de Economía y Hacienda. Esto era condición imprescindible tanto por Vox para negociar acuerdos como había reclamado el arco de izquierda.
La nueva edil en el cargo, Nayma Beldjilali, ha defendido que el Plan Económico Financiero permitirá mantener el ritmo inversor. Además, cumplirá con compromisos políticos como es la bajada del puesto de bienes inmuebles. También garantizará la ejecución de proyectos fundamentales para los alicantinos.
Cumplir la regla de gasto
Beldjilali ha señalado que «la mayoría de los ayuntamientos» debe aprobar este plan por las «necesidades» de Pedro Sánchez. Esto es para obtener una estabilidad presupuestaria que no tiene «al no haber sido capaz de aprobar los presupuestos generales del Estado ni cuadrar sus cuentas debido a todas sus hipotecas con sus socios independentistas y con esa izquierda radical».
El Ayuntamiento dispone de 155 millones en Tesorería, ha indicado, pero «el gobierno de Sánchez no nos deja gastar en beneficio de los alicantinos. Todo ello para que el gobierno de Sánchez, Koldo, Santos Cerdán cuadre sus maltrechas cuentas e intente tapar su pésima gestión», ha añadido.
Ha insistido que no se trata de un plan de ajuste ya que las cuentas del Ayuntamiento están saneadas. Ha detallado que el plan parte de una previsión de liquidación del ejercicio 2025 que se estima en 85.732.466,32 euros. Hay un límite de deuda pública financiera consolidada que alcanza los 52.989.298,78 euros.
Estas cifras suponen un 14,99% de los ingresos corrientes liquidados estimados. «Con estos datos estimativos de la liquidación del ejercicio 2025, la regla de gasto se cumpliría con un margen de 32.370.990,86 euros sobre el límite calculado. Esta cifra se basa en el gasto computable resultante de la liquidación del ejercicio 2024».
Para cumplir esta regla de gasto, ha enumerado las acciones previstas para los próximos dos años. Entre ellos, el aumento de recaudación por la normativa europea que obliga a la ciudadanía a asumir las tasas de recogida y reciclado de residuos. Esto supone un incremento para las arcas locales. También la limitación del uso de remanentes de tesorería para gastos generales, destinándolos exclusivamente a la amortización de deuda financiera. La disminución recaudatoria del IBI será compensado con reducciones en el gasto previsto por idéntica cuantía, ha precisado.
Junto a lo anterior, el equipo de gobierno prevé realizar una amortización anticipada de la deuda financiera por importe superior al legalmente exigido. Esto tiene como objetivo disminuir la carga financiera del presupuesto 2026.
Barceló: Acuerdos ideológicos que fragmentan y polarizan
La portavoz socialista Ana Barceló, ha reprochado al alcalde que no haya aceptado su oferta de abstener el voto a cambio de non pactar con Vox. «Ha cruzado una línea peligrosa. Ha condicionado las cuentas a acuerdos ideológicos que fragmentan y polarizan», ha espetado. Según ella, está pagando un precio muy alto.
La edil ha exigido saber en qué partidas se aplicarán 1,1 millones de euros por la rebaja del IBI. Y ha advertido sobre posibles consecuencias del punto sexto del acuerdo con la ultraderecha: «Elaborar y aprobar el Reglamento de Subvenciones, tal y como requiere el Interventor, por el que se establezcan los criterios para optar y conceder las subvenciones municipales, en base a los principios de transparencia, eficiencia y control de dichos fondos públicos. En tanto entra en vigor dicho Reglamento, ambas formaciones compartirán la información relativa a las subvenciones que se tramiten y concedan».
Sostiene que la temporalidad del periodo hasta que entre en vigor el reglamento de subvenciones es «una renuncia del Equipo de Gobierno a gestionar con neutralidad técnica los fondos públicos». Además, lo considera «una advertencia a quienes sostienen el tejido asociativo social, cultural y vecinal de Alicante. O estáis en el mapa ideológico de esta coalición o quedaréis fuera».
Rechazada la enmienda de EU-Podem a la totalidad del PEF
El concejal de Esquerra Unida-Podem ha reprochado que, pese a la dimisión de Antonio Gallego, «ustedes están hoy aquí el mismo plan que diseñó». Y ha presentado una enmienda a la totalidad basada en cuatro principios: «la defensa del interés general, los servicios públicos de calidad, la justicia fiscal y la transparencia». Esta ha sido rechazada con los votos de PP y Vox y la abstención del PSPV-PSOE.
Tanto esta formación como Compromís han afeado también el pacto para la rebaja del IBI. Consideran que es un acuerdo para el apoyo presupuestario de Vox en la legislatura. Según manifiestan, «beneficia a los grandes tenedores» inmobiliarios.
Vox carga las tintas contra el Gobierno por el ‘caso Koldo’
Mario Ortolá, por su parte, ha manifestado al inicio de su intervención que «la prioridad para Vox es cumplir con la ejecución de nuestro programa electoral». Hasta las últimas consecuencias, trabajamos, negociamos y hacemos cumplir lo pactado. Unas palabras que ha aprovechado posteriormente la edil socialista Barceló para reprochar una «dependencia» de la política local a la hoja de ruta de la extrema derecha.
Ha agradecido al Equipo de Gobierno «la rectificación» al romper el acuerdo presupuestario por la previsión inicial de subir todas las tasas, incluidas las de Bienes e Inmuebles. Esto está de acuerdo con la recomendación de Intervención para el Plan Económico Financiero. Y ha valorado sus líneas de programas arremetiendo contra el Gobierno de Pedro Sánchez al que en varias ocasiones se ha referido con expresiones como «gobierno corrupto y plagado de puteros».
