El portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante, Mario Ortolá, insta al equipo de gobierno municipal “a poner en marcha las actuaciones administrativas tendentes a realizar las modificaciones de crédito relativas tanto a la financiación de las inversiones en ejecución así como, principalmente, al pago de las subvenciones nominativas pendientes”.
El grupo municipal se compromete a “respaldar dichas aprobaciones con la única condición de que no aborde ninguna actuación relativa a la imposición de los aspectos de la Zona de Bajas Emisiones dirigidas a la imposición de multas a los alicantinos”.
El presupuesto municipal del consistorio alicantino se encuentra prorrogado, es decir, se sigue trabajando con el presupuesto del ejercicio 2022 por lo que, en principio, decaerían las subvenciones nominativas previstas para 2023. Este hecho viene causado “por la demora del bipartito en finalizar el proyecto de presupuestos y por la negativa de los grupos de la oposición a aprobarlo”, indican.
En el caso de Vox, este rechazo viene determinado por la implantación de la Zona de Bajas Emisiones diseñada por Partido Popular y Ciudadanos que, según la formación de Santiago Abascal, “dividirá la ciudad entre los que pueden comprarse un coche eléctrico de 40.000 euros y los que tengan que llevar a sus hijos al colegio o a los ancianos o personas con discapacidad al médico en patinete por no disponer de dinero suficiente.
Además, desde el grupo sostienen que “como se está viendo en otras ciudades, es una ruina para el pequeño comercio y la hostelería de los 22 barrios afectados por la ZBE de Barcala -y que apoya la izquierda- ya que deja fuera a los grandes centros comerciales. Es un abuso de poder por parte del Ayuntamiento”.
Desde VOX afirman que “nuestro objetivo es oponernos a la Zona de Bajas Emisiones por ser algo muy negativo para los alicantinos pero el equipo de gobierno no puede usar de “rehenes” a las entidades que realizan una función social extraordinaria”. No hay excusa para no promover el pago de la subvenciones nominativas ya que, con el presupuesto prorrogado y al amparo del artículo 22.2.c) se pueden abonar perfectamente y sin ningún tipo de problema a través de una modificación de crédito.
“Hasta las propias Bases de Ejecución del Presupuesto, en su página 65, así lo prevén. Es incomprensible que no estén ya encima de la mesa estos procedimientos para asegurarnos que, por ejemplo, Cruz Roja, APSA o ASPALI entre otras muchas que atienden a personas con necesidades urgentes e, incluso, las federaciones festeras que siguen esperando el dinero para organizar los eventos que atraen a decenas de miles de alicantinos y visitantes. Si Partido Popular y Ciudadanos quieren, pueden y deben hacerlo con total urgencia y, como ya se lo he transmitido en reiteradas ocasiones, cuentan con el apoyo de los dos concejales de VOX”, afirma Ortolá.
