El president de la Generalitat, Ximo Puig, informó en la tarde de este lunes 10 de octubre que destinará 207 millones de euros para paliar el recorte de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado proyectados para 2023 en la provincia de Alicante. Un recorte del 12,3% y que concatena otros dos años de recortes, que ha abierto ampollas en la política y el tejido empresarial. Este fondo procederá de un convenio con el Gobierno de España para infraestructuras.
«Son recursos del Estado que ordena, jerarquiza la Generalitat y en ese sentido, por supuesto, lo que queremos es producir un reequilibrio desde los propios presupuestos del Estado y en este caso con el Convenio de la Generalitat con el Estado». El jefe del Consell ha explicado que desde que conocieron el proyecto de presupuestario han mantenido conversaciones con los ministerios afectados y con el Ministerio de Hacienda para «reequilibrar» el presupuesto.
Puig se ha referido a las reacciones que han ocasionado el anuncio del proyecto de Ley de Presupuestos y su posicionamiento al respecto. «Los gobiernos lo que tenemos que intentar es buscar soluciones y no estar en el espacio del conflicto. Por eso yo desde luego respeto profundamente lo que la sociedad civil hace y decide. En ese sentido creo que ellos tienen que ser protagonistas de esta cuestión». «Alicante tiene que recibir las inversiones que corresponden. Aunque hay que tener en cuenta que este es un presupuesto que va mucho más allá de las inversiones pero en cualquier caso, ya digo, creo que hay una base de reivindicación justa».
La declaraciones del president Puig han llegado desde Bruselas, donde ha viajado para reunirse con grandes firmas fabricantes de baterías eléctricas. Horas después de que la patronal anunciara un plan de movilizaciones públicas que contempla una concentración ante Subdelegación del Gobierno en Alicante, una rueda de prensa reivindicativa en Madrid y reuniones con dirigentes del Gobierno. Este movimiento encabezado por la Confederación Empresarial Valenciana, Cámara de Comercio de Alicante e INECA ha sido presentado a una treintena de asociaciones empresariales y grandes sociedades de la Comunitat. Las tres entidades han firmado un manifiesto que publicarán en internet para captar adhesiones. Han pedido el apoyo de la sociedad civil para hacer un frente común de reclamación al Ejecutivo Central.
