Los partidos de izquierda en el Ayuntamiento de Alicante han intentado impulsar una declaración institucional conjunta para pedir la dimisión del alcalde, Luis Barcala, una iniciativa que finalmente no ha salido adelante por el voto en contra de Vox.
En el debate, losde Abascal, a través de su portavoz, Carmen Robledillo, han justificado su rechazo a sumarse a la declaración institucional, aunque ha remarcado que mantiene su posición sobre la necesidad de que el alcalde abandone el cargo. “Seguimos manteniendo la petición de dimisión”, ha afirmado obledillo, antes de añadir que su grupo “no” va a participar “en el teatro político de la izquierda”. Vox ha defendido, asimismo, que “La responsabilidad política es evidente y cuando la confianza pública se ve gravemente dañada, alguien tiene que asumirla». Pero ha insistido en que su voto no puede servir como “propaganda”. “¿Tiene que dimitir el alcalde? Sí”, ha zanjado, al tiempo que ha reiterado su apuesta por una comisión de investigación.
Barceló (PSPV-PSOE) sube un peldaño al hablar de «amaño»
La declaración institucional conjunta de los tres grupos de la izquierda- PSOE, Compromís y EU-Podem- ha sido defendida la portavoz socialista, Ana Barceló, que ha puesto el foco en el procedimiento y en la elección de la cooperativa, con dudas sobre los tiempos y el grado de control político. “Si lo sabía usted, usted debería de marcharse ya y si no lo sabía por no haber controlado este ayuntamiento, usted debería marcharse ya”, ha afirmado. Barceló ha sostenido que el Ayuntamiento “licitó el suelo público, redactó los pliegos, fijó los requisitos que deberían de garantizar el fin social y no controló», y ha cuestionado que la publicación en la plataforma estatal sea, por sí sola, una garantía, en alusiones al ejecutivo local: “No, señor, eso es cumplir con los requisitos que marca la ley”.
En su intervención, la portavoz socialista ha apuntado a cambios en las condiciones exigidas para la adjudicación del suelo y ha asegurado que se rebajó la solvencia requerida. “¿Ustedes saben que este ayuntamiento rebajó los requisitos de la solvencia económica y financiera y técnica de la cooperativa?”, ha indicado, añadiendo que están “seguros de que si no lo hubiera rebajado esta cooperativa no hubiera sido la adjudicataria». Al respecto, ha añadido que “ni siquiera presentó el seguro de 5 millones de euros que le exigía el propio pliego de condiciones”.
Barceló ha rematado su petición con una advertencia directa sobre el fondo del proceso. “La duda que nos queda es si se amañó el concurso”, ha afirmado, para añadir a continuación: “Pero eso se lo dejo al juzgado”, y concluir: “Por tanto, señor Barcala, dimita”.
De España (PP) acusa a la izquierda de «intentar engañar a la ciudadanía»
A la acusación y las dudas planteadas por la izquierda ha respondido la concejala Mari Carmen de España, en nombre del equipo de gobierno, defendiendo la actuación municipal desde que apareció el primer aviso. Según ha expuesto, “el 27 de enero llega el primer informe que alerta de posibles irregularidades” y “ese mismo día se traslada al alcalde”. De España ha añadido que “al día siguiente” se ordenó “abrir un expediente de averiguación de hechos” y ha subrayado que se hizo “antes de que se publicara nada, antes de cualquier presión política o mediática”.
En ese mismo relato, la edil ha enumerado actuaciones posteriores, entre ellas la “apertura de expedientes informativos”, la “denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial”, la convocatoria de un “pleno monográfico”, la “creación de una comisión no permanente”, la “revisión vivienda por vivienda” y el “compromiso de ejercer acciones de nulidad, tanteo y retracto para evitar cualquier fraude”. “Eso no es esconderse. Eso es dar la cara”, ha concluido.
De España ha acusado a la izquierda de usar Les Naus como «arma electoral» y de tratar de «engañar a la ciudadanía». «Saben que el alcalde no intervino en la selección y en la adjudicación de viviendas y lo que no quieren aceptar es que fue su gobierno, el tripartito, quien montó todo el expediente». Así, recalca que «lo único que hicimos cuando entramos a mediados del 18 fue dar continuidad a su expediente».
Compromís apunta a “cuándo se sabía” en el Ayuntamiento
Compromís, con su portavoz Rafa Mas también ha mostrado un tono duro para pedir la dimisión del primer edil y ha cuestionado desde cuándo el Ayuntamiento tenía conocimiento de posibles irregularidades en las adjudicaciones. «¿Qué sabía usted y la señora Beldjilali?», ha cuestionado
“¿Por qué el día 14 cuando le llega un informe a la señora Beldjilali no actuó? y nuevamente apunta al alcalde al reitrear que contó con información «hace meses y no actuó». También ha criticado el anunciio público previo a la inspección de la policía local en los inmuebles, así como la comprobaciónn de los consumos de agua de los residentes. “¿Qué alcalde responsable democrático avisa en medios de comunicación que va a enviar tres días antes a la policía local? (…) seguimos esperando a que usted hable con Aguas de Alicante para ver el consumo de agua, para ver quién vivía ahí o quién no».
Ya en el primer punto de calado del pleno sobre la inadmisión de alegaciones al presupuesto general, el portavoz de Compromís ha arremetido también contra la concejala de Economía y Hacienda, Patrimonio y Cultura porque no acudiera de forma inmediata a órganos judiciales en cuanto tuvo conocimiento de los hechos. En ese momento, el propio alcalde pedía que constaran en acta sus palabras. Unas palabras que ha vuelto a repetir al argumentar su petición de dimisión del alcalde.
“Esto es obsceno”, ha proferido, señalando que se ha producido “bajo su mandato, bajo su Concejalía de Urbanismo, bajo su Concejalía de Patrimonio”, antes de añadir que el alcalde “ya me puede usted amenazar y amedrentar diciéndome que va a llevar a los juzgados”, volviendo a insistir en la misma pregunta: ¿qué sabía usted y la señora Beldjilali?
En la misma sesión, el alcalde también se ha dirigido a la concejala socialista Silvia Castells cuando esta ha preguntado por la paralización de la venta de la parcela en la calle Ceuta, en San Blas, para evitar que “acaben en manos del cártel de la vivienda del Partido Popular en Alicante”. El primer edil ha manifestado que “los excesos -en las intervenciones- pueden tener consecuencias” y ha solicitado, además, que conste en acta la palabra “cártel”.
En su intervención, Mas también ha pedido el cese de la jefa de servicio de Contratación María Pérez-Hickman, además de cuestionar su papel en la toma de decisiones sobre contratos.
En la misma línea que el grupo socialista, el portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha sostenido que la exigencia de dimisión se mantiene con independencia de si el alcalde tenía conocimiento previo o no. “tanto si lo sabía como si no lo sabía, usted era el mayor responsable político. Hay que devolver la dignidad a esta ciudad, hay que devolver la dignidad a este ayuntamiento.” Y ha añadido: “y eso pasa por su dimisión, quiera usted o no quiera.”.
