El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha celebrado en este “super viernes” la incorporación de la Generalitat a la comisión mixta institucional del Centro de Congresos de Alicante, que entra a participar como miembro de pleno derecho en su financiación, promoción y gestión futura, tal y como ha señalado el presidente del Consell, Carlos Mazón, al salir de la reunión en la que también han participado el presidente de la Diputación, Antonio Pérez, y de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez.
Un «super viernes», tal y como lo ha calificado Barcala que ha estado marcada además por el hecho histórico de la firma del acta para el inicio de las obras de la Estación Central del TRAM y en el que también se ha hecho oficial la recuperación del Centro de Coordinación de Emergencias (CICU) en Alicante “tres actuaciones que demuestran el compromiso de Carlos Mazón y el Consell con la ciudad de Alicante”, ha subrayado el alcalde.
Barcala se ha referido también a la incorporación de los técnicos tanto de la Generalitat como del Puerto a los grupos de trabajo encargados de impulsar el proyecto de construcción del Centro de Congresos en la dársena interior del Puerto de Alicante, que permitirán avanzar en la materialización de este edificio “histórico” que ha de marcar un hito no solo arquitectónico alegórico al pasado de la historia de la ciudad, sino que ha de convertirte en una referencia internacional para la ciudad de Alicante.
La incorporación de la Generalitat representa el primer paso en el cumplimiento del compromiso, expresado por Carlos Mazón, de implicarse en el desarrollo, financiación, promoción y gestión del nuevo centro congresual alicantino.
El proyecto centro de congresos de Alicante se redactará a partir del diseño ganador en el concurso obra de los gabinetes de arquitectura compuesto por Frade Arquitectos, Luca Poian Forms Limited y Prointec, que rememora el antiguo baluarte situado en esta zona de la ciudad. Al mismo tiempo, también se avanza en la modificación del Plan Especial del Puerto necesaria para el desarrollo del edificio en los muelles 7 y 9.
“Con esta reunión seguimos avanzando para que este emblemático proyecto sea cuanto antes una realidad. El compromiso de la Diputación y del Ayuntamiento de Alicante es firme desde el primer día y así va a seguir siendo para que, más pronto que tarde, la ciudad cuente con esta infraestructura que va a suponer un hito arquitectónico y un revulsivo para el turismo congresual”, ha destacado Toni Pérez al término del encuentro.
Respecto a la situación en la que se encuentra el proyecto, durante la reunión se ha informado de que una vez resuelto el único recurso que se interpuso contra el anteproyecto ganador del concurso internacional y despejada la vía de la reclamación, la propuesta de la UTE presentada bajo el lema ‘San Carlos’ ya ha sido remitida por la Diputación tanto al consistorio alicantino para que la tome en consideración como a la Autoridad Portuaria para que proceda a la modificación del Plan Especial del Puerto.
Asimismo, la Diputación celebrará el próximo 18 de noviembre un acto público de entrega de premios a los ganadores del concurso, en el que el estudio ganador presentará los detalles de su propuesta. Además, se celebrará una exposición con este anteproyecto y con el resto de las propuestas presentadas al certamen internacional.
Por otra parte, para continuar con la Fase I recogida en el Protocolo que Diputación y Ayuntamiento firmaron en su día, se va a proceder a redactar una memoria económica-financiera del proyecto con los costes asociados al mismo, como son los de la concesión demanial portuaria, la ejecución material de la urbanización y del Centro de Congresos o los de gestión y explotación.
Además, se debe realizar un estudio para crear el órgano de gestión conjunta, de carácter público o público-privado según las entidades que se sumen, para impulsar el proyecto y determinar la gestión y explotación anual del Centro de Congresos.
Una vez desarrollas esas acciones y en una Fase II se procederá a la firma del convenio de colaboración interadministrativa que recoja los compromisos jurídicos y financieros concretos de las administraciones firmantes.
